Cientos de miles de pobladores de toda la cordillera resisten como lo han hecho todas las poblaciones a lo largo de la historia. Todavía hay gente que vive en otras zonas del país que no entiende la lucha cordillerana: estos pueblos no quieren la minería. No la quieren. No. No la quieren por muchos y sólidos motivos, científicos y no científicos. Quizá sea difícil de entender para quienes no viven allí. ¿Por qué defender a ultranza una modernidad perimida, que llega a destiempo, con ínfulas de progreso y desarrollo que nadie cree ni puede sostener? Al menos sin cobrar grandes sueldos y beneficios o bien mantener posturas sesgadas o visiones puramente economicistas. ¿Por qué menospreciar la inmensa cultura y saberes de pueblos ancestrales, habitados por argentinos iguales en derechos y status que los que viven arremolinados en el Obelisco? Gioja, el gobernador prominero de San Juan, lo dijo muy claro hace unos días, cuando (al tiempo que nos tildaba de “nazis”) expresaba su propio pensamiento: “Los ambientalistas no quieren que los negritos de los ranchos tengan progreso”.
La represión de Tinogasta, brutal, desmedida, obliga a parar la mano. Las fuerzas especiales de la policía custodiando camiones con veneno y explosivos, disparando –literalmente– contra pobladores pacíficos entre los que hay cientos de mujeres y niños, soltando los perros furiosos contra la gente que estaba sentada en la ruta para impedir el paso de camiones (un perro mordió a una mujer y casi le arranca un pecho) es el fracaso total de la política. Los pobladores de Tinogasta, de Belén, de Andalgalá, de Famatina, de Chilecito, de Jáchal, de Amaicha, de Tilcara, de Tupungato, de Esquel y de cientos de pueblos donde viven argentinos que trabajan y que aman a su patria como los que viven a la orilla del mar, no son invasores, ni fundamentalistas, ni subversivos, ni terroristas, ni siquiera ambientalistas. Se defienden, no de las empresas transnacionales que vienen a arrasar territorios enteros, sino de quienes les abren las puertas. Las empresas no atacan a la gente, para eso tienen a los gobiernos provinciales y sus “fuerzas especiales”. Los gobiernos firman contratos con empresas extranjeras a espaldas de la gente donde “garantizan” la licencia social que no tienen. Las empresas establecen en sus manuales administrativos internos cómo se hará el reparto de “fondos sin recibo”; como en el caso de la empresa Osisko, en La Rioja. Ni siquiera ganando las elecciones, en democracias impuras, enfermas de clientelismo. La gente no es tonta, usa el clientelismo, pero no otorga la licencia social para morir de a poco. La licencia social es el límite. Lo saben muy bien, la minería –de hoy y la de antes también– se trata de una entrega. Una entrega a cambio de nada o, peor aún, a cambio de perder lo más preciado que tenemos los argentinos: el agua, los glaciares “esos tanques de agua”, es cambiar de estilo de vida, es rifar su cultura, aniquilar su identidad.
A quienes viven lejos de esta problemática les preguntamos: ¿Para qué extraer oro? ¿Para que volar cerros enteros? Literalmente, no es una metáfora.
La presidenta Cristina Fernández dijo ayer que “¿quién va a ir a trabajar a una mina sabiendo que se contamina?” Podríamos preguntarle: ¿Por qué cree ella que familias enteras se arrojan al paso de enormes camiones cargados de explosivos? ¿Por qué cree que los políticos llegan al poder con un discurso que toma las demandas y temores del pueblo y rápidamente –como en el caso de Beder Herrera– se ponen la camiseta del colonizador? Es hora de escuchar al pueblo y parar esta ola represiva que nos retrotrae a épocas tristes de nuestra historia, que no son pocas.
* Lic. en Comunicación Social. Cineasta. Director del documental Cielo Abierto.

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