Desde el Juzgado de Instrucción Formal de 1ª Nominación de Tartagal se ordenó el viernes pasado la captura de cuatro personas del departamento Rivadavia, que participaron en la detención de las máquinas topadoras que se habían acercado a realizar desmontes que, luego y según las actas hechas por la Secretaría de Política Ambiental, no estaban autorizados.
"Estamos como vulgares matones", sostuvo el concejal Ruiz, quien ayer estaba en Tartagal "bajo custodia de la policía". Igual, indicó que ante la defensa hecha por los abogados defensores, los dejaron en libertad.
Sostuvo que las acusaciones que realizaron los dueños de la empresa que realizó los desmontes representan "una gran mentira", en tanto cuando se hicieron las acciones de detener los desmontes, los campesinos fueron acompañados por la Policía.
"Es tragicómico", dijo por su parte el diputado por Rivadavia, Ramón Villa, al sostener que lo único que hicieron los campesinos fue detener una actividad que se realizaba de manera ilegal en la zona, por no contar la empresa con los trámites correspondientes.
Las acciones llevadas adelante por los campesinos fueron realizadas el 27 de noviembre pasado, cuando la empresa Vidoson Agroforestal envió operarios para realizar deslindes en tierras en las que hay campesinos. Esto, al parecer, con la intención de cerrar una finca a 25 kilómetros de Morillo, localidad de Rivadavia.
El presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), Alfredo Riera, indicó tras lo acontecido que, a diferencia de lo que sucede con los campesinos (que son encausados en la Justicia), "nunca se conoció que haya habido sanciones en ningún sentido para estas empresas", entendiendo que ello permitiría en principio que sigan realizando acciones que suponen impunidad.
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