El sr. Carlos Reboratti, geógrafo, publicó en clarín del sábado la nota que sigue. Más abajo, la contestación de Javier Rodríguez Pardo.

Sábado 25, Julio 2009

Circula por diferentes ámbitos el tema de un pago de 50 millones de dólares que la compañía minera Bajo de la Alumbrera ha girado al Consejo Universitario Nacional. Se ataca al CIN por haber aceptado ese dinero, con el argumento de que está originado en una empresa sobre la cual pende una acusación por contaminación ambiental.

Esta reacción se inscribe en un tema más general, el notable crecimiento en nuestro país de un pensamiento ambientalista que se podría llamar ludista (en el sentido de su oposición al progreso técnico) y que con argumentos pocas veces bien fundamentados le dice no a todo: no a la energía nuclear, no al uso del glifosato, no a las papeleras, no a la soja RR, no a la minería... Y nunca ofreciendo una alternativa realista y razonable.

El pago que tiene que depositar la compañía minera al CIN no es una dádiva sino una obligación contractual por los derechos que la Universidad de Tucumán tiene sobre el yacimiento Aguas de Dionisio, que explota dicha compañía. Es por lo tanto absolutamente legítimo, y se basa en el principio de que las compañías mineras (o de cualquier otro tipo) deben cumplir con sus obligaciones legales, más allá de su situación judicial. ¿Por qué perdonar a la compañía minera el pago de sus obligaciones en base a una posición teóricamente principista pero mal informada?

Parece por lo menos irresponsable pensar que una compañía por estar acusada (remarco acusada) debería dejar de cumplir con sus obligaciones legales. En todo caso, si se tiene algún prurito sobre este tema, se le debería pedir al CIN que esos fondos se dediquen a pagar investigaciones sobre los problemas de contaminación.

En el fondo el tema de la rabiosa oposición ambientalista a casi todo parte se basa en una idea curiosamente retrógrada y fatalista: que la sociedad y el Estado no tienen ni aparentemente pueden tener capacidad de control sobre los impactos ambientales de las empresas, y por lo tanto la solución es impedir que éstas se instalen. El problema no es la contaminación, que es inevitable, sino cómo controlarla.

respuesta de Javier Rodríguez Pardo:

Señor Carlos Reboratti:

Tal parece que usted deambula en la misma frecuencia de los que padecen ignorancia supina.

Mina Alumbrera se acordó de pagar dividendos (contrato al que Ud. hace referencia) luego de imaginar los interrogatorios a los que será sometida por la Cámara Federal de Tucumán, por contaminación y por contrabando documental. Creo que usted ignora que al señor vicepresidente de este enclave minero, Julián Patricio Rooney, se la ha pedido rendir cuentas (penales) por contaminación. Su caso se halla en la justicia. Al mismo tiempo, durante años se había olvidado de sus socios y hace poco Mina Alumbrera se acordó de que éstos forman parte contractual de la UTE (Unión Transitoria de Empresas), entre las que se halla la Universidad de Tucumán.

Exigir que las universidades rechacen los fondos de La Alumbrera hablará de la dignidad de las mismas. La Alumbrera, como toda mega minería química metalífera de nuestra país, no cuenta con la licencia social de la poblaciones y pretende reemplazar el consenso de su actividad extractiva promiscua con “certificación” académica sobornada. Este método con las universidades es común de todas las transnacionales del sector, aun sin obligatoriedad contractual.

Debo decirle finalmente que usted ha hecho referencia a un tipo de minería que es imposible de controlar, por su magnitud y sistema, lo cual habla de su ignorancia. Citar la posibilidad de controles -como usted sostiene- nos parece una de las máximas burradas leídas en los últimos días. Sobretodo el concepto de que “la contaminación es inevitable pero hay que controlarla.” Es usted un acémila, con perdón de la especie.