BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Macarena Scheuch

Diversas agrupaciones criticaron el fallo de la Corte Suprema que el 16 de junio pasado rechazó un recurso en contra del proyecto minero Catanave presentado por el alcalde de Putre, Aldo Carrasco, y comunidades aymaras para evitar que esta iniciativa se lleve a cabo.
Ello porque el 3 de diciembre de 2010 la Comisión Regional de Medio Ambiente, Corema, de Arica y Parinacota autorizó el proyecto de Southern Cross Corporation que pretende instalar siete plataformas para realizar 14 sondajes en la ladera oeste del cerro Catanave, al interior del e la Reserva Nacional Las Vicuñas, ubicada a unos 60 kilómetros al sureste de la localidad de Putre.
El máximo tribunal ratificó, en fallo dividido, el veredicto de la Corte de Apelaciones de Arica que consideró que no hubo acto ilegal o arbitrario al aprobar el proyecto. La decisión de la Corte Suprema tuvo el voto en contra del ministro Haroldo Brito, quien fue partidario de acoger el recurso para realizar una consulta de acuerdo a los preceptos del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
Desde el municipio este proyecto es cuestionado porque la zona, declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la Unesco,  es un humedal de altura de gran fragilidad ecológica y que subsiste gracias a las aguas subterráneas, que serían utilizadas por la empresa, estimándose el uso de 40 mil litros de agua por sondaje.
Gino Grunewald, del Consejo Nacional Aymara Arica Urbano, manifestó que toda intervención en el altiplano, donde está el germen del agua, va a  provocar un desequilibrio en el ecosistema que no sólo afectará al pueblo aymara, sino a la actividad ganadera y la agricultura en el Valle de Azapa.
A través de un comunicado en conjunto con  la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota anunciaron que realizarán una denuncia formal  a la OITA en contra del Gobierno de Chile por el incumplimiento del Convenio 169 y a la Relatoría de Asuntos Indígenas y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En tanto Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, señaló que el fallo es un mal precedente puesto que se está faltando a compromisos internacionales, sobre todo tratándose de una compañía con malos antecedentes en otros países como Perú, donde causó un desastre natural en Ilo por el vaciamiento de desechos minerales al mar.
“La gente en Perú no confía en esta empresa porque tiene un largo prontuario ambiental y social de maltrato a los trabajadores, a las comunidades campesinas e indígenas. De contaminación, de desastres ambientales. Acá no sólo se le permite operar en Chile, sino que se le permite operar al interior de un área protegida y eso es mucho más alarmante con los antecedentes que tenemos de esta empresa”, detalló el experto.
Cuenca advirtió además que esta situación podría volver a producirse en otras zonas protegidas de la región, señalando que: “Esto abre un forado en el sistema de áreas protegidas sobre todo en el norte de Chile que es tremendamente alarmante. Esto quiere decir que la Minería se puede desarrollar en cualquier área protegida del norte de Chile y no se está haciendo como lo consideran los convenios internacionales a través de la discusión de una ley en el Parlamento que permita desafectar estas áreas, y se está haciendo por medio de medidas administrativas de decisiones políticas gubernamentales levantar las restricciones que hay en estas áreas protegidas” .
Cabe destacar que lo que ocurre en Catanave no es tan sorpresivo luego del anuncio del Presidente  Sebastián Piñera en Arica durante su visita en junio de 2010 donde aseguró que  “en conjunto con la comunidad de la región, queremos explorar un desarrollo de una industria minera sana y sustentable en Arica y Parinacota” añadiendo incluso  la posibilidad de desafectar entre el 5 y el 15 por ciento del Parque Nacional Lauca.