MALDITOS
Si sos kirchnerista pero estás de acuerdo en la protesta contra la megaminería contaminante, podés ayudar a tu gobierno pegándote vos mismo.
Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
| Friday, 27 de July de 2012 | |
 74 familias de la comunidad Nam-Qom, situada a 10 kilómetros de la ciudad de Formosa, llevan seis días bajo asedio policial. Se encuentran rodeadas mediante un cerco y les impiden salir o entrar con alimentos y agua. Están amenazadas para que desalojen terrenos que son de su propiedad, y que el Gobierno provincial y la Justicia los acusan de haber usurpado. AUDIO entrevista a Israel Alegre integrante de la comunidad-La Retaguardiadescargar (Red Eco) Formosa- En el año 1975 mediante el decreto 3.770 el gobierno restituyó los terrenos a la comunidad. En 1978 el gobierno militar usurpó más de una manzana de la comunidad para instalar una antena de Canal 11, luego la dirección de Vialidad les quitó otra manzana para depositar chatarra de accidentes. Ahora, es el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) quien se adjudica la propiedad del inmueble en virtud de que existe un proyecto para la realización de construcciones para uso comunitario para el cual se habría afectado el predio de referencia. Fue el ICA quien el lunes 16 de julio efectuó una denuncia por usurpación, solicitando medidas de resguardo, luego que más de un centenar de integrantes de la comunidad, cansado de vivir hacinados, decidiera recuperar este predio abandonado. La denuncia recayó en la jueza de Feria Viviana Taboada que habría ordenado a la policía que evitara el ingreso de más personas al predio o elementos materiales para que las edificaciones continúen. Nadie ha visto la orden judicial, pero los originarios que se encuentran cercados sí han visto cómo la misma policía que hace dos años asesinó a Roberto López y Sixto Flores de la comunidad La Primavera, apareció el viernes 20 y desde entonces los amenaza, insulta e intimida. Se encuentran presionados tanto psicológica como físicamente por las fuerzas policiales, privándolos de su libertad, ya que les impiden salir de dicho cerco y ocuparon diez de las viviendas armadas por los miembros de la comunidad. Hasta el momento la intervención del gobierno, a cargo de Gildo Insfrán, se limitó a la visita de la secretaria de Derechos Humanos, María Silvina Aráoz, y de José Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de la Provincia, siete días después de iniciado el conflicto. Según indicaron los funcionarios fueron a corroborar el accionar policial y la situación en la que se encontraban los integrantes de la comunidad. El Defensor del Pueblo solicitó a las Autoridades Provinciales Competentes, que las Fuerzas Policiales “se limiten a efectivizar las garantías y derechos constitucionales de los aborígenes, debiendo ser respetuosos y dejar de lado cualquier conducta intimidatoria, discriminatoria, o al margen de la Ley, para con cualquiera de los ocupantes, cumpliendo únicamente, las órdenes que imparta la Justicia”. A su vez, deslindaron responsabilidades del gobierno ante la situación indicando era la justicia quien debía actuar con celeridad dado que se trataba de una “disputa de carácter legal, en cuanto al territorio”. Pero la jueza de turno Nº 1 de Instrucción Correccional Viviana Taboada poco ha hecho, hasta el momento, más allá de habilitar a la policía a improvisar un campo de concentración. Por otra parte, el domingo en últimas horas de la noche la doctora Marina Morales Ríos, que representa a la comunidad, logró radicar la denuncia sobre el caso del Lote 68. El Fiscal Lucio Leiva, a cargo de la Fiscalía Nº3, recepcionó dicha denuncia y se comprometió a adoptar las medidas del caso, a fin de que se dé cumplimiento al Artículo 14 de la Ley 24.284 evitando medidas de represión contra los aborígenes que se encuentran resistiendo en el predio que reclaman. Fuentes: plazademayo.com - lacornetanoticias.com.ar - Rita Venturino http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=8604&Itemid=130 |
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