MALDITOS

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Si sos kirchnerista pero estás de acuerdo en la protesta contra la megaminería contaminante, podés ayudar a tu gobierno pegándote vos mismo.

Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS

Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS

Panamá- Minería o muerte.

 Panamá- Minería o muerte. (6feb12-prensadefrente-ayi) El gobierno panameño lanzó un violento operativo policial para desalojar a los indígenas que rechazan la minería y una hidroeléctrica en su comunidad. Hay un muerto confirmado y crece la resistencia en las calles para repudiar el proyecto de ley.
La comunidad indígena Ngäbe Buglé, apoyada por más de 50 organizaciones panameñas, comenzó el 31 de enero un bloqueo en la Vía Interamericana para exigir que se prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en su comarca. La respuesta del gobierno del derechista Ricardo Martinelli fue pegar el faltazo a la reunión de negociación acordada entre el Ejecutivo y la comunidad y luego ordenar el operativo policial que desalojó salvajemente a los manifestantes, con el resultado de la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri y decena de heridos de bala.
Perdigones, balas y gases lacrimógenos. La policía comenzó a reprimir el último sábado ingresando dentro de las comunidades y amedrentando a la población, avanzando en los cortes que se llevaban adelante en el oeste de Panamá, el bloqueo de la Vía Interamericana y la localidad de Sixaola, que une Panamá con Costa Rica.

Con el corte de luz y de agua en las zonas donde se desarrollaron las protestas más fuertes y con la orden de dejar incomunicadas las zonas donde se producían los bloqueos, los efectivos policiales avanzaron sobre los cortes para desalojar a los indígenas.
En estos momentos, cientos de manifestantes se reorganizan en distintos puntos y en algunos lugares continúan los bloqueos. El próximo miércoles las organizaciones confluirán en una movilización convocada por el sindicato de la construcción SUNTRACS, que denunció en las últimas horas el arresto de 33 trabajadores y convocó a rechazar el avance sobre la comunidad indígena. "Es claro que este gobierno no ha entendido que el país no le pertenece", dijo Saúl Méndez, líder de SUNTRACS.
Dirigentes de la comunidad Ngäbe Buglé denunciaron que el gobierno ordenó cortar las comunicaciones y la luz, por lo que en la mayoría de las zonas donde se mantienen las protestas los manifestantes se encuentran incomunicados y a oscuras. En las últimas horas se conoció una grabación de una ejecutiva de la empresa “Más Móvil”, afirmando que cumplía órdenes de las autoridades para suspender las comunicaciones. El Gobierno aseguró que mantendrán la medida.

El conflicto tiene como eje central la minería y la instalación de una hidroeléctrica en territorio de la comunidad indígena. El gobierno presentó un proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en debate en el Congreso y establece un régimen especial para la protección de recursos naturales en la Comarca. La iniciativa de ley había sido discutida con representantes de la comunidad, pero al ser presentada en el Parlamento se eliminó un artículo que prohibía la explotación minera y la posibilidad de construir una hidroeléctrica, por lo cual los indígenas exigen que se garantice en la ley las garantías la prohibición de estas actividades. De hecho, dentro del territorio indígena se encuentra el Cerro Colorado, considerado uno de los yacimientos de cobre más grandes de América Latina, que la comunidad busca preservar.
Al iniciarse el conflicto, los principales partidos de Panamá exigieron que se retire el proyecto para avanzar en el diálogo con la comunidad indígena pero la respuesta fue la represión. El sábado, quinto día de bloqueos y protestas, el gobierno panameño aceptó sentarse a negociar, con el intermedio de la Iglesia. Sin embargo los funcionarios no aparecieron y se desató la represión. El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, justificó el operativo policial por una presunta toma de rehenes y descartó que la Policía Nacional estuviera armada. Sin embargo la comunidad desmintió haber tomado rehenes y en las últimas horas del sábado se conoció la muerte del joven de 26 años.
Mulino fue calificado como mentiroso por dirigentes sociales, sindicales y miembros de la Iglesia que rechazaron su afirmación de que la Policía no tenía armas. "Para que no salgamos a defender a los trabajadores y los grupos indígenas, la Policía tendrá que matarnos a todos", aseguró el dirigente del SUNTRACS.
Ayer por la tarde, funcionarios del Gobierno dieron una conferencia de prensa para deslindar a la Policía de la responsabilidad por la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri y justificar la decisión de mantener incomunicados a los habitantes que están en la zona del conflicto. Mientras tanto, en los puntos de bloqueo la Policía continúa reprimiendo y hay más de cuarenta detenidos. Al cierre de esta edición, un hombre era trasladado al hospital de David en grave estado y se multiplicaban las protestas en distintos puntos del país para rechazar el accionar del gobierno frente al reclamo indígena.
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 Panamá- Crece conflicto por protesta de indígenas contra minería en Panamá. (4feb12-Radio Nederland-ayi) La tensión entre el gobierno panameño y los indígenas que están bloqueando carreteras en contra de la minería en sus territorios subió el viernes con otros sectores que se sumaron a la protesta y unas posiciones polarizadas que hasta ahora no permitieron abrir una vía al diálogo.
“Las cosas se han salido de la mano (…) No se puede tener secuestrada a una cantidad enorme de turistas y de personas que no pueden movilizarse” y estar desabasteciendo a la ciudad de Panamá y a otros lugares”, afirmó el presidente panameño, Ricardo Martinelli.
El viernes una comitiva encabezada por los ministros de Comercio, Ricardo Quijano, y de Gobierno, Jorge Fábrega, viajó a la provincia de Chiriquí (oeste) para iniciar un diálogo, con mediación de la Iglesia Católica, pero los líderes indígenas no acudieron.
Martinelli les dio un plazo hasta el sábado para acudir al Palacio de Las Garzas, sede presidencial, a dialogar o -advirtió- “tomaremos las decisiones que haya que tomar”.
“No queremos un escenario de confrontación pero, sin embargo, las opciones cada vez son menos”, lamentó en el canal Telemetro Fábrega, quien aseguró que la dirigencia indígena ha mostrado “un rosario de excusas para no sentarse a la mesa a discutir con seriedad”.
Cientos de indígenas de la etnia Ngöbe Buglé, la mayor en Panamá, mantienen bloqueadas, con barricadas de árboles y piedras, varias vías en el país para exigir que un proyecto que se discute en el Congreso prohíba la explotación de yacimientos mineros y la construcción de hidroeléctricas en sus comarcas.
Otras organizaciones populares se sumaron a la protesta. “Es claro que este gobierno no ha entendido que el país no le pertenece”, dijo a AFP Saúl Méndez, líder del poderoso sindicato de la construcción SUNTRACS, que recientemente paró las obras de ampliación del Canal de Panamá.
“El gobierno también ha aumentado su pie de fuerza posiblemente con la idea de reprimir y eso tendrá consecuencias nefastas”, aseguró a la AFP Celio Guerra, presidente del Congreso Nacional Tradicional de la Comarca (indígena) Ngöbe Buglé, quien agregó que cuatro de nueve provincias están afectadas.

Entre los puntos bloqueados está la frontera entre Panamá y Costa Rica por la localidad Sixaola (Caribe), además de la estratégica carretera que conecta a los dos países, fundamental para el comercio.
Durante meses, una comisión parlamentaria negoció con los indígenas el proyecto de ley, después de que Martinelli derogara el año pasado, tras violentas protestas, unas reformas al código minero que dijo impulsar en busca de inversiones.
Los indígenas sostienen que, tras consensuar un proyecto, los congresistas retiraron un artículo que prohíbe actividades mineras e hidroeléctricas en sus territorios, pero el gobierno asegura que nunca firmó un texto que afecte esa forma de generación eléctrica.
“Elementos foráneos desean que no haya hidroeléctricas. Eso hará triplicar la luz (…) y seríamos más pobres”, dijo Martinelli.
El sistema de Naciones Unidas en Panamá llamó a las partes en un comunicado a evitar la violencia y a dialogar “a la mayor brevedad”, ante la creciente situación de conflictividad social”.
“Las pérdidas son millonarias, los perjudicados somos todos” y se afecta a “la imagen de estabilidad” del país, comentó el presidente de la Cámara de Comercio, Federico Humbert.
El gobierno anunció la evacuación vía aérea de decenas de turistas -varios de ellos costarricenses- varados por los bloqueos, y el transporte de alimentos desde las zonas afectadas hacia la capital, y la importación de gasolina desde Costa Rica.
— con Martin Juliano.
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 Human Rights Everywhere denuncia violación de derechos humanos en panamá. (6feb12-hrev-ayi) COMUNICADO DE PRENSA URGENTE
Madrid, 6 de febrero de 2012
Human Rights Everywhere denuncia violación de derechos humanos en panamá y pide la inmediata intervención de las autoridades judiciales
HUMAN RIGHTS EVERYWHERE (HREV), asociación no gubernamental de promoción y defensa de los Derechos Humanos, denuncia la violación de derechos humanos fundamentales por parte del Gobierno de Panamá en la gestión de la crisis por las protestas indígenas relacionadas con la minería.
Los informes disponibles y el material recopilado por nuestros voluntarios apuntan a que el Gobierno, a través de la Policía Nacional, ha violentado, entre otros, el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal a los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley, ha violado los principios básicos de protección de los menores de edad y ha limitado la libertad de prensa, y tal y como han denunciado las organizaciones locales de Panamá. Es evidente, por los testimonios recolectados en el terreno y por las informaciones de los medios de comunicación nacionales, que ha habido uso excesivo de la fuerza y arbitrariedad por parte de los agentes de la Policía Nacional.
A HREV le preocupa especialmente la criminalización de la protesta social y el establecimiento, de facto, de un “estado de excepción” en las zonas de protesta.
Consideramos que los antecedentes en la gestión del conflicto social por el Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, apuntan a una estrategia de criminazliación de los indígenas Ngäbe-Buglé y queremos recordar el uso excesivo de la fuerza que se ejerció en Bocas del Toro (2010), que dejó un saldo de al menos 8 civiles muertos y 600 heridos, así como en la carretera Interamericana y en Ciudad de Panamá en febrero de 2011. Esos antecedentes en el caso de las protestas Ngäbe, así como la represión sistemática de las protestas civiles en otras partes del país, sumados a la inexistencia de cauces de participación democrática en Panamá, cierran las vías para la libre expresión de la ciudadanía.
Ante los graves hechos registrados en las últimas horas, exhortamos al Gobierno de Panamá a:
1. Permitir el libre acceso de familiares y de representantes de las organizaciones de la sociedad civil acompañantes a los centros hospitalarios donde hay manifestantes y, en general, heridos internados.
2. Hacer público de forma inmediata el listado de detenidos, los centros en los que se encuentran, permitir la asistencia legal a los mismos y que cualquier proceso sea derivado de forma urgente a las autoridades judiciales competentes.
3. Evitar las declaraciones de responsables del Gobierno que criminalicen o que estigmaticen por razones políticas o étnicas a los manifestantes Ngäbe y Buglé.
4. Hacer todos los esfuerzos para iniciar de forma urgente una negociación transparente y sin condiciones con la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y los derechos del Pueblo Ngábe-Buglé y con la autoridades tradicionales de estos pueblos originarios. Las condiciones planteadas por la Coordinadora el día 6 de febrero en la noche responde, a nuestro entender, a la necesidad de restablecer el estado de derecho.
5. Que respete de forma estricta los derechos de los pueblos originarios consignados en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (2007), de la que Panamá es signataria.

HREV le solicita de forma urgente al Órgano Judicial de Panamá:
1. Que abra investigaciones de oficio sobre el uso de munición reglamentaria por parte de los agentes de policía de control de multitudes. Así mismo, la investigación debe determinar si se ha cumplido el principio de proporcionalidad en las acciones policiales, así como si se ha producido arbitrariedad en las detenciones y en la restricción de la movilidad de los panameños y panameñas que habitan en las zonas de conflicto.
2. Que abra investigaciones urgentes de oficio sobre el procedimiento por lo cual se suspendió la comunicación telefónica celular en el área de conflicto desde el viernes 3 de febrero. La ley panameña es clara al indicar que la interrupción de dichas comunicaciones sólo se podrá producir mediante orden judicial que, por la información disponible, nunca se extendió.
HREV le solicita a organismos como el Sistema de Naciones Unidas de Panamá y la Cruz Roja Internacional presencia en la zona de conflicto y vigilancia del cumplimiento de los convenios de derechos humanos de los que Panamá es signataria.
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http://ayi-noticias.blogspot.com/


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MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

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