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¿Por qué considerar a la deuda externa como "odiosa"? En primer lugar, la "deuda vieja", contraída durante el período de facto entre 1976 y 1983, que hoy seguimos pagando, debe ser considerada "deuda odiosa" porque no ha sido utilizada en beneficio del pueblo. Según el Banco Mundial el 44% de esa deuda sirvió para la fuga de capitales, el 33% para pagar los intereses de esa deuda, y el resto para comprar armamento. Esta deuda fue contraída, además, por un gobierno dictatorial; pero aún si hubiese sido contraída por un gobierno democrático, sería, de acuerdo a su fin, Deuda Odiosa. ¿Por qué afirmar que la deuda puede ser caracterizada como "delito de ejecución continuada"? Simplemente porque es un delito que permanece en el tiempo. Más allá de las sucesivas renegociaciones que se efectúen, su vicio de origen no puede ser borrado.

La deuda odiosa

De todo aquello que surge de los varios expedientes judiciales en torno a la deuda externa argentina (causas penales 14.586 y 14.467 en la cual el Juez Federal Ballestero dictó sentencia el 13 de julio de 2000; 17.718 que investiga la deuda actual y la causa del "megacanje" de títulos del 2001), resulta inapelable que el origen del endeudamiento actual se encuentra en la política económica implementada durante la última dictadura de 1976, por el Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Así, lo que permite que la deuda sea repudiada es el hecho de que ha sido contraída por un régimen dictatorial para su sostenimiento y no en beneficio de la comunidad.

El repudio a las deudas contraídas por gobiernos de facto aparece en la historia fundamentalmente en momentos de guerras de secesión, guerras de independencia o anexión de territorios. Existen numerosos antecedentes donde los nuevos gobiernos rechazan el pago de deudas contraídas por regímenes depuestos. Pero el concepto de la Deuda Odiosa fue expuesto con claridad por primera vez por Estados Unidos. En 1898, Cuba logró su independencia de España, asumiendo EE.UU. un protectorado sobre la Isla. El país del Norte rechazó las pretensiones españolas de cobrar la deuda de Cuba, utilizando dos argumentos fundamentales: que la deuda del gobierno cubano no había sido utilizada en beneficio del pueblo; y (2) que las condiciones del préstamo habían sido impuestas por España.

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