"Para nosotros se están avasallando derechos que se incluyen en la Constitución Nacional", sostuvo el cacique de la Comunidad, Ambrosio Casimiro, a Nuevo Diario, al indicar que por el momento la comunidad sigue en asamblea permanente a tres kilómetros del lugar donde el 17 de diciembre pasado se desalojo a 5 familias.
En total, hay 39 personas que debieron solicitar a sus familiares que los alojen hasta tanto la situación se resuelva.
Si bien se desalojaron tres viviendas, hay cuatro familias que comparten dos de las viviendas que se desalojaron. En total, se estima que son 15 los chicos menores de edad que fueron afectados por la orden judicial emitida por Faber.
Para el 7 de enero los integrantes de la Comunidad prevén realizar una marcha a la Plaza principal de Cachi, protestando por las medidas tomadas desde la Justicia provincial.
Por su parte, el integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Alavila, fue a realizar el lunes el relevamiento de los daños que se hicieron durante el desalojo instrumentado.
Alavila "recorrió el territorio arrasado acompañado por las familias damnificadas y autoridades de las comunidades, comprometiéndose a presentar un informe real de los hechos con copia a la comunidad", se sostuvo en un comunicado, indicando que por ahora se está a la espera de las conclusiones del funcionario. Mientras, se indicó que, al igual que sucedió en Navidad, la Comunidad pasará el Año Nuevo en el puesto que se habilitó sobre el camino vecinal cercano al territorio donde se hizo el desalojo.
http://www.nuevodiariodesalta.
En total, hay 39 personas que debieron solicitar a sus familiares que los alojen hasta tanto la situación se resuelva.
Si bien se desalojaron tres viviendas, hay cuatro familias que comparten dos de las viviendas que se desalojaron. En total, se estima que son 15 los chicos menores de edad que fueron afectados por la orden judicial emitida por Faber.
Para el 7 de enero los integrantes de la Comunidad prevén realizar una marcha a la Plaza principal de Cachi, protestando por las medidas tomadas desde la Justicia provincial.
Por su parte, el integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Alavila, fue a realizar el lunes el relevamiento de los daños que se hicieron durante el desalojo instrumentado.
Alavila "recorrió el territorio arrasado acompañado por las familias damnificadas y autoridades de las comunidades, comprometiéndose a presentar un informe real de los hechos con copia a la comunidad", se sostuvo en un comunicado, indicando que por ahora se está a la espera de las conclusiones del funcionario. Mientras, se indicó que, al igual que sucedió en Navidad, la Comunidad pasará el Año Nuevo en el puesto que se habilitó sobre el camino vecinal cercano al territorio donde se hizo el desalojo.
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