"Aquí todo tiene precio. ¿Quiere que le agilicen un registro minero, que se lo demoren, que le den derechos de explotación en una zona prohibida...? Pague. Esto es a la carta: todo se puede".

Ese fue el diagnóstico que recibió el Gobierno tras una investigación de seis meses en el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), donde se descubrió que hay tarifas para todo tipo de trámites y hasta una cuenta bancaria en Valledupar para que particulares consignen sobornos (Lea la historia de una pareja que negocia con licencias de explotación minera).

Aunque en la rueda de prensa de esta semana el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, no dio nombres ni detalles de lo que calificó de una "piñata con los títulos mineros del país", EL TIEMPO obtuvo el listado de funcionarios y ex funcionarios implicados en la indagación, que incluye al ex director de la entidad Mario Ballesteros, a quien el gobierno Santos le pidió la renuncia en octubre pasado.

Es más, se estableció que hay hasta cámaras espía en los computadores claves de la institución, que dan acceso a información privilegiada sobre las decisiones que se toman en un sector considerado como una de las grandes locomotoras de la economía. Solo entre enero y marzo, el sector minero exportó 2.019 millones de dólares, el 16 por ciento de todas las ventas al exterior.

Este diario también identificó a los llamados 'zares' de los títulos mineros: los esposos Héctor Alfonso Acevedo Gordillo y Yolanda Castro Jiménez, quienes tienen 12 registros aprobados y tramitan 500 más.