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Las principales causas del problema: desproporcionada entrega de derechos de agua a privados por parte del Estado y la constitución de derechos sin incorporar desde el inicio el llamado Factor de Uso en las resoluciones. Todo esto adornado por legalidades e ilegalidades que en algunos casos rayan con lo fantástico.

En Chile los derechos de explotación de aguas subterráneas se entregan en consideración a la recarga anual del acuífero en cuestión. Entonces, cómo se llega, como es el caso de Copiapó, a un desbalance hídrico tal en que la recarga media del acuífero se estima en entre 4.000 y 4.400 l/s y los derechos otorgados se calculan en entre 21.000 y 25.000 l/s (serían 20.000 de agua subterránea y 5.000 de agua superficial). Datos ‘no duros’ porque dependen del modelo hidrogeológico que se utilice para calcular la recarga (hay varios) y de la cantidad de derechos constituidos, sobre lo que no hay claridad.

“Lo que ocurrió en Copiapó fue una tremenda inflación. Es decir, se emitió dinero sin fondo. Es exactamente igual. Por esto -en teoría- cada acción de agua corresponde a un 20% de lo que representaba al comienzo. A medida que entró más y más gente se emitió más dinero sin fondo”, explica el consultor Axel Dourojeanni. ¿Se viene un ‘corralito’? “No un corralito, más bien una devaluación brutal porque tu acción en realidad vale un quinto de lo que valía. Ahora está por verse quién asume el costo de la devaluación. Hace un tiempo escuché un estimado de que serían necesarios US$300 millones de dólares para recomprar derechos de agua de modo de devolver el balance al acuífero de Copiapó”, señala el experto en gestión del agua, hoy consultor senior de Fundación Chile.

Entrevistamos a representantes de los usuarios de la parte baja del valle, organizados en la Comunidad de Aguas Subterráneas (CASUB), organización única en Chile, principalmente integrada por agricultores pero que también incorpora otros rubros (minería, agua potable, servicios). Conversamos con don Nildo Pedemonte, quien desde 1947 mantuvo responsabilidades –desde la gestión estatal- en la administración del agua de Copiapó, un verdadero apasionado por el valle y sus recursos hídricos, quien explica cómo se perdió la sustentabilidad hídrica de la cuenca en el largo plazo. También a Axel Dourojeanni, experto en agua que ha asesorado a diferentes instancias -públicas y privadas- que buscan mitigar la crítica situación hidrológica de la cuenca, especialista que además de indicar lo que a su juicio han sido los principales errores, aporta algunas medidas factibles de ser aplicadas sin necesidad de modificar el actual Código de Aguas. Lo que para él sería una medida extrema.

En resumen, entrega de derechos a destajo –sin conocimiento cabal de las capacidades del acuífero-, leyes, decretos, resoluciones (etc.) sin soporte hidráulico o que buscaban tapar errores sin solucionarlos, la existencia de múltiples modelos hidrogeológicos –ninguno plenamente aceptado por todos los actores-; el dramático incremento de la eficiencia de riego intrapredial –acercando la evapotranspiración al 100% (riego por goteo) y disminuyendo en la misma proporción el porcentaje de agua que retorna a recargar el acuífero de la cuenca-; la no incorporación del llamado Factor de Uso en la constitución de los derechos de explotación –que en su momento se entregaron a agricultores que bombeaban 8 horas al día, 4 meses al año (un uso consuntivo cercano al 20%), siendo que hoy día muchos de esos derechos pasaron a la gran minería, la que bombea 24 horas al día, 365 días al año (uso consuntivo del 100%).

“Una de nuestras principales inquietudes es lo referente al poder económico de las mineras”. Afirma el olivicultor Rodrigo Moreno Prohens, presidente de la CASUB. “En el Sector IV del acuífero (Tierra Amarilla) un poco más del 80% de los derechos son de mineros. Ese sector siempre tuvo agua hasta que comenzaron las grandes explotaciones mineras. Hoy ese sector se está quedando seco y eso es muy peligroso porque allí se extrae la mayor parte del agua potable de la ciudad. Pero además al Sector IV lo han secado de forma bastante tonta porque parte del agua se usa para transportar el mineral por un acueducto hasta el mar. En vez de camiones prefirieron usar un recurso escaso como es el agua”, puntualiza el agricultor.

“La realidad del Copiapó sobrepasa a cualquier experto jurídico en agua. Aquí llegan abogados que están aprendiendo y abogados de larga trayectoria, pero si no se está en el valle, es tal el enredo producto del sobreotorgamiento…, ya que se supone que no hay sobre explotación porque la DGA hizo un balance de cuenca cuando entregó los derechos y si ellos sobre otorgaron, algo que recién están reconociendo, cómo va a haber sobre explotación”, señala Carlos Araya, administrador de la Comunidad. Sin embargo, lo claro es que el acuífero se está agotando por lo que obviamente además está siendo físicamente sobre explotado.

La Comunidad de Aguas Subterráneas (CASUB)

La cuenca de Copiapó ha sido dividida en seis sectores hidrogeológicos dentro de los que la CASUB representa a los sectores V y VI. Así su zona de influencia corresponde al ‘Área de Restricción Copiapó – Piedra Colgada/Piedra Colgada – Desembocadura’. Son los sectores bajos del valle que comienzan en la ciudad de Copiapó y acaban en la desembocadura del río Copiapó (ver recuadro). Inmediatamente aguas arriba de ellos está el Sector IV, Tierra Amarilla, una de las zonas más críticas del acuífero.

“El primer gran problema fue que partimos con un registro de comuneros y de pozos obsoleto. Era lo que había. Cuando íbamos a ver un pozo ya había sido vendido y transferido un par de veces. En algunos casos quien aparecía como tenedor de los derechos estaba muerto. Encontramos todo tipo de situaciones. A la fecha no tenemos un registro de comuneros actualizado y es un instrumento fundamental en esta etapa. Cuando tengamos un registro exhaustivo y actualizado vamos a poder decir que quien no aparece en ese registro o se normaliza o queda fuera”, sentencia Moreno Prohens.

Hoy tienen a una persona trabajando a tiempo completo en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) para que revise, desde los años 60’ en adelante, todas las transacciones de agua de Copiapó. Además se publicó un inserto en el diario regional indicando que todos los comuneros tienen un mes para llevar su certificado de dominio vigente. “En el futuro sólo los que estén inscritos en el rol de la CASUB, independiente de que estén en el CBR, van a poder extraer agua de un pozo”, explica Carlos Araya.

Señor Rodrigo Moreno Prohens:

– ¿Cuáles son las principales acciones que ha realizado su Comunidad?

– Estamos regularizando el rol de usuarios y además hemos mantenido una férrea oposición a la agresión de las mineras que pretenden extraer agua de nuestro sector. Es un desgaste tremendo presentar oposición tras oposición. Nuestra principal oposición no apunta a que los mineros no entren si no a que entren en base a los cálculos con que se entregó el derecho de explotación al agricultor, porque cuando ese derecho pasa a la minería se pierde el balance. Que compren derechos, pero no deben extraer más del 20%: 8 horas por 4 meses al año. Tal como fue concebido el derecho en el balance del acuífero.

– ¿Por qué sienten que la minería es una amenaza?

– Ellos están tratando de convencer a todo el mundo y a las autoridades de que aquí (Sector V) es donde hay mayor cantidad de agua subterránea. En tanto compran derechos para explotar pozos acá, ya que legalmente no pueden trasladar los derechos a Tierra Amarilla, y se van a llevar el agua por un tubo. Eso no se debe permitir porque van a causar un gran perjuicio en este sector en que ya no hay recarga del río y tampoco hay recarga por las napas porque los sectores (cada uno un embalse subterráneo) hoy están aislados. Van a venir a chuparnos lo que está acumulado en el fondo y sin recarga esto va a durar sólo 5 o 10 años. No tenemos claro cuántos litros por segundo han comprado en esta zona, creemos que cerca de 600, pero ese caudal lo van a bombear hacia arriba por un entubamiento de 500 l/s, junto al agua servida-tratada de la ciudad, y sin ni siquiera hacer un estudio de impacto ambiental.

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