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Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS

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Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital
El incendio ocurrido en la noche de ayer (15), en el presidio de Comayagua (Honduras), que mató colectivamente a más de 350 detenidos e hirió a otros 60, despertó la solidaridad de organizaciones de dentro y fuera del país. Además de pedir que el Gobierno de Porfirio Lobo investigue las causas del incidente y ampare a las familias con informaciones, solicitaron que se garantice a los presos integridad y dignidad.
En un comunicado urgente, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – Copinh condenó la represión contra las cientos de familias que esperan saber la situación de sus parientes. Según el Copinh, las familias fueron recibidas con bombas de gases lacrimógenos y balas de goma al acercarse al presidio de seguridad máxima para conocer el paradero de los suyos.
La iglesia católica de la Diócesis también se manifestó y pidió que todos se unan en un esfuerzo común para aliviar las necesidades más urgentes de las familias y de los sobrevivientes de la "peor tragedia en la historia de los centros penales de nuestro país”.
En un documento firmado por Monseñor Roberto Camilleri, Obispo de la Diócesis de Comayagua, se recuerda y critica la situación inhumana y de inseguridad a que están sometidos los presidiarios hondureños, sobre todo los que están detenidos en el Centro Penal de Comayagua, prisión de máxima seguridad con capacidad para 250 personas, pero que era ocupada por 852 presos.
Monseñor Roberto Camilleri hizo además un llamamiento a las organizaciones hondureñas para que reivindiquen a las autoridades del Estado la garantía de tratamientos dignos y respeto a la integridad de los prisioneros para que no se repita una nueva tragedia.
Según informaciones de Amnistía Internacional (AI), la situación en el presidio de Comayagua es crítica y todavía hay personas heridas y cuerpos carbonizados en el lugar.
Esther Major, investigadora de América Central de Amnistía convocó al gobierno a dar una respuesta. "Es esencial que los sobrevivientes del incendio y los familiares de los fallecidos sepan la verdad de lo ocurrido y los sucesos que desembocaron en esta terrible pérdida de vidas”, apeló.
Conciente de lo ocurrido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó lamentando las muertes y solidarizándose con las familias de los fallecidos y heridos. La CIDH pide que el Estado tome de inmediato las medidas necesarias para realizar la identificación de los fallecidos en la tragedia y que divulgue una lista con los nombres. Además, recuerda que las familias de los heridos también necesitan ser informadas sobre la condición de salud de sus parientes y sobre la transferencia hacia hospitales u otros centros penales.
Miembros de la Comisión ya solicitaron permiso para ir urgentemente al país y van a visitarlo en los próximos días a fin de realizar el seguimiento de la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En el próximo período de sesiones, que va del 19 al 30 de marzo, el caso va a ser llevado a audiencia.
Organizaciones, iglesia y defensores de derechos humanos están, con una sola voz, clamando al Gobierno para que investigue el caso, castigue a los responsables y evite que los centros penales de Honduras sean nuevamente escenario de tragedias.
El incendio en Comayagua no es el primero que ha ocurrido en prisiones de Honduras. En 2004, el fuego tomó la cárcel de San Pedro Sula y mató a más de 100 personas. Ocho años después, más detenidos murieron en las mismas condiciones por no lograr escapar de las celdas.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

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