martes, 28 de diciembre de 2010
Miguel Títiro
Oikos Red Ambiental presentó ayer en la Fiscalía de Delitos Complejos, una denuncia penal contra directivos de la empresa San Jorge y funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Minería de la Provincia, respectivamente.
A los directivos de la firma y a la consultora Vector SA, la entidad les reprocha falsedad ideológica (artículo 293 del Código Penal), "por considerar que para obtener la aprobación de impacto ambiental, se falseó la información en el expediente", declaró el presidente de la organización civil, Eduardo Sosa. Al respecto se dio un ejemplo: el querellante popular sostiene que "son inexactos las citas bibliográficas aportadas por la empresa y la consultora, que dan cuenta que la cuenca del Yalguaraz es cerrada y que las aguas que por allí transcurren, no son de propiedad de los mendocinos".
En tanto, a las autoridades de gobierno se los responsabiliza por incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248). Oikos, representada por el abogado Carlos Varela Álvarez, sostiene que los integrantes del Gobierno no procedieron ante las denuncias hechas por la organización civil, que ya llevan más de un año. "Inclusive no sólo las nuestras, sino también las de otros organismos locales y nacionales", precisó Sosa.
Asimismo, se solicitó al fiscal especial dos aspectos más: por un lado, la suspensión del procedimiento de aprobación de impacto ambiental, "dadas las falsedades encontradas", según se lee en el escrito, o en su defecto, la cancelación de los efectos de la resolución aprobatoria, en caso de que ésta se produzca en estos días.
"El procedimiento de evaluación de impacto ambiental -comentó Sosa- es mera formalidad para este gobierno, y sostenemos que esa herramienta, que ya lleva casi 20 años en Mendoza, se ha desvirtuado, convirtiéndola en una mera formalidad".
La voz de los autoconvocados
En el texto publicado ayer sobre el conflicto ambiental titulado, "Cadena de oración contra el proyecto minero de Uspallata", se deslizó un error sobre la aceptación social del emprendimiento, según los firmantes de la nota.
En el párrafo que señala la inminente aprobación del proyecto minero San Jorge, debió decirse que "la asamblea de vecinos autoconvocados sigue diciendo no a la Minera San Jorge, que en Uspallata no tiene la licencia social necesaria para este tipo de explotación".
http://www.losandes.com.ar/
A los directivos de la firma y a la consultora Vector SA, la entidad les reprocha falsedad ideológica (artículo 293 del Código Penal), "por considerar que para obtener la aprobación de impacto ambiental, se falseó la información en el expediente", declaró el presidente de la organización civil, Eduardo Sosa. Al respecto se dio un ejemplo: el querellante popular sostiene que "son inexactos las citas bibliográficas aportadas por la empresa y la consultora, que dan cuenta que la cuenca del Yalguaraz es cerrada y que las aguas que por allí transcurren, no son de propiedad de los mendocinos".
En tanto, a las autoridades de gobierno se los responsabiliza por incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248). Oikos, representada por el abogado Carlos Varela Álvarez, sostiene que los integrantes del Gobierno no procedieron ante las denuncias hechas por la organización civil, que ya llevan más de un año. "Inclusive no sólo las nuestras, sino también las de otros organismos locales y nacionales", precisó Sosa.
Asimismo, se solicitó al fiscal especial dos aspectos más: por un lado, la suspensión del procedimiento de aprobación de impacto ambiental, "dadas las falsedades encontradas", según se lee en el escrito, o en su defecto, la cancelación de los efectos de la resolución aprobatoria, en caso de que ésta se produzca en estos días.
"El procedimiento de evaluación de impacto ambiental -comentó Sosa- es mera formalidad para este gobierno, y sostenemos que esa herramienta, que ya lleva casi 20 años en Mendoza, se ha desvirtuado, convirtiéndola en una mera formalidad".
La voz de los autoconvocados
En el texto publicado ayer sobre el conflicto ambiental titulado, "Cadena de oración contra el proyecto minero de Uspallata", se deslizó un error sobre la aceptación social del emprendimiento, según los firmantes de la nota.
En el párrafo que señala la inminente aprobación del proyecto minero San Jorge, debió decirse que "la asamblea de vecinos autoconvocados sigue diciendo no a la Minera San Jorge, que en Uspallata no tiene la licencia social necesaria para este tipo de explotación".
http://www.losandes.com.ar/
