MALDITOS
Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de febrero de 2.012.-
A los Señores/as Ministros/as de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
República Argentina.
S / D:
De nuestra mayor consideración:
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Nora de Cortiñas, Mirta Baravalle
y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Luis Zamora; Maristella
Svampa; Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalista; Jonatan Emanuel Baldiviezo, integrante del Colectivo por la Igualdad;
Lucia Avila, integrante de la Asamblea de La Rioja; María Lilia Delgado, Cacica de la
Comunidad India Colalao del Valle Choromoro (Tucumán); Jorge Ramos, María Cecilia
Domínguez, Sergio Rojas y Alejandro De Las Cuevas, integrantes de la Asamblea El
Algarrobo (Andalgalá Catamarca); Mariano Cervantes, integrante de la Asamblea El
Chañar (Belén, Catamarca); y Emiliano Coradino, integrante del Movimiento de
Profesionales para los Pueblos, constituyendo domicilio en la calle Lavalle 1388 Casillero
1262 de esta Ciudad, nos dirigimos a ustedes, con el fin de transmitirles nuestra gran
preocupación por la creciente implementación de políticas de represión de la protesta
social en diversas provincias del territorio nacional, y a requerirles una serie de medidas
que se encuentran dentro del ámbito de las competencias extrajudiciales de esta Corte
Suprema, en función de las argumentaciones que seguidamente se expondrán.
En nuestro país en los últimos años se han incrementado las manifestaciones
públicas y las protestas sociales centradas en ocupar el espacio público por parte de
sectores que padecen las políticas de expulsión tanto urbanas como rurales, de pueblos
enteros que defienden modelos alternativos de desarrollo locales. La gran mayoría de las
expresiones populares están marcadas y cruzadas por la defensa del territorio, por el
acceso al uso de la tierra, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, buscan abrir
instancias de discusión, de debate, de participación, donde sus voluntades y voces tengan
la relevancia para determinar políticas de modelos alternativos al desarrollo que
actualmente las afectan y lesionan derechos humanos y constitucionales.
Frente a la exigencia de que se profundice la democracia y de que los derechos
reconocidos sean respetados y garantizados con todo su vigor, la respuesta estatal y de las
fuerzas de seguridad no ha sido acorde a lo que marca la Constitución. Las protestas y
manifestaciones públicas, en vez de considerarlas tensiones sociales y culturales que deben
ser resueltas democráticamente, a través de mecanismos participativos específicos, han
sido estigmatizadas como actividades delictuales cuya solución la brinda la persecución
estatal y, en consecuencia, fueron intensamente reprimidas. En este contexto, las fuerzas
de seguridad cometen cotidianamente detenciones y allanamientos arbitrarios y selectivos
-muchos de ellos amparados en leyes contravencionales- contra los manifestantes adultos
y niños/as, se han descubierto actividades de inteligencia contra el pueblo, durante las
represiones han muerto luchadores sociales cuyos autores no han sido alcanzados por la
justicia, no se comunican adecuadamente las órdenes de desalojos o de detención, las
resoluciones judiciales son confusas y no se realiza la difusión pública adecuada, entre
otras tantas ilegalidades propias de las consecuencias del uso de la violencia para impedir
diferentes manifestaciones del cuerpo social.
Esta situación puede ejemplificarse claramente a través de casos
emblemáticos:
· La represión en Andalgalá (Catamarca) en febrero de 2010. Sectores
mayoritarios del pueblo manifestaron su oposición a la explotación Agua
Rica en defensa del derecho a que no se destruya su hábitat y condiciones
de vida. La salvaje e incontrolada represión tuvo como secuela más de
cincuenta personas detenidas, varios hospitalizados;
· La represión a la comunidad Qom "La Primavera", en Formosa, cuando
reclamaban en las rutas sus tierras ancestrales y mejores condiciones de vida
en noviembre de 2010, que tuvo como consecuencia el asesinato de dos
personas y la realización de una acampe en la Av. 9 de Julio en Buenos Aires
durante 5 meses;
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