MALDITOS

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Si sos kirchnerista pero estás de acuerdo en la protesta contra la megaminería contaminante, podés ayudar a tu gobierno pegándote vos mismo.

Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS

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12/07 – 17:30 – Leonardo Álvarez, diputado provincial que saltó a la fama a través de una nota de OPI, donde se lo expuso como cómplice de “apretar” a las mineras para que contraten los servicios de su empresa, volvió a la carga en los medios, para explicar (o embarrar) la inconcebible medida que tomó, junto a los legisladores de La Cámpora, para evitar que prospere un proyecto que intenta cobrarle a las mineras cada vez que hacen un negocio entre ellas, con los recursos naturales de la provincia.
“Lo que no tiene explicación, es inexplicable”. Esta verdad de Perogrullo parece aplicable a la acción incomprensible que tuvo parte de la legislatura provincial, en la última sesión y las declaraciones posteriores que hizo el diputado Leonardo Alvarez, después que se dispararan las críticas.
No es para menos; Álvarez y el sector de La Cámpora, junto al Vicegobernador que no se sabe bien de qué lado está, evitó que prosperara un proyecto de otro diputado del FPV, para que la provincia le cobre a las empresas mineras, un porcentaje por la venta de los yacimientos y de esa manera deje una participación obligatoria de transacciones multimillonaria que hoy la provincia “solo ve pasar”.
A raíz de ello y de las distintas implicaciones que llovieron sobre los disputados por la incongruencia de su accionar, incompatible con la realidad que vive la provincia, Leonardo Álvarez, de San Julián, salió a expresar por distintos medios lo que parece ser el fundamento de la decisión de 12 diputados, que – aparentemente – no quieren, temen o se niegan, a “tocar” el bolsillo de las mineras.
El legislador, recordemos, es empresario transportista (de las mineras), fue denunciado por la Cámara Minera, precisamente, debido a que extorsiona a las empresas para que contraten los servicios de su transportadora, quejándose las operadoras que le cobra 10 veces más que lo normal, por el mismo trabajo. Es, además, Presidente de la Agencia de Desarrollo de San Julián y como diputado armó un escándalo para integrar la “Comisión de minería”, dado que sus pares (con buen criterio) le habían marcado la incompatibilidad para incorporarse a esta comisión que debe decidir sobre cuestiones que hacen a su propio negocio. Hizo tanto lío, que finalmente, su amigo, el Vicegobernador Fernando Cotillo, a su vez Presidente del Cuerpo legislativo, “autorizó” que Álvarez se “agregara” a los 10 miembros y con voz y votos para decidir sobre cuestiones de minería, nicho donde tiene depositados sus negocios empresariales.
El legislador salió a defenderse de las críticas y a justificar “sus miedos” a la hora de tener que apoyar este cánon a la transferencia minera. Contrariamente a lo que sucede con otros temas, Álvarez y los integrantes de La Cámpora se mostraron muy sensibles ante la posibilidad de estar “afectando la Constitución” y ante la duda, mandaron el proyecto a Comisión, sin pensar que el mismo había tomado estado parlamentario luego de pasar por tres comisiones que avalaron su legalidad.
…no nos interesa sacarle recursos a nadie ni extorsionarlos de ninguna manera” dijo Álvarez en tren de justificar la inusual precaución que tomaron los diputados ante un proyecto que solo intenta tomar dinero de una renta financiera que obtienen las operadoras mineras, por la venta de los yacimientos que son de la provincia.
“Este famoso canon extraordinario que colisiona con el Código de Minería Nacional en realidad no es un impuesto sobre la renta minera que realmente seria un impuesto progresista, porque a quienes más ganan les haría pagar más, simplemente grava las transferencias de propiedades mineras y mas allá de ser inconstitucional es impracticable porque la realidad nos indica que las empresas no hacen transferencias sino traspasos de acciones, es decir, un accionista vende sus acciones a otros en extraña jurisdicción pero la empresa sigue siendo la misma”, agregó el diputado.
Ningún representante minero en la Cámara podría haber defendido mejor a las empresas multinacionales. A estas alturas, no hay duda que Álvarez y Cia constituyen un grupo lobysta de las mineras y si no estuviéramos en Santa Cruz, donde la realidad pasa por otro lado para la justicia, tendría que haber un Fiscal o un Juez que actuara de oficio, investigara las relaciones comerciales, los intereses personales, familiares y empresarios de quienes prefieren retardar el cobro de un canon minero a las empresas extractivas, alegando cuestiones legales de discutible interés para Santa Cruz.
En su afán por cargar las tintas en ciertas modificaciones a la Ley de regalías mineras, que es la excusa más a mano que tiene para dilatar infinitamente cualquier aprobación de otro gravámen a las mineras, el diputado-empresario, olvidó que desde el 2003 los diputados y senadores de su partido tienen mayoría en el Congreso y nunca se presentó un proyecto para elevar el porcentaje de regalías que pagan las operadoras, simplemente, porque no han querido hacerlo.
Como si esto fuera poco, Álvarez confirmó lo que OPI publicara el mismo día en que en la Cámara se produjo el rechazo de este canon minero. Allí dijimos que Álvarez había recibido la orden del Secretario de Minería, Mayoral, quien le habría indicado que “parara ese proyecto”, como finalmente ocurrió. Alvarez lo reconoció públicamente y dijo que, junto al Subsecretario de minería de la Provincia, “fueron coincidentes
en que no era la forma de proceder para obtener este dinero
”, algo totalmente insólito, si tenemos en cuenta que el estado provincial y nacional, no se ha destacado por su mesura, a la hora de hacerse de fondos y para tener un ejemplo muy cercano, recordemos lo sucedido con YPF.
La supuesta ilegalidad del proyecto o la sostenida “colisión con la Constitución y el Código de Minería”, no es tal, como lo plantea Álvarez y Cia, quedando en clara evidencia que se trata de una maniobra dilatoria, para preservar a las mineras de abonar un porcentaje por las transacciones que hacen entre ellas, utilizando activos del subsuelo provincial. Es muy difícil no interpretar que existe, de parte de quienes apoyan esta insólita medida, intereses creados, ya sean hacia las mineras en forma directa o de obediencia hacia las órdenes impartidas desde el gobierno nacional, claramente comprometido con sostener a bajo costo para las multinacionales, la extracción de los recursos naturales en todo el territorio nacional.
Recordemos lo que dice la Constitución nacional en su Art 124:
Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
El Código de minería, al que hace referencia Álvarez y con el cual, supuestamente, colisiona el proyecto del cánon minero en su artículo 7, expresa:
Artículo 7°-Las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren. (Agencia OPI Santa Cruz)

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