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En días pasados, en Ecuador, la SENPLADES, ha anunciado que el proyecto “Cóndor” de Kinross, así como los proyectos Panantza y San Carlos de Corriente Resources, han sido incluidos entre las prioridades de inversión nacional. Para esto, se ha conformado un grupo de trabajo multisectorial en el Ministerio de Minas y Petróleos encargado del desarrollo del llamado “cinturón del cobre” al sureste del país.

El gobierno ha cometido una serie de arbitrariedades y faltas para dar paso a la industria minera.

Por ejemplo, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría del Crédito Público-CAIC-, la misma que calificó de ilegítima a la deuda contraída con el Banco Mundial para el Proyecto de Minería y Control Ambiental -PRODEMINCA- y sugirió anularla por haber injerido en la política estatal y por violar los derechos colectivos, entre otras razones. El gobierno también ha incumplido el Mandato Minero, aprobado por la Asamblea Constituyente, puesto que no ha revertido las concesiones mineras a las empresas extranjeras.

Además, recientemente, para la aprobación de la Ley de Minería se ignoró la opinión y derechos de las organizaciones y poblaciones locales, campesinas e indígenas. Aún más, ha omitido la existencia de una demanda de inconstitucionalidad de la mencionada Ley de Minería ante la Corte Constitucional.

Ahora, el gobierno atropella el proceso de diálogo establecido de mutuo acuerdo con el movimiento indígena. Sin que hasta el momento se haya instalado la mesa de diálogo para tratar las “reformas” a la Ley de Minería, el ejecutivo ha anunciado públicamente el respaldo e inicio de la minería de gran escala y ha continuado la firma de contratos y la aprobación de reglamentos. A viva voz proclamó los proyectos de incentivo minero entre los que se encuentra el proyecto “Cóndor” de Kinross.

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