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Ante los conflictos mineros que afectan al Perú, el presidente Ollanta Humala ha empleado la misma represión y persecución a los dirigentes sociales, ambientalistas y autoridades locales que sus predecesores, a pesar de comprometerse a no hacerlo.  

Así lo establece el informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú, mismo que destaca que el Gobierno aplicó un “manejo militar” en los últimos conflictos antimineros, como “la declaración de estados de emergencia, la militarización de las calles y abusos de las fuerzas del orden que ya han provocado la muerte de 17 personas” durante las protestas.

Desde 2007, el Observatorio supervisa la actividad minera en las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Apurímac y Piura ante el creciente clima de protestas sociales.

En su análisis, señala que los estudios de impacto ambiental, realizados para autorizar concesiones mineras y extractivas en Perú, son insuficientes y han quedado desfasados porque sólo permiten medir los impactos por cada proyecto, pero se desconoce lo que sucede en una misma zona cuando se piensa desarrollar dos o tres proyectos a gran escala a la vez.CASOS. Cajamarca es uno de los ejemplos más representativos de la evolución de los conflictos mineros en el Perú por la oposición de sus autoridades regionales al proyecto Conga, donde la empresa Yanacocha planea extraer oro tras vaciar cuatro lagunas con una inversión de $us 4.800 millones.

Según el informe, “de cómo se resuelva el conflicto de Conga va a marcar la pauta respecto a otros conflictos”, pues Humala se manifestó en campaña electoral a favor de respetar el agua, antes que el oro. No obstante, se desconoció el estudio de impacto ambiental de Conga, en el que el Ministerio del Ambiente reconoció “el impacto negativo que sufrirían las cabeceras de cuenca y la depredación de los ecosistemas frágiles”.

 La actividad de Yanacocha en otros yacimientos de Cajamarca ha llevado “progreso” a esa región, pero el 40% del valle ha desaparecido, hay racionamiento de agua y cada día crece la prostitución y la delincuencia, anota el informe.

En el Cuzco, las autoridades del distrito de Espinar también protestaron contra Xstrata, que explota el yacimiento Tintaya, por la existencia de 28 personas contaminadas con mercurio, 24 con arsénico y 10 con valores de cadmio.

Los proyectos mineros que se ejecutan en Apurímac, Junín, Piura o Cuzco también están observados. Apurímac tiene el 58,8% de su territorio con concesiones para la minería, la región Cajamarca tiene el 48%, Junín el 25,9%, Piura el 31% y Cuzco el 21% de su geografía.

Perú no tiene una ley de Ordenamiento Territorial que regule el uso, la ocupación, la transformación del territorio y que propicie su uso sostenible, concluye el informe. Situación en el problema sobre minasHuelgaDesde el 31 de mayo los pobladores de Cajamarca mantienen una huelga indefinida en defensa del medio ambiente y contra el proyecto Conga, que prevé una inversión de $us 4.800 millones, por lo que han suspendido las clases escolares.PérdidasSegún la Cámara de Turismo de Cajamarca, la  región pierde al día un millón de soles (unos $us  378 mil) tras los violentos sucesos ocurridos y por el estado de excepción en la zona. El Gobierno mantiene su posición de apoyo al proyecto minero. EFE, LimaLas crisis forzaron 3 estados de excepción AFP

Como señal de que las protestas son un dolor de cabeza para su gobierno, el mandatario Ollanta Humala decretó tres veces el estado de excepción en distintas ciudades del país, fundamentalmente por conflictos vinculados a la minería, recuerdan analistas.

Por ello, la imagen del Jefe de Estado del Perú sufrió los embates de ese costo: su desaprobación alcanzó el 51% en julio, su nivel más alto desde que juró el 28 de julio de 2011, según un sondeo de Ipsos Apoyo realizado a 1.200 personas.

Ésta “es una gestión en piloto automático”, mientras que “la inestabilidad social afecta las expectativas de los inversores”, dijo el  economista Jorge González Izquierdo.

Humala, excomandante del Ejército de 50 años, tampoco ha respondido como se esperaba al problema de la seguridad. “Es uno de los puntos más flojos de su gestión”, señaló el analista Mario Ghibellini.

“La gente tenía la fantasía de que por ser un militar iba a dar orden y represión selectiva para cortar crímenes, pero (aquello) no se ha cumplido”, sostuvo.

Asimismo, agregó, el control del narcotráfico en el Perú      —uno de los mayores productores mundiales de cocaína según la ONU— es percibido como uno de los aspectos más débiles de la gestión de Humala. Un año con deficiencias en el manejo de disturbiosEn 12 meses, 17 muertos y más de 2.300 heridos en protestas del sector AFP - Lima

El mandatario Ollanta Humala cumplió su primer año de gobierno con serias deficiencias en el manejo de conflictos sociales y en el control del narcotráfico, pero con aciertos en el campo económico, señalan analistas y expertos.

Las protestas contra varios proyectos mineros, en defensa del agua y del medioambiente, se convirtieron en la piedra en el zapato de Humala por su alto costo social: 17 civiles muertos y más de 2.300 heridos en diferentes conflictos en los últimos 12 meses.

El Gobierno “desaprovechó sus primeros 12 meses de gestión sin reformas estructurales que son necesarias en el Perú, especialmente en el campo de la salud y la educación. Tampoco hubo ninguna reforma del Estado y ningún programa agresivo de infraestructura a nivel nacional”, lamentó el economista Jorge González Izquierdo.

“Los conflictos dominan la escena, porque no hay un manejo adecuado de ellos en la medida que no hay partidos políticos fuertes en las regiones donde ocurren y son reemplazados por grupos locales que se desarrollan en torno al conflicto”, dijo el exministro del Interior Fernando Rospigliosi.

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