BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Honduras, 30.09.11 - José Lauro Rodríguez: diarioSPAMFILTER@elheraldo.hn

La tala legal e ilegal es uno de los factores que induce la deforestación, pues abre la brecha para extraer el producto y con esto se inicia el proceso, el cual tiene tres pasos: tala, rosa y quema. Hay un término que es previo a la tala ilegal y es conocido como socola, que es la eliminación del sotobosque y de árboles mal formados, de las lianas y de los bejucos para facilitar las operaciones de talar los árboles, apilar el material cortado para proceder a la quema. Luego sigue la siembra de granos básicos para justificar la tala. Se obtienen una o dos cosechas y luego se convierte en un potrero para pastar ganado.

Estas áreas intervenidas pertenecían al estado de Honduras, pero haciendo las acciones antes mencionadas pasan a posesión de particulares. Todo esto es un gran negocio, pues se introducen en las áreas protegidas y otras áreas boscosas con provisiones, motosierras y armas para arrasar con grandes áreas (1,000/2,000 y hasta 3,000 has.), que las convierten en haciendas.

Cada hectárea de bosque que se destruye hace que el territorio nacional se vuelva más vulnerable. La tala ilegal es imparable y otros factores, como los incendios y las plagas, siguen fragmentando los ecosistemas boscosos continuos a vista y paciencia de las autoridades de turno. Se calcula que el 30% del territorio nacional está bajo la condición de Área Protegida, en diferentes categorías con su zonificación en, a) Área de Amortiguamiento y b) Zona Núcleo (donde no se permite ningún tipo de actividad productiva).

Estas áreas están siendo fuertemente intervenidas y sus zonas núcleos están desapareciendo, pues mientras existan recursos financieros o incentivos para fortalecer la actividad agropecuaria y no hayan fondos para la administración técnica y científica de estas áreas; nuestras áreas protegidas serán virtuales, o sea solo estarán en el papel.

Al contrario, hay países como Costa Rica que de sus Áreas Protegidas obtienen ingresos considerables por ecoturismo, madera de sus zonas de amortiguamiento, o sea bienes y servicios ambientales que ayudan a mejorar la calidad de vida de los "ticos".

El ICF, la Serna, la SAG y otras instituciones ligadas al recursos hídrico, como la ENEE y el SANAA, no han podido generar una agenda común, sin desligarse de sus roles que por ley le corresponde, para crear sinergias y no estar haciendo esfuerzos aisladamente. Ahora ya se tiene la regionalización política/administrativa del territorio. Es obvio que las características del territorio son variables y que no es lo mismo La Esperanza, Intibucá, que la Costa de los Amates. Y el grado de incidencia de cada una de las instituciones mencionadas es diferente. Pero se debería escoger una región piloto para que sirva de modelo de gestión integrada, en cuanto al manejo de los recursos naturales y el ambiente.

El ICF es una institución que nació raquítica, con anemia y parálisis cerebral y su accionar sigue el patrón "Cohdeforniano" como muy acertadamente lo subrayaba el colega René Benítez, o sea que solo se cambió de nombre. Sigue actuando como si fueran Cohdefor. Es una lástima que por falta de liderazgo de sus altos ejecutivos todas sus atribuciones las están usurpando otras instituciones del sector público. Con esa política operativa del ICF no hay esperanzas de que los bosques y las áreas protegidas realmente se conserven y no se sigan destruyendo. No le han entendido al trámite porque el negocio del ICF no es la venta de madera, sino hacer que los bosques sigan produciendo sosteniblemente y no se continúe destruyendo lo que nos queda; además del rescate de lo que aún existe.

Si se tuviera un poco de sentido común en las actividades de manejo, protección y recuperación de los bosques y las Áreas Protegidas se podrían generar unos 150,000 empleos rurales, sin contar con los generados por la industria de la madera y derivados que actualmente ha sufrido una contracción de un 40% por factores endógenos y exógenos.

Para aumentar la resiliencia del territorio nacional para afrontar los impactos del cambio climático que genera eventos extremos, el esfuerzo deberá de canalizarse a ordenar el territorio con base en las siguientes categorías establecidas por su vocación: i) uso agrícola, ii) uso agroforestal, iii) uso ganadero, iv) uso silvopastoril y, v) uso forestal (de producción y de protección). Es obvio que también deben identificarse las zonas inundables, que no son otras que las zonas bajas de las cuencas que por su mal manejo se producen las inundaciones en la época de invierno. Por eso, y por mucho más, las claves están en la propuesta de la Agenda Común y de la Región Piloto.
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/09/21/Opinion/Tala-areas-protegidas-y-vulnerabilidad