BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

1.       Ratificamos que en Paraguay hubo un Golpe de Estado Parlamentario, que busca frenar nuestro proceso democrático, amenaza a nuestra Soberanía Nacional y pone al servicio de las multinacionales nuestros más preciados recursos naturales.

2.       Denunciamos la criminalización de las luchas sociales, porque consideramos que este tipo de medidas forma parte de una persecución política que históricamente busca acallar las voces del sector popular.Exigimos el cese de la criminalización de la protesta social,  amparados en la Constitución Nacional en que su art. 32 garantiza la “libertad de reunión y de manifestación”.

3.       Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la compañera Magui Balbuena, incansable luchadora social en defensa de las reivindicaciones populares y de las mujeres campesinas e indígenas. Del mismo modo, nos solidarizamos con los compañeros Abel Recalde, del Partido Tekojoja; Hilda Montiel, del PPC; Eugenio Cristaldo, del PDC; y César Ortega González,  del P-MAS, sobre quienes también pesa la acusación de “supuesto hecho punible de coacción e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”.

4.       Acompañaremos la toma de declaración de la Fiscalía muy atentamente y ante cualquier irregularidad estaremos difundiendo la denuncia internacional de que en Paraguay el fantasma de la dictadura vuelve a posarse sobre las reivindicaciones y reclamos populares y no dudaremos en exigir el debido proceso y el respeto de los derechos humanos de nuestras compañeras y compañeros afectados.

5.       Invitamos a la ciudadanía a estar alerta ante este tipo de medidas arbitrarias por parte del actual gobierno de facto, que teniendo todos los condimentos de una dictadura en ciernes, pretende revivir los procedimientos arbitrales que nacían al resguardo de la Ley 209 durante el régimen de Stroessner, la cual penaba toda oposición y pensamiento diferente bajo la falacia de la “paz y seguridad pública”.