PRENSARED - Cordoba
4 agosto, 2012 

Miguel Martínez, afirmó que hay suficiente prueba para condenar a los acusados por contaminación y adelantó que uno de los ejes centrales de su alegato será solicitar que sean considerados delitos de lesa humanidad. El denunciante, Darío Ávila, coincide con ambas cuestiones.

Dr Dario Avila                  Dr. Miguel A. Martinez

A días del inicio de los alegatos de las partes en el primer juicio por contaminación que se realiza en la Cámara 1ª del Crimen y que sentó en el banquillo al piloto Edgardo Pancello y a los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli imputados por el delito de contaminación dolosa agravada, Prensared conversó con los abogados Darío Ávila y Miguel Antonio Martínez, en el bar de Tribunales II.

Ambos letrados son denunciante y representante de la querella, respectivamente, en la causa que impulsó la lucha inquebrantable de las Madres de barrio Ituzaingó Anexo y de la que es querellante el ex secretario de Salud del gobierno municipal, Medardo Ávila Vásquez.

Martínez aseguró que los cargos que pesan sobre los imputados están demostrados, que pedirá la aplicación de una pena cuyo monto dará a conocer durante el alegato y adelantó que solicitará que los delitos de contaminación sean considerados crímenes de lesa humanidad porque reúnen los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma.
Ambos consideran que se trata de un juicio trascendental que sentará jurisprudencia.

En 2007, durante la gestión del ex intendente Daniel Giacomino, el funcionario de salud Ávila Vásquez, le confíó al abogado Darío Ávila que analice la situación del barrio.

“Desde el punto de vista legal comprobé que habían ciertas previsiones, algunas medidas legislativas que se habían producido para proteger al barrio. Tomo conocimiento de los estudios de biomarcadores realizados a los niños, la situación sanitaria del barrio y la legislativa. Y advierto que por los reclamos de las Madres existían tres ordenanzas que prohíben la fumigación aérea en todo el ejido municipal”, asegura.

Al mismo tiempo comprueba que no habían controles para hacerlas cumplir, que surgieron por la presión del momento, que a la larga serían letra muerta y que el municipio también era responsable.

“Era necesario judicializar el problema desde la Municipalidad porque la provincia, principal responsable a través de la secretaría de Agricultura, organismo de aplicación de la ley que regula la aplicación de agrotóxicos, no lo hacía”, explica.

El 1º de febrero de 2008, les avisan que en ese momento una avioneta estaba fumigando sobre el sector. De inmediato realizaron la denuncia que recayó en el juzgado de turno distrito 3, turno 6, a cargo del fiscal Carlos Mateu quien realiza la instrucción de la causa luego elevada a juicio.

El juicio iniciado en junio está en sus instancias finales. Los abogados, mano a mano con este medio, analizan el tramo final que se viene a partir de la semana próxima.

Prensared -¿En este juicio por contaminación que se está desarrollando en Córdoba existen pruebas suficientes para demostrar la comisión del delito?

Miguel Antonio Martínez (M.A.M) – En primer lugar, se llega a los estrados judiciales tras una larga lucha de las Madres, de mi representado el doctor Ávila Vásquez y del fiscal Mateu que determinó la posibilidad de un hecho delictivo.

Se realizaron allanamientos, pruebas testimoniales, documentales que estarían comprobando la existencia del delito en cada uno de los hechos. También aparecieron pruebas a medida que se van presentando los testimonios.

Durante la audiencia apareció un testigo que aportó el número de matrícula del avión fumigador que coincide con el denunciado por Sofía Gatica. Esto cierra un círculo en relación a la responsabilidad del aeroaplicador contratado por Parra y Gabrielli.

Quedó claro que hubo reuniones entre funcionarios y productores por dichos de un testigo ofrecido por la defensa. Y por otro lado, uno de los ingenieros agrónomos dijo que sin los agrotóxicos no sería posible la explotación de la soja poniendo de relieve la cuestión económica y dejando de lado la situación de la salud humana.

P- ¿Comprobados los hechos descriptos en la acusación y que usted detalla, independientemente de la existencia de las enfermedades y muertes, serán condenados?

Darío Ávila (D.A) – Seguro. Acá lo que se esta investigando es el hecho de la contaminación. No hace falta demostrar siquiera las enfermedades. Ese día, hubo un hecho de fumigación, se usaron productos peligrosos contaminantes, y se agravó la situación del barrio que ya era considerado un sitio contaminado según un informe de la Organización panamericana de la Salud.

Si se lograra demostrar que con motivo de esta fumigación se produjo la muerte de una persona, agravaría la situación de los imputados pero se trataría de otro juicio y otras penas. Podría dar lugar a la causa presentada por la Funam donde se podrían establecer responsabilidades y causas.

P- ¿De la prueba recolectada en la instrucción y durante el debate, estaría comprobado que los acusados actuaron conociendo que violaban las leyes?

M.A.M -De acuerdo a la prueba aportada, para mí, y pienso que para la fiscalía está suficientemente probado que el hecho delictivo, esto es, la contaminación y las consecuencias que existen. Entiendo que la fiscalía pedirá condena y habrá variantes. La querella pedirá pena.

Se trata de dos hechos con el agravante que quedó demostrado en el caso de los productores. La pena va de 3 a 10 años. Si les dieran el mínimo de cumplimiento efectivo deberán cumplir 8 meses. Y se agrava en tanto que fueron hechos reiterados porque en esa reunión de productores se le advierte a Parra que no fumigue más porque estaba produciendo un daño. Pienso que la condena será importante.

Ahora, es lamentable que la plata esté por encima de la salud. Esta sociedad esta formada para tener y no para ser. Fumigan incluso en los campos donde están sus familias.

D.A -Durante la instrucción se realizaron análisis de la tierra, un relevamiento fotográfico del lugar, planimetría; desde qué distancia se realizó y que los productos utilizados fueron glifosato y endosulfán.

Constan en la causa: informe meteorológico, de la Fuerza Aérea que indica que el vuelo no estaba denunciado, un informe del ministerio de Agricultura que dice que no había receta fitosanitaria. Todo ese cúmulo de faltas que si bien son situaciones administrativas sirven como elementos para demostrar el grado de temeridad de estos productores que habían incumplido con todas las exigencias contempladas en la ley de agroquímicos.

Esto refuerza la hipótesis nuestra de que todas las fumigaciones eran clandestinas y a sabiendas de lo que estaban haciendo hasta el 2008. Hubo una cuestión deliberada que priorizó lo económico por sobre el derecho a la salud, como dice el doctor Martínez.

P- ¿Qué vayan presos pondrá en alerta a los numerosos productores que siguen haciéndolo tal como lo denuncia el colectivo Paren de Fumigar?

M.A.M -El sentido que le damos a este juicio no es necesariamente que vayan presos porque la pérdida de libertad es una consecuencia. “Oiga, usted, nos está envenenando a todos”, queremos que esta condena les llegue a todos los que están actuando ilícitamente como en este caso.

Por eso, la querella pedirá como un hecho nuevo que estos delitos sean declarados de lesa humanidad. Porque nos atacan a todos y por tanto correspondería aplicar la imprescriptibilidad y la extraterritorialidad como lo establece el Estatuto de Roma.

Y esto es muy importante en este mundo dirigido por grupos económicos que son superestados que establecen la política que cada país debe seguir y le imponen por ejemplo la soja y round up (Glifosato).

P- ¿Es eso posible?

D.A. Si por supuesto. Creo que se dan todos los elementos que hacen a la figura del genocidio. Porque se trata de un atentado que se ejerce a sobre un número indeterminado de personas que en este caso son unos 12 millones de personas expuestas directamente a los agrotóxicos y que viven en campos fumigados. Además se agregan las que son afectadas indirectamente. Se atenta sobre una población civil y se está demostrando que produce daño. De manera que para mi se dan todos los elementos. Y si eso se declara se posibilitarían situaciones jurídicas interesantes como que cualquier fiscal investigue un hecho y se declare la imprescriptibilidad de los hechos.

P- ¿Antes del inicio del juicio se temía que las patronales agropecuarias obstaculizaran el inicio. Por otra parte, el modelo de sojización sin controles impera. ¿Hubo amenazas o presiones de algún sector? ¿Confían en la Cámara?

MAM. No, no hemos recibido ninguna amenaza. Para mi las consecuencias vendrán después que salga la sentencia porque me da la sensación de que ellos piensan que les irá bien y que no serán condenados. Pero, sin duda, lo técnicos y científicos han declarado que todos los elementos agrotóxicos pueden ser dañinos.

Y en cuanto a la Cámara, tengo plena confianza. Hablando en términos cordobeses diría que no le entran balas. Pienso que si tiene que condenar lo hará.

¿Qué esperan del juicio en lo personal?

D.A. Creo que este camino nos encuentra con el grupo de Madres y los vecinos para lograr en definitiva el valor Justicia. Y lo traduzco en términos técnicos: el hecho de la condena significaría demostrar que lo que vienen denunciando desde 2001 era así. Y que la descalificación por parte del gobierno provincial, de las personas que murieron por esto, de los que decían que eran una locas, y de un estado que hizo oídos sordos: después de 10 años, es hacer justicia.

M.A.M- Yo la cargo a Sofía (Gatica) cuando dijo por televisión que ellos (los imputados) tienen los mejores abogados. Por supuesto, después me aclaró que se refería a los más caros y mediáticos. ((Risas).
En mi caso hay un sentimiento de adhesión por toda esta gente que ha sido contaminada. Uno lo ve de afuera pero a medida que avanza y profundiza el problema comprende lo justo que es hacer este trabajo y sin ningún tipo de interés.

Por Katy García -Prensared
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