BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

BUENOS AIRES, Argentina.- Organizaciones sociales latinoamericanas condenaron, en un juicio simbólico en esta capital, el intervencionismo militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, porque constituye una “amenaza a la paz, la libre determinación y la vida democrática” de los pueblos de la región.
Dentro de los trabajos del Tribunal Ético Sobre las bases Militares Extranjeras en el ámbito latinoamericano y caribeño, fue presentado el documental Militarismo y armas nucleares, amenaza global, producido por el Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales (CLAEI), con sede en la Ciudad de México.
El documental recibió comentarios elogiosos de los asistentes, en particular, del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; del copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina y ex diputado nacional, Miguel Monserrat; de Enrique Daza, secretario ejecutivo de la Alianza Social Continental (ASC); y de José Reinaldo Carvalho, director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz (Cebrapaz).
Me correspondió presentar el documental del CLAEI. Entre otros puntos, enfaticé: “La creciente presencia militar de Washington en América Latina sigue la pauta estratégica de la globalización de la OTAN, única alianza militar trasnacional, que pretende desplazar a la ONU como el principal foro global y la más importante organización supranacional”.
Los participantes advirtieron que las bases militares y las tropas estadunidenses en Colombia, Honduras, Paraguay, Puerto Rico, la fortaleza de la OTAN en las islas Malvinas y la ocupación de Guantánamo (Cuba), donde Estados Unidos instaló una cárcel y un centro de torturas, forman parte de “un plan estratégico de dominación imperial”.
El juicio, a cargo del Tribunal Ético encabezado por Beinusz Szmukler (presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, AAJ), se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Fue organizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina, el Servicio de Paz y Justicia de América Latina (Serpaj-AL) y el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol); y auspiciado por la ASC, el Consejo Mundial por la Paz (CMP), la AAJ y el CLAEI.
El primer punto de la sentencia resuelve: “Condenar el intervencionismo militar del gobierno de Estados Unidos en América Latina y el Caribe como acto antijurídico de agresión, conforme a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, porque configura una amenaza a la paz, la libre determinación y la vida democrática de sus pueblos”.
Agrega que esa política militar configura asimismo “un acto contra las normas del derecho internacional y del derecho de gentes”, a la vez que denuncia que el gobierno estadunidense autorizó “la utilización de la tortura y otras prácticas inhumanas y degradantes” contra los prisioneros.
También exhorta a los gobiernos de América Latina y el Caribe “a no conceder la inmunidad reclamada por el gobierno de Estados Unidos para sus efectivos militares instalados en la región por violar el principio de igualdad ante la ley y constituir un inadmisible privilegio a una potencia extranjera”.
Durante mi presentación, insistí en que es muy importante para nosotros, los latinoamericanos, la creciente presencia de la OTAN en el sur y particularmente en América Latina.
Las bases militares extranjeras ponen en peligro la paz y atentan contra la estabilidad, la democracia, los derechos humanos y los procesos de integración regional.
Consecuentemente, deben ser prohibidas, eliminadas definitivamente, por medio de un tratado latinoamericano, que sea equivalente al Tratado de Tlatelolco, que liberó a los latinoamericanos de la amenaza nuclear, aunque ésta subsista al norte del río Bravo.
Está en marcha una gran movilización latinoamericana y caribeña, para construir ese nuevo Tlatelolco. Los pueblos, la sociedad civil exigen ser escuchados. Es el turno de los gobiernos.