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Por el bloqueo de camiones a las empresas del sector en el Paso de San Francisco



La Provincia se constituyó en querellante particular y de esta manera intervendrá judicialmente en la causa que se sigue por los cortes antimineros en Tinogasta. Así lo confirmó ayer el fiscal de Estado, Marcos Denett, quien indicó que se tomó tal decisión por mandato de la gobernadora Lucía Corpacci y tras analizar aspectos técnicos que fundamentan la intervención del Estado provincial. La medida se concretó a poco de que empresas transportistas chilenas anunciaran que ya no utilizarán el Paso de San Francisco, por la imposibilidad de garantizar que los productos que transportan lleguen a destino.
Denett indicó que la Provincia llevará adelante la querella con el fin de “colaborar activamente con las fiscalías judiciales a los fines de que estos delitos no vuelvan a ocurrir en Catamarca”. Los mismos tienen que ver con “impedimento al tránsito terrestre, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad”.
La permanencia de los cortes en la zona de Tinogasta por parte de grupos antimineros ha producido cruces entre las autoridades de la provincia y los funcionarios de la Justicia respecto de la responsabilidad de cada poder en el tema. En relación a las expresiones provenientes de la Justicia, el fiscal de Estado dijo que algunas de éstas “fueron desafortunadas”.
Insistió que por los cortes se han visto afectados los bienes jurídicos tanto de ciudadanos provinciales como nacionales e insistió que se pretende no sólo colaborar con el Poder Judicial para dilucidar las responsabilidades de quienes cometieron esos delitos, sino fundamentalmente evitar que estos delitos provoquen a futuro consecuencias ulteriores. En este sentido, mencionó que uno de los objetivos que plantea la legislación procesal penal en su artículo 301, es que el delito no produzca consecuencias ulteriores y que en este caso, “las consecuencias han ido agravándose” desde el mes de enero en que dieron inicio los cortes.
El fiscal de Estado remarcó que los cortes producen el “entorpecimiento al tránsito terrestre tanto de personas como de bienes con las consecuencias negativas que significan para la provincia de que empiece a correr al rumor de que el paso no es seguro para el tránsito comercial”.
“Queremos enviar un claro mensaje a la comunidad provincial, nacional e internacional, de que la seguridad jurídica está garantizada”, afirmó el funcionario.
“Somos una provincia minera y debemos desarrollar la minería en orden, en paz, con seguridad para todos, desde el punto de vista ambiental, de los bienes, de las personas”, aseguró Denett.
En este marco, el funcionario recordó que el tema ambiental “ocupa” a la actual gestión, pero enfatizó en “la postura intransigente de estos grupos y el tamaño daño que están produciendo a los bienes de la provincia y de los ciudadanos catamarqueños” por la permanencia de los piquetes en las rutas.