MALDITOS
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Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
Por Luis Ángel Saavedra,desde Quito
Pozo petrolero en medio de la selva en Sucumbíos.
(Foto: Luis Ángel Saavedra)
Las decisiones que toma el presidente Rafael Correa en relación a los yacimientos de petróleo ubicados en territorio indígena demuestran cada vez más la poca voluntad del gobierno ecuatoriano para respetar los lineamientos constitucionales que protegen los derechos de los pueblos y de la naturaleza.
Las decisiones de Correa incluso han generado una agria polémica dentro del propio equipo de gobierno. Por un lado, funcionarios de los ministerios de Justicia y de Ambiente que adelantaban gestiones desde el año 2008 para cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de los pueblos tagaeri, taromenane y kichwa de Sarayaku, y funcionarios de la Presidencia y del Ministerio de Recursos No Renovables, que daban a conocer, a finales de junio, los nuevos planes de licitación petrolera, echando por tierra el trabajo adelantado por Justicia y Ambiente.
La medida cautelar a favor de los tagaeri y taromenane, emitida en el 2006, es una de las varias medidas de protección que ha emitido la CIDH para proteger la vida y el territorio de los diversos pueblos indígenas ecuatorianos y que están en contradicción con la política extractivista del gobierno.
Además, las nuevas políticas de explotación petrolera contradicen medidas anteriores del propio presidente Correa, quien definió una política gubernamental de protección a los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario al crear en el 2008 el Plan de Remediación Ambiental y Social y el Plan de Medidas Cautelares. Estos planes buscaban implementar las mejores alternativas para cumplir con lo acordado entre el gobierno y la CIDH, en especial en lo relacionado con el respeto a los territorios en donde se ha evidenciado presencia de estos pueblos, exhortando a limitar la explotación de recursos petroleros y madereros.
Campo Armadillo
El gobierno decidió convocar a licitación, el pasado 19 de junio, el denominado "Campo Armadillo”, en la provincia amazónica de Orellana, que es catalogado como un "campo marginal”, es decir, cuya producción petrolera no es significativa y, aunque ayudará a la financiación del presupuesto nacional, no constituirá un ingreso de alto impacto financiero.
Sin embargo, sí posee otro valor estratégico, y es su cercanía al Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), que constituye la mayor reserva petrolera nacional y que ha sido motivo de la campaña internacional que busca compensaciones para no explotar el petróleo y conservar la alta biodiversidad de esta zona, declarada además como intangible.
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