La minería metalífera a gran escala tuvo un importante revés en Mendoza. En un contexto provincial de sostenido rechazo y movilización popular contra la megaminería, la Legislatura frenó por unanimidad el proyecto de oro y cobre San Jorge, que había tenido vía libre del gobernador y esperaba luz verde de la Cámara de Diputados para comenzar su construcción. La compañía canadiense Coro Mining recibió el golpe menos esperado: la negativa del sector político, que había sido el principal impulsor de la actividad extractiva en la provincia. “Felicitamos al pueblo mendocino que se expresó manifestándose en la calle y luchando contra la imposición de una actividad económica de saqueo, corrupta y contaminante”, festejó la Asamblea Popular por el Agua.
La canadiense Coro Mining controla 120 mil hectáreas en Uspallata, en el norte mendocino. Allí planea explotar oro y cobre a cielo abierto, con un consumo de agua de 140 litros por segundo, doce millones de litros de agua por día.
El agua fue el punto que unió a las asambleas socioambientales, campesinos e, incluso, grandes fincas. Las asambleas fueron el motor del rechazo minero, que en 2007 habían logrado la aprobación de la Ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en minería y que establece la obligatoriedad de audiencia pública, una Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), aprobación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Poder Ejecutivo y la ratificación legislativa.
La canadiense Coro Mining controla 120 mil hectáreas en Uspallata, en el norte mendocino. Allí planea explotar oro y cobre a cielo abierto, con un consumo de agua de 140 litros por segundo, doce millones de litros de agua por día.
El agua fue el punto que unió a las asambleas socioambientales, campesinos e, incluso, grandes fincas. Las asambleas fueron el motor del rechazo minero, que en 2007 habían logrado la aprobación de la Ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en minería y que establece la obligatoriedad de audiencia pública, una Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), aprobación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Poder Ejecutivo y la ratificación legislativa.
