BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Desde de las 10 de la mañana del 1° de agosto, comenzaron a recorrer las calles de Bogotá centenares de jóvenes provenientes de varias localidades de la ciudad, sindicalistas de la central Unitaria de Trabajadores (Cut), entre ellos, los del sector petrolero miembros de la Unión Sindical Obrera (Uso) y de la empresas da Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; ambientalistas y artistas. Todas estas personas hacían parte de la marcha carnaval con la que se hablaba al país sobre la necesidad de frenar la política minero-energética del presidente Santos Calderón. 

La protesta señalaba el daño que esa política causa al medio ambiente. En días pasados, Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Medioambiente de Colombia en 1993, comentaba en el mismo sentido el anuncio que hizo el presidente Santos en la cumbre conocida como Río+20, cuando declaró un área estratégica minera de 17,6 millones de hectáreas para garantizar la minería sostenible en el este de la Amazonia, región de altísima biodiversidad en Colombia y una de las mejor conservadas del país: «[…] bajo la palabrería de ‘la minería sostenible’ se acaba ocultando el hecho de que con esta ‘reserva minera’ se estaría decretando el principio del fin de la riqueza biológica y cultural de la Amazonia oriental colombiana, así como de las otras áreas incluidas en esta declaratoria, ubicadas en el Chocó y en la Orinoquia» (“Bye, bye’ a la Amazonia”, El Tiempo, 14 de julio de 2012). 

En otro punto cardinal del país, en la parte más septentrional, las comunidades se han unido frente a ls pretensión de una empresa explotadora de Carbón, El Cerrejón, que quiere desviar un río para terminar de extrae el carbón que lleva 40 años usufructuando. En el departamento de La Guajira, marcharon más de 3.000 personas en la jornada de este primero de agosto.

Casos similares se presentan en muchas regiones del país donde la llamada«locomotora del progreso»amenaza la vida de comunidades y su medio ambiente. De eso dan cuenta informaciones de los últimos dos años sobre las represas Hidroituango, Hidrosogamoso, El Quimbo; los proyectos mineros de Angostura, en el páramo de Santurbán; La Colosa, en el municipio de Cajamarca y otros en el municipio de Marmato; la construcción del Oleoducto Bicentenario y la situación de violencia que viven la comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas del Cauca.

También hubo movilizaciones en el departamento de Chocó, en la ciudad de Villavicencio y en todas las sedes de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, donde la Unión Sindical Obrera organizó diversos actos y actividades.

Un día después de la marcha carnaval, el periódico de la Universidad Nacional de Colombia publicó «Explotación minera contra investigación científica», artículo en el que presenta cifras contundentes: «En los últimos 15 años se han otorgado 46 licencias científicas, mientras en 8 años se firmaron 7.800 contratos mineros». Agrega que «durante los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana (12 años) fueron otorgadas 1.700 licencias o títulos mineros. En los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe se concedieron 7.800, a un ritmo de 762,5 por año, es decir, 2,08 cada día. Un crecimiento de 459%».

Colombia Informa entrevistó en el recorrido a Rodolfo Vecino, presidente nacional de la Uso, quien destacó que este es el comienzo de un proceso de concientización y movilización que poco a poco levantará un gran movimiento de muchos sectores del pueblo colombiano que logrará parar esta máquina de muerte, la locomotora minero-energética de Santos.