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16-8-2012

"Uspallata está muy movilizada y San Jorge está desaparecido, muerto. No vamos a permitir de ninguna forma que esta ley se caiga. A nosotros en la capital nos va a tocar la tarea más dura: exigirles a los jueces que respeten verdaderamente la voluntad del pueblo y salir a cortar las rutas para evitar que San Jorge traiga toda su maquinaria y comience la explotación. Uspallata es un pueblo muy pequeño y movilizado."

San Jorge, primer aniversario del traspié



El 7 de agosto, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMpAP) fijan para el día 24 (18:00) la fecha de una movilización hacia la capital de la provincia cordillerana; ésta incluye la marcha hacia el Parlamento y la concentración de grupos ambientalistas frente al Palacio de Justicia para conmemorar el primer aniversario de la caída del proyecto cuprífero San Jorge en la cámara de representantes y en defensa de la Ley 7722, promulgada el 22 de junio de 2007 y que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos mineros metalíferos.

Entrevista con Federico Blonda (20), miembro de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza.*

P: La operadora de San Jorge, Coro Mining Corp., informó que como en su versión actualizada de proyecto (véase Coro anuncia la revisión de San Jorge) el procesamiento del mineral no tendrá lugar en Uspallata, sino en una planta ubicada a 22 km, en la provincia de San Juan, no podría acusarse a la empresa de romper el primer artículo de la 7722, ya que ninguna de las sustancias químicas prohibidas se emplearían en Mendoza. ¿Sospechan que en San Juan Coro también tropezará con una inesperada resistencia por parte de la población?



R: La lucha en San Juan está siendo corrompida por el Gobierno. Va a costar demasiado que la capital o los sectores del Gran San Juan se movilicen, pero, sin duda, creemos que podemos contar con el apoyo de los pueblos aledaños a estos proyectos. Vamos a tratar de informarlos, sobre todo de lo que es la gran minería y de lo que les va a tocar: prácticamente los estarían usando de basurero.

P: Su director ejecutivo aclaró que San Jorge se localiza aproximadamente a 2600 m s. n. m. y no en los altos Andes; en consecuencia, tampoco sería alcanzado por la legislación diseñada para proteger los glaciares del país.



R: En realidad, no se ha expuesto todavía el proyecto actual. Evidentemente, quieren evitar por todos los medios posibles la plena vigencia de la 7722, y por eso se van a San Juan. Más allá de que no se estén afectando directamente los glaciares, se afectan las cuencas subterráneas. Si bien no está hecho el estudio de glaciares en la provincia de San Juan, y en la provincia de Mendoza aún no se termina, la afectación siempre se da: aunque no sea en los glaciares, será en la flora o la fauna, e inclusive en la población cercana de Uspallata. Por más pretextos que vayan a poner, se pueden generar otros impactos, y ellos ocultan esa parte.

P: Dentro de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) —una entente a la que se adhirieron las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz— solo dos de sus miembros aún conservan normas que restringen o prohíben la actividad extractiva: Mendoza y Chubut. El Gobierno de esta última impulsa un proyecto de regulación de la actividad con el fin de asegurar el aprovechamiento de los recursos mineros teniendo en cuenta su uso racional y la justa captación de la renta que genera.



R: En Mendoza, por todos los medios, están tratando de bajar la Ley 7722: hay once pedidos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema. Con respecto a Chubut, evidentemente a la ley no la van a poder bajar, porque la gente está muy concientizada y movilizada. Están tratando de implementar un modelo saqueador en una sociedad muy informada. La población de Chubut no lo va a permitir porque está muy firme en lo que piensa. Sin duda, van a tratar de explotar cerros y montañas enteras. Por más que quieran seguir el modelo nacional, Mendoza y Chubut son dos provincias que están informadas, y eso es lo que no va a permitir que el avance extractivo se generalice en las dos provincias.

P: Coro, a su vez, espera para la segunda mitad del año el fallo de la Corte mendocina sobre la constitucionalidad de la Ley 7722, que sometió a San Jorge a la aprobación del parlamento. ¿Imaginan cuál es la suerte que le espera a la ley en el curso de los días siguientes?



R: Creemos que los jueces tienen mucho miedo de que se conozcan sus caras... Ellos son elegidos por el poder político, y no por la gente. Está peleado: los tres jueces que tienen en sus manos los pedidos de inconstitucionalidad obedecen al modelo nacional que plantea el Gobierno. Por eso exigimos que sea toda la Corte la que se expida. Tenemos miedo... Uno de los jueces está muy asociado a lo que son las explotaciones mineras, y nosotros tratamos de que él se ponga a un costado de todo esto. Está bueno que la gente se informe acerca de los intereses económicos y políticos que tienen sobre la ley.

P: Entre tanto, el 6 de agosto, el Gobierno mendocino comunicó que en Potasio Río Colorado (PRC) —cuya futura producción se estima en 4,3 millones de toneladas de sal de potasio por año— se encuentran trabajando unos 3500 mendocinos y que el dinero ya invertido por Vale en la provincia supera los 1100 millones de dólares.

R: Tenemos dudas respecto a la cantidad de gente que trabaja. La prensa dice un número, el Gobierno, otro... Van cambiando a diario la cantidad: suben a 5000, bajan a 3000, y ahí se nota la gran mentira. Tal vez en la construcción sí esté trabajando esa cantidad de gente, pero luego no se sostendrá ese número. ¿Para qué se está invirtiendo?, ¿habrán hecho una ampliación sin ser aprobada? El Gobierno nacional ha obviado a la provincia de La Pampa, que también se verá impactada. Nos estamos uniendo en cinco provincias afectadas para darle pelea a este proyecto trasnacional que ya comenzó a construirse.

P: Sobre el proyecto emplazado en el extremo meridional de Mendoza, el 19 de julio la Presidenta se dirigió con estas palabras: “Es hoy creo el emprendimiento minero más grande del mundo en materia de potasio, uno de los tres nutrientes fundamentales para la agricultura, o sea, para la comida. Y como muchísima gente ha adquirido la sana costumbre de comer todos los días, gracias a la incorporación de millones que estaban excluidos, se convierte prácticamente en un proyecto estratégico”.



R: Cuando algo es estratégico, el país se pone a sus pies. Este recurso es estratégico para seguir talando el Amazonas, para implementar la soja. Estos nutrientes no se necesitan en Argentina, sino en otros países que no tienen suelos fértiles. Está jugando con la necesidad de todos; es un discurso para confundir a la gente. Potasio Río Colorado es un proyecto al que nos oponemos por su gran magnitud, por toda la contaminación que va a generar y porque demuestra el extractivismo en América Latina. Comida para hoy, hambre para mañana.

P: Anunciaron que no permitirán que la Ley 7722 sea modificada o declarada inconstitucional. ¿Es Uspallata —localidad ubicada 45 km al sur de donde se ubica la cantera de la que Coro extraería en teoría 25.000 t anuales de cobre— el último bastión para obstaculizar con éxito la expansión de la minería en Mendoza? La pérdida de la norma dejaría el camino expedito a muchos otros emprendimientos en la provincia...



R: Uspallata está muy movilizada y San Jorge está desaparecido, muerto. No vamos permitir de ninguna forma que esta ley se caiga. Vamos a tomar medidas extremas nunca antes adoptadas... La idea es movilizar todo el sur y centro de Mendoza. A nosotros en la capital nos va a tocar la tarea más dura: exigirles a los jueces que respeten verdaderamente la voluntad del pueblo y salir a cortar las rutas para evitar que San Jorge traiga toda su maquinaria y comience la explotación. Uspallata es un pueblo muy pequeño y movilizado, pero no creo que sea un bastión, toda la provincia lo es. Las asambleas sostenemos un mismo discurso, no chocamos y tenemos una lucha que busca lo mismo.

* Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.