En una nota de prensa, la Plataforma en Defensa del Agua recuerda que la explotación se ubicaría en alta montaña, a 1.350 metros de altitud, en la cabecera de la cuenca del río Manubles, en el límite, entre otros, de los municipios zaragozanos de Purujosa, Calcena y Pomer y el Parque Natural del Moncayo y en una zona protegida por Directiva Comunitaria porque en ella se captan aguas para consumo humano.

En su escrito al presidente de la CHE, estas organizaciones recogen algunas de las afecciones que dicha explotación minera generaría en los más de treinta municipios afectados, tanto en Castilla y León como en Aragón, además de un "desastre ecológico, ambiental, hidrológico, socioeconómico, paisajístico, cultural e histórico".

Estas entidades manifiestan que la realización de este proyecto minero, situado a menos de un kilómetro del Parque Natural del Moncayo, generaría "graves e irreversibles" impactos en las cuencas de los ríos Manubles, Isuela, Aranda y Ribota, muchos de ellos en las comarcas del Aranda y Calatayud, afluentes del Jalón e integrados en la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Recuerdan que el Gobierno de Aragón, el propio presidente de la CHE, las comarcas y ayuntamientos afectados, todos los grupos políticos aragoneses presentes en las Cortes de Aragón, y otras organizaciones se han manifestado, en repetidas ocasiones, "rotundamente en contra este proyecto minero".

Comunican a Romeo que la Junta de Castilla y León no concedió la condición de "interesado" al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, a pesar de las numerosas peticiones que éste departamento realizó.

Las actuaciones ante la Junta de Castilla y León también constan en el escrito y le informan de que personas particulares y diversas organizaciones han enviado alegaciones y recursos contra la solicitud de la empresa minera de expropiar tierras en Borobia para hacer sondeos, que "no han tenido respuesta por parte de la Junta de Castilla y León".

Además, en septiembre de 2009, se presentaron numerosas alegaciones, tanto de particulares como de diferentes organizaciones, incluidas las del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, al Proyecto de Explotación y Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera en agosto de 2009.

Aseguran que la contestación social a dicho proyecto minero, tanto en Castilla y León como en Aragón, "está siendo importante desde que se tuvo conocimiento del mismo".

Así, se han entregado en diferentes instituciones públicas cerca de 12.000 firmas en contra de la explotación minera y han tenido lugar varias manifestaciones, marchas,concentraciones, festivales, conferencias, mesas redondas y conciertos. EFE