Ante la solicitud de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, los propietarios decidieron tomar el mismo camino que ya han adoptado los similares de otros doscientos predios de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres, tras haber recibido cedulones solicitando el acceso para desarrollar la prospección, etapa previa a la exploración.

El Código de Minería señala que los yacimientos son propiedad de la nación, subrayando que estos forman un inmueble distinto y separado del terreno o fundo superficial. En tal sentido el propietario del predio, identificado como "superficiario", está "obligado a respetar el derecho de búsqueda".

Los productores han recurrido la solicitud argumentando que el eventual ingreso, así como la posible actividad minera, "perjudica o afectará gravemente" la producción que ya se desarrolla en la propiedad. La presentación del recurso impide a la minera desarrollar la prospección por un plazo de 200 días. Vencido este, los productores inician una segunda instancia elevando un escrito al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Allí depende del tiempo que le lleve a dicho órgano el análisis de cada caso. A dicho tribunal comenzaron a llegar ya los primeros recursos que cumplieron 200 días de presentados ante la Dinamige.

Cristina Ramírez, productora de Cerro Chato, en la 12ª sección de Florida, tiene seis predios cercanos a los arroyos Monzón y de los Gauchos, que le fueron solicitados para las primeras etapas de prospección y posterior exploración de hierro por parte de Aratirí.