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El asesor jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, anunció que el Estado ecuatoriano acatará una sentencia en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pagará una indemnización de 1 390 000 dólares al pueblo indígena kichwa de sarayaku, por haber impuesto la actividad petrolera en sus territorios sin siquiera haberlo consultado.

La sentencia de la CIDH, conocida el 25 de julio, “es el resultado de casi una década de litigio internacional y marca un precedente histórico en la vida de los pueblos y nacionalidades a nivel global”, expresa un boletín de prensa del pueblo sarayaku. Esos pueblos y nacionalidades están “constantemente amenazados por políticas extractivistas a nombre del llamado desarrollo del ’primer mundo’ y que nada tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos, autoproclamados defensores de la selva”, agrega el texto emitido el mismo día del fallo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) celebró la resolución.

El pueblo kichwa sarayaku vive al norte de la Amazonia ecuatoriana, en la provincia de Pastaza. Según información del diario El Comercio de ese país, en 1996 el Estado ecuatoriano otorgó una concesión petrolera en el Bloque 23, que afecta un 60 por ciento del territorio del pueblo originario, a la Compañía General de Combustibles de Argentina. Durante el último trimestre de 2002 y el primero de 2003 (con los gobiernos ecuatorianos de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez) la empresa ingresó reiteradamente al territorio indígena sin autorización y contra la voluntad del pueblo.

De acuerdo a información oficial del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio sarayaku y el territorio achuar, en los que la Compañía General de Combustibles colocó 1433 kilos de explosivos a 12 metros de profundidad.

A inicios de 2003 el pueblo sarayaku acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó su intervención urgente. Frente al incumplimiento de sus medidas cautelares, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que dictara medidas provisionales a favor de ese pueblo, que se otorgaron en julio de 2004. Esas medidas buscaban proteger la vida e integridad de los indígenas, la investigación de los hechos de violencia cometidos en su contra y la garantía de su derecho al libre tránsito.

En diciembre de 2007 el Ministerio de Minas y Petróleo ecuatoriano emprendió gestiones para el retiro de los explosivos. Dos años después se habían retirado apenas 14 kilos y el proceso se suspendió. El 26 de enero de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución respecto al caso, que fue remitido a la Corte. El 6 y 7 de julio de 2011, en la capital costarricense, San José, se llevó a cabo la audiencia del caso sarayaku ante la CIDH. Ese mismo año la Compañía General de Combustibles se retiró de Ecuador.

El fallo de la CIDH del 25 de julio determinó que el Estado ecuatoriano debió consultar al pueblo sarayaku sobre el proyecto petrolero en territorio indígena, de forma previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales. El dictamen consideró que hubo una violación de los derechos del pueblo originario a la propiedad comunal indígena e identidad cultural.

La Corte estableció también que se puso en riesgo la vida e integridad de los indígenas con los explosivos de alto poder en su territorio. Ordenó al Estado ecuatoriano retirar esos explosivos enterrados y consultar al pueblo sarayaku adecuadamente en caso de tener algún proyecto de extracción de recursos naturales en sus tierras.

Para el pueblo originario se trató de un fallo histórico. Los indígenas pretendían ganar este caso y que se sentara un precedente legal favorable para otros pueblos originarios que sufren los mismos despojos. En su boletín de prensa titulado “Sentencia histórica para los pueblos en lucha”, los kichwas subrayaron que la sentencia es enfática al afirmar que el Estado ecuatoriano tenía la obligación de garantizar a los indígenas el derecho a la consulta, propiedad comunal e identidad cultural.

En tanto, la CONAIE realizó una conferencia de prensa en la capital del país, Quito, para dar su opinión pública frente a la decisión de la CIDH. Allí estuvieron los principales dirigentes indígenas de Ecuador, según información difundida el lunes por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de ese país (ECUARUNARI), una de las organizaciones filiales de la CONAIE.

“Esta sentencia dada por la Corte es un aliento para todos los ecuatorianos y quienes luchamos en defensa de nuestros territorios, derechos humanos y de la naturaleza”, dijo el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango. “Ahora el presidente (Rafael) Correa y el Estado ecuatoriano tienen que cumplir, porque la sentencia es mandatoria y servirá para defender otros casos, otros procesos como los temas minero y petrolero”, agregó.

Por su parte, el presidente del pueblo sarayaku, José Gualinga, recordó que a fines de 2002 los kichwas decidieron frenar los maltratos de las corporaciones transnacionales y el Estado ecuatoriano. “Con voz firme tuvimos que decir basta, aquí ya no más saqueo, y expulsamos a compañías petroleras y militares a pesar de persecución, tortura y calumnia”, manifestó. “Con esta sentencia decimos que sarayaku jamás claudicó ni arrodilló, y vamos a seguir el proceso hasta llegar a su fin”.

Foto: http://sarayaku.org