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Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
El Coyuyo / Intento de despido e impunidad en la SSAF Santiago del Estero
Publicado por Norberto Costa en 19:41
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR EN SANTIAGO DEL ESTERO, DEL COMPROMISO CON EL DESARROLLO RURAL A LA DESCAMPESINIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS Y LA PERSECUCIÓN DE TRABAJADORES
Una larga historia de denuncias, tanto de los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SSAF) como de organizaciones campesinas, sobre el accionar de los funcionarios Héctor Lipshitz, Osvaldo Gallego González y Alfonso Tricárico tuvo un nuevo correlato a fines del mes de junio con el intento de despido ilegal de varios trabajadores de dicho organismo público. “Una mancha más de estos tres tristes tigres” que dirigen los destinos de dicho organismo nacional en la provincia de Santiago del Estero.
Los ingenieros agrónomos Héctor Lipshitz (delegado provincial de Santiago del Estero) y Osvaldo González (referente regional del NOA), quienes dirigen la SSAF en la provincia, hace tiempo vienen ejerciendo acciones de persecución y violencia laboral hacia los trabajadores comprometidos con los territorios y las organizaciones campesinas que luchan por el reconocimiento de sus derechos. Asimismo, son responsables directos e indirectos de la desarticulación de organizaciones campesinas, discriminación y arbitrariedad en la ejecución de fondos públicos y usurpación y desalojo de familias campesinas de sus tierras, como lo muestran los casos del paraje Celentano (Campo Gallo. Dpto. Alberdi) y La Elsita (Dpto. Moreno).
Discriminación, persecución ideológica y violencia laboral
El pasado 25 de Junio de 2012 trabajadores de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación (SSAF) –delegación Santiago del Estero- recibieron un correo electrónico por parte del coordinador provincial en el cual se informaba sobre el cese de sus funciones en dicha repartición pública a partir del 1 de julio del corriente. Desde la patronal se argumenta que la no renovación de contratos se debe a la no aceptación de la categoría asignada por el Ministerio y la delegación provincial para la regularización de su situación laboral.
Sin embargo, no menciona en ningún momento que estos trabajadores no habían aceptado dicha categorización, por ser la misma arbitraria, injusta por ir en contra de los mismos derechos laborales que irónicamente decía formalizar. La categorización asignada a estos trabajadores (no así la de gran parte de los demás trabajadores de la delegación santiagueña) casualmente no correspondía con la documentación acreditada en sus legajos, lo cual en los hechos significaba la reducción de sus salarios en un 40% y el no reconocimiento de sus funciones. Lejos de buscar una solución al problema, tanto desde las oficinas de Nación como desde quienes coordinan la delegación provincial, lo que se resolvió fue despedir a quienes luchan por sus derechos laborales.
Cabe tener en cuenta que no se trata de un hecho aislado: en marzo de 2012 ya habían despedido a Celedonio Torres, paritario nacional del gremio de los trabajadores del Estado (ATE) de la SSAF comprometido con la lucha de los compañeros santiagueños quien fue cesado en sus funciones pese a tener fuero gremial.
Por otro lado, ya desde hace tiempo algunos de estos técnicos tenían vedado el trabajo en los territorios y el contacto con las organizaciones campesinas, hasta el punto de que a uno de ellos llegaron a dejarlo sin tarea durante más de medio año y a otro le cambian constantemente sus funciones, además de ser el único contrato por ¼ de tiempo en el país.
La discriminación y persecución ideológica en dicho organismo se expresa en diferentes niveles y diversos modos, desde negar la participación a actividades y eventos de la SSAF a quienes no son afines a la gestión del actual delegado; señalamientos a los técnicos comprometidos con la lucha campesina (cuando van a marchas, cuando participan en protestas, cuando son parte de organizaciones o movimientos sociales, etcétera); rastreo de llamadas telefónicas; y otras estrategias sutiles del ejercicio sistemático de la violencia laboral. No casualmente quienes fueran hoy objeto de persecución e intento de despido son los que otrora se han animado a hacer denuncias sobre el accionar de dichos funcionarios de la SSAF en Santiago del Estero ante el Ministerio de Agricultura.
En el año 2011 uno de ellos junto a otros técnicos denunciaron ante el Instituto Nacional de Discriminación (INADI) al titular de la delegación local Héctor Lipshitz y a Pablo Usandivaras, en aquel entonces referente de la zona de Figueroa. Pero la denuncia “no fue tomada por el INADI Santiago del Estero, ya que consideraron que no cabe en discriminación”, según declara el propio trabajador. De todos modos, señala que “la negativa se debe a que la encargada de la oficina local, Graciela Toscano, es cónyuge del Diputado Provincial del Bloque Compromiso Social, Raúl Lorenzo, partido político al que pertenece Lipshitz”, lo que marca el escenario de impunidad con la que se desenvuelven estos funcionarios.
El documento presentado ante el INADI y firmado por Ángel Morán sostiene que “mi carpeta presentada para la regularización laboral para la Ley Marco ha tenido una exagerada demora, en el último listado aparezco como pendiente quedando para otra instancia, siendo que ésta ha sido presentada en tiempo y forma”.En el mismo documento rechazado por el INADI de Santiago del Estero, se afirma respecto a Héctor Lipshitz que “en una reunión de Técnicos Referentes Zonales, acusó a tres compañeros junto a mí de ser “conspiradores”, porque según su interpretación los nombrados hemos incurrido en tal maniobra al habernos reunido junto a otras personas integrantes del gremio de ATE Nación sin habérsele consultado a él”.
En el caso de Pablo Usandivaras, éste según se denuncia había exhortado a los trabajadores a responder sobre su participación en lo gremial. “El mismo es un colaborador de Lipshitz con estas prácticas históricas en dicha agencia del Estado, y además cuestiona y criminaliza nuestra participación en el ejercicio de nuestros derechos gremiales, espacio único que tenemos los trabajadores para defendernos de la precaria situación laboral en que se desenvuelve nuestro trabajo, sin obra social, contrato basura, sin goce de seguro contra accidentes”, sostiene Morán.
De la SSAF a terratenientes
Según se desprende de las denuncias realizadas por los trabajadores, Osvaldo “Gallego” González y Alfonso Tricárico poseen numerosas propiedades en la ciudad de Santiago del Estero y en zonas rurales: “Uno de ellos está en Fernández (Ruta 34 camino a Rosario), un campo de importantes dimensiones, donde incluso durante el 2011 ejecutaron un Proyecto Proinder (recursos que eran asignados inicialmente por el Ministerio de Agricultura de la Nación para apoyar a familias campesinas). Pero este proyecto fue desarrollado por un grupo integrado por Gerardo Tricárico, sobrino de Alfonso y empleado-administrador de sus campos en dicha zona. Con el dinero bajado a través del PROINDER se alambró parte de ese campo en Fernández, se compró un camión de postes y alambres”.
A su vez, la denuncia sobre los ingenieros mencionados dice que “el campo fue vendido hace algunos meses (luego de haber sido alambrado) por Osvaldo “Gallego” González y Alfonso Tricarico. Con el dinero, por supuesto con todas las mejoras fruto de PROINDER, compraron otro campo en Fernández de mayor superficie”.
Arbitrariedades con los fondos públicos
En el año 2011 el departamento con menor ejecución de fondos de toda la provincia fue Atamisqui, zona donde se desempeña uno de los trabajadores que intentan ser despedidos, y donde paradójicamente se encuentran 7 organizaciones campesinas, unas de las más numerosas y antiguas de la provincia. Lo mismo sucede en los departamentos Alberdi, Juan Felipe Ibarra y Moreno; éste último siendo uno de los más extensos de la provincia no cuenta ni con asistencia técnica, ni con fondos asignados (a pesar de existir allí diversas comunidades e incluso centrales campesinas del MOCASE-VC). Un caso similar es el del departamento Alberdi, donde tiene sede la organización UPPSAN de Santos Lugares y la presidencia del MOCASE. En esa zona, luego de que la organización participara activamente en el corte de la ruta 34 en defensa de sus derechos en el año 2010, le fue retirada la asistencia técnica, y desde aquel momento prácticamente no tiene vinculaciones con la delegación.
Consultadas las organizaciones campesinas, son innumerables las denuncias en torno al modo en que se ejecutan los fondos en la delegación. Uno de estos casos denunciado refiere a la construcción de un salón de amplias dimensiones que fuera asignado a una organización del Departamento Banda mediante un proyecto PROINDER con fondos nacionales. El galpón de referencia está ubicado en la Ruta 34, en las cercanías del paraje Media Flor, y actualmente después de años de ejecución el mismo se encuentra sin uso. En efecto, nunca fue utilizado por los destinatarios originales del proyecto, porque la organización denuncia que le impusieron la construcción de ese salón, “sin previa consulta a los verdaderos requerimientos de los campesinos que deberían verse beneficiados”.
A desenmascarar!
Uno de los casos más conocidos de usurpación y desalojo de familias campesinas en que están involucrados estos funcionarios es el ocurrido en el Paraje Celentano (Departamento Alberdi), hecho que fue denunciado ante el Subsecretario de Agricultura Familiar, Guillermo Martini, por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero–Vía Campesina (MOCASE-VC). Los técnicos del entonces Programa Social Agropecuario (PSA), Tricárico, “Gallego” González y Lipshitz, presionaron durante años a las familias asentadas en el lugar para abandonar sus tierras con el fin de cederlas al empresario Cordobés Ángel Bermejo. “Si no firmábamos nos decían que nos iban a desalojar”, relataba Blanca Tevés en Junio del 2009 al periódico que Canta la justa.
El conflicto en ese lugar era por 14 mil hectáreas. El trío de agrónomos desde el PSA les sugerían acceder a unas 75 hectáreas con la advertencia de que, caso contrario, serían desalojados, perdiendo todo, dado que el inmueble tenía un propietario. “No sé leer ni escribir, mi mamá tampoco sabía, le ensuciaron los dedos con tinta de lapicera para colocarlo en el papel, Tricárico y González, anduvieron casi 2 años insistiendo y presionando”, aclara la mujer campesina.
La acción de los técnicos del Programa, que en teoría debían velar por el reconocimiento de las tierras para los campesinos, derivó en hechos de suma violencia hacia estos últimos. Pascual Vélez, al contar su caso, afirmó que “Ángel Bermejo, el supuesto dueño, llega a la casa en Septiembre del 2004, desde ahí los empleados empezaron a cerrar el lote con alambre”. En tanto su esposa Blanca añadió otro dato a la crónica compartida con el MOCASE VC “el 4 de Junio de 2009 a las 09:00 horas llegó el Oficial de Justicia Roberto García, el abogado de Bermejo Dr. Gerez y el Jefe de la Seccional de Policía de Campo Gallo Comisario Jorge Tejerina, personal de GETOAR en una camioneta particular, 19 personas uniformadas y 10 personas de civil empleados de Ángel Bermejo”.
Llamado al frente
Mientras tanto, bien entrado el año 2012, y luego de reiteradas denuncias ejercidas por los pobladores del Paraje La Elsita, Departamento Moreno, ubicado al Norte de la actual provincia de las chacareras, el diputado provincial Luis Zavalía presentó un proyecto que llama a declarar al Ingeniero Alfonso Tricárico (socio de Lipshitz) para ser interpelado ante la legislatura de la provincia.
El expediente legislativo N°21 solicita “se declare de interés provincial el esclarecimiento e investigación, por el despojo de sus tierras de humildes pobladores, gestado entre gente perteneciente al Programa Social Agropecuario (ahora Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación), en el inmueble denominado “La Elsita” de unas 6.700 has, con documentación apócrifa, basada en Sociedades ficticias, con denominación "Takima" y International Attorneys, S.A”.
La redacción añade “Invitar al Ing. Alfonso Tricárico a esta Cámara para que brinde las explicaciones de los supuestos hechos denunciados por pobladores de estas tierras, a fin de determinar la verosimilitud de lo denunciado”.
Asimismo, los pobladores rurales señalan que “aparecieron supuestos representantes de firmas anónimas que se atribuían la propiedad, al mismo tiempo les formulaban generosos beneficios, en particular provenientes de el ex PSA, lo que les permitiría una mejor calidad de vida…vieron con buenos ojos esta actitud, hasta que se dieron cuenta que estaban siendo víctimas de un posible despojo de sus tierras”, según relata en el documento presentado por el diputado Zavalía.
Un poco de historia…
Alfonso Tricárico y Osvaldo González llegaron de la provincia de Buenos Aires, en un primer momento a la provincia de Salta. Sus primeras acciones en el medio rural del NOA fueron en esa provincia donde desembarcaron para el cultivo de porotos en grandes extensiones; actividad que ya los vinculó con los desmontes de bosques nativos. De la provincia de Salta pasaron a Santiago del Estero, donde luego de un tiempo arribó el tercer socio, Héctor Lipshitz. Según cuentan ellos en sus historias, fueron militantes del Partido Comunista (PC) en Buenos Aires; pero según varios ex-integrantes de aquel partido estos personajes fueron expulsados del mismo.
No les fue muy bien en sus negocios agropecuarios desde la actividad privada, ya que en la mayoría de los intentos terminaron quebrados; por ejemplo, con el cultivo de algodón a gran escala que los tres realizaron en la zona de Sur de la provincia de Santiago del Estero. En sus andanzas como empresarios agropecuarios también fueron intervenidos por la AFIP por denuncias de defraudación tributaria en el gerenciamiento de una cooperativa algodonera. Del mismo modo, dejaron deudas impagas por créditos contraídos con el Banco Nación, involucrando en ello a terceros garantes hipotecarios que no formaban parte de sus sociedades. Explotaron también una gran extensión de campo en el Paraje Negra Muerta, cerca de la localidad de Clodomira. Su socio en ese negocio también manifiesta haber sido estafado por el trío.
Y así es como finalmente llegan a la función pública, incorporándose a la Unidad de Cambio Rural del INTA Santiago del Estero, donde se desempeñan como técnicos durantes varios años. De allí se retiran y con serios problemas.
Desde hace 14 años manejan la Delegación del ex–PSA, hoy Subsecretaría de Agricultura Familiar, en Santiago del Estero; pasando por los diferentes gobiernos y sus respectivos colores políticos (juarista, menemista, delarruista, duhaldista, kirchnerista), pero siempre promoviendo modelos productivistas que excluyen al campesinado santiagueño. Hace algún tiempo, poco menos que cuatro años, conformaron el Frente Compromiso Social, partido para el cual fueron candidatos a diputados y del que finalmente se retiraron. En la actualidad, ya es otra su opción política e integran el Partido Nuevo Encuentro junto a otros técnicos de la Subsecretaría, afines a su gestión y alineados al gobierno kirchnerista.
Lo que queda claro es que después de sus reiterados fracasos en los negocios privados, parecen haber cambiado su suerte desde que administran fondos públicos, puesto que sus patrimonios no hicieron más que incrementarse.
Esta es parte de la historia de estos tres tristes tigres; de militantes del PC a empresarios agropecuarios; de supuestos defensores de los derechos campesinos a usurpadores de tierras; de camaradas a compañeros nacionales y populares que despiden trabajadores.
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