BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Entre el 13 y 16 de septiembre se realizó en la ciudad peruana de Arequipa el Foro Nacional de los Pueblos, organizado por la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), como evento paralelo a la 30° Convención Minera Perumin que reunió al empresariado minero de ese país.

El Foro además de haber sido  punto de encuentro de las CORECAMIS (organos regionales de la CONACAMI), reunió a distintas organizaciones como la Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el  Frente Amplio de defensa del Valle de Tambo, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales del Sur de Puno, la Asamblea Regional de Jóvenes de Cusco, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), entre otras.

Desde la RedAJ participamos acompañando a comuneros de la Puna de Salta y Jujuy, quienes enfrentan actualmente la intervención en sus territorios de empresas transnacionales interesadas en el desarrollo de la megaminería de litio, reclamando su derecho a la consulta previa que establece el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El objetivo del Foro era discutir y visibilizar los impactos del modelo de explotación megaminero sobre los pueblos indígenas. En ese marco, durante los primeros dos días, se desarrollaron diferentes paneles que abordaron las diversas dimensiones de la conflictividad socioambiental minera en las comunidades del Perú. Bajo esta propuesta, el 14 de setiembre las organizaciones sociales y representantes de comunidades afectadas trabajaron en forma paralela mesas sobre “Cambio climático, agua y  minería”, ”Víctimas por metales tóxicos producto de la minería”, ”Criminalización y militarización en territorios comunales” y “Agenda de las mujeres”.

Para nosotros, la jornada más relevante se desarrolló el día 15, donde se discutió la “ley N° 29785 del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”,  recientemente votada por el Congreso peruano por segunda vez (la primera vez había sido vetada por el gobierno de Alan García). A pesar de la importancia simbólica de esta legislación, en sus intervenciones, los dirigentes cuestionaron fuertemente el artículo 15 de la ley, según el cual, “La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente”, en tanto, al establecer al Estado como autoridad decisoria suprema,  vicia de manera irremediable el espíritu básico del derecho de las comunidades a las consulta. Los dirigentes comunales también denunciaron no haber tenido acceso al texto definitivo hasta después de la aprobación del mismo por parte del Congreso. Este último punto originó un debate extenso acerca de la necesidad de las comunidades de avanzar hacia la representación indígena en el Parlamento como forma de garantizar la inclusión de sus intereses en el proceso legislativo.

Entre muchos reclamos, se discutió la necesidad de que la ley de consulta sea retroactiva, abriendo la posibilidad de revisar el conjunto de las medidas administrativas que afectan a las comunidades y abarcando de esta forma todos los procesos de autoconsulta en los cuales las comunidades ya se manifestaron por el “NO” a la megaminería. Del mismo modo, también se destacó la falla de que la ley solo comprenda a los pueblos  indígenas y   excluya a las comunidades campesinas que, consideraron, tienen el mismo derecho a ser consultadas y a expresar libremente su autodeterminación sobre el destino de sus tierras y recursos naturales y el carácter del modelo de desarrollo a implementar.

A pesar de estos y otros reclamos, se concluyó que, en líneas generales, la votación por parte del recientemente conformado Congreso peruano marcó “un empate político” para la lucha de las comunidades afectadas por la megaminería, en palabras del presidente de la Coordinadora de Organizaciónes Indígenas, Miguel Palacín Quispe. En este contexto, las organizaciones entienden que es fundamental que el gobierno les garantice una  participación efectiva en la reglamentación de la norma desde donde incidir para mejorar sus aspectos negativos.  La exigencia de participación en la reglamentación constituye un mensaje político de fortaleza y unidad frente al gobierno, sin demostrar conformidad.

En párrafo aparte, cabe recordar que la movilización a favor de esta ley de consulta tiene como precedente trágico la masacre de Bagua, del 5 de junio de 2009. Los últimos gobiernos de Perú cargan con la responsabilidad de numerosas muertes de líderes opositores a la megaminería,  además de cientos de procesados y criminalizados por una lucha social que abre cada día más debates y pone en discusión la necesidad de redefinir de manera urgente el modelo de desarrollo imperante. Los derechos de los pueblos no son regalos generosos de los órganos de poder; su efectivo ejercicio tampoco depende de ellos.

El último día, 16 de septiembre, se leyeron las conclusiones del foro y se realizó una marcha en la que atravesamos la ciudad de Arequipa, caminando desde las 11:00 hasta las 16:00. Con asombro destacamos la paciencia y organización de los compañeros para mostrar a la ciudad una movilización ordenada y pacífica que no dejó de impactar por su masividad. Alrededor de 8.000 manifestantes caminamos durante 5 horas acompañados constantemente por la Policía Nacional, que tuvo que ponderar la protección de los empresarios mineros realizando un cordón alrededor de las instalaciones donde se realizaba la clausura de Perumín que esperaba las palabras del Presidente Presidente Ollanta Humala, quien habiendo tomado nota de la importante demostración de fuerza por parte de las comunidades afectadas, finalmente no asistió a dar su discurso de cierre.

Las conclusiones del Foro fueron resumidas en la “Declaración del Misti”. Entre las más discutidas podemos mencionar: la “zonificación ecológica”, que consideraron una medida fundamental para el ordenamiento territorial de las regiones; la conformación de una Asamblea Constituyente para avanzar hacia el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Originarios y los Derechos de la Naturaleza, de manera que pondere la soberanía política; la absolución de los procesos contra los líderes indígenas; y también, la creación de una comisión que investigue la verdad sobre la megaminería y las industrias extractivas.

Al finalizar la marcha, el  Secretario de Desarrollo Institucional de la CONACAMI, Pablo Salas Charca fue abordado e ilegalmente detenido por la Policía Nacional que lo apresó y sometió a intimidaciones, amenazas, maltratos. El líder recibió la contención de su organización que actuó a través de la presión de sus compañeros y la presencia inmediata de los abogados de la CONACAMI. Sin embargo, Salas Charca sólo fue liberado luego de pasar la noche encerrado.

Una nota destacada merece la cobertura brindada por los medios masivos de comunicación que, en consonancia con el discurso de los funcionarios públicos,  sostuvieron una campaña sistemática de desinformación y estigmatización de los luchadores sociales y la causa de las comunidades. Desde el primer día leímos en los diarios augurios infundados acerca de  supuestas intenciones violentas por parte de los organizadores de la marcha los pueblos y comunidades; vaticinio que no se cumplió porque la marcha se realizo con mucho esfuerzo en un clima totalmente pacífico. Sin embargo los medios ya habían creado un clima enrarecido, afirmando que existiría la voluntad de generar disturbios, que los manifestantes eran violentos, terroristas,  “narcotraficantes” y demás estigmas que poco tienen que ver con la realidad, en un discurso mediático que pareciera estar fuertemente naturalizado. Para mayor asombro, en esos días, leímos una y otra vez los mismos argumentos que la ortodoxia de los intereses megamineros pregona en nuestro país: “la minería factor de desarrollo”, “no podemos volver  a las cavernas”, “tantos millones deja la megaminería”, etc. Este discurso no da cuenta de los datos duros de la realidad.

Según los informes periódicos elaborados por la Defensoría del Pueblo de Perú, hacia agosto de 2011 se reportan 214 conflictos activos en ese país, de los cuales 119 son de naturaleza “socioambiental”. La política de “desarrollo” del Gobierno Peruano ha arrastrado al país a un nivel de conflictividad social que ya carga demasiadas muertes. Las comunidades que se oponen, levantan su voz bajo el lema “agro sí, mina no”. Es que tienen propuestas para llevar adelante un “desarrollo” que les permita continuar con su forma de vida. Tal y como reclama el líder Walter Aduviri “Los ministros que no son de minería están todos escondidos debajo de la mesa, debemos exigir políticas públicas para todos los sectores. Ollanta es el gobierno pero no tiene el poder, está secuestrado por el poder económico”. Quizás este mensaje nos  deja un interrogante importante acera de las enseñanzas de la experiencia del Perú para el futuro de la Argentina Minera que nos proponen el establishment económico y sus aliados locales en los gobiernos nacional y provinciales.




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