La intervención fue realizada en la comunidad indígena Pavoni que está ubicada en el norte del estado Amazonas, a pocos kilómetros de la frontera con el oeste de Bolívar. Los terrenos habían sido tomados para la práctica de la extracción ilegal de coltán. Wilson Rojas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Consejo Legislativo del estado, levantó un informe y coordinó el desalojo de la mina no autorizada con funcionarios de la Guardia Nacional.

El procedimiento se ejecutó, de acuerdo con Rojas, en agosto del año pasado. Estaba claro que no sólo personas ajenas al lugar habían participado en la explotación. “Les pagaban entonces 80 bolívares por kilogramo a la gente de la comunidad y ellos se incorporaron a esa actividad”.

Los grupos de compradores del material estratégico -del coltán pueden extraerse columbio y tantalio, metales de gran valor para la industria electrónica, militar, médica y de telecomunicaciones- utilizan a los indígenas como fuerza de trabajo. En particular, a piaroas y jibis o goajibos. Residentes del sur del Orinoco señalan que la situación no es excepcional.