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El Senado de la Nación deberá analizar el pliego de Pedro Eugenio Simón para ser designado fiscal federal en la provincia de Santiago del Estero. La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo de la Nación y mereció la impugnación de varias organizaciones, entre ellas del Frente Nacional Campesino y de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos. Los impugnantes dijeron que Simón representa “legal y políticamente a los terratenientes y empresarios vinculados a las corporaciones nacionales e internacionales del complejo sojero”. Recordaron la pertenencia de postulante al estudio jurídico Sechi Retondo, especialista en desalojar campesinos de sus tierras. Como ejemplo del accionar empresario y de su staff de abogados, citaron el caso de la familia Quiñónez, que había habitado durante décadas en el lote 41 de Los Juríes en el Departamento de Taboada, jurisdicción de Añatuya. Los Quiñónez fueron desalojados en varias oportunidades, la última de ellas mediante una estafa con falsificación de documentos públicos pergeñada por abogados y escribanos para beneficio de los empresarios del campo. De esa maniobra participó Simón, que fue imputado en la investigación de la estafa, por la que ya están procesados por la jueza Roxana Vera el empresario Carlos Sartor y el escribano Edmundo A. Gómez, de la ciudad de Santiago.
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