Con un fuerte operativo mediático nacional las mineras salieron a argumentar que el fuerte retraso por parte de la AFIP en los pagos, generados a partir de exportaciones, volvería a despertar incertidumbre entre las empresas del sector, más allá de los buenos números que evidencian la mayoría de las compañías. Esto se debería a que el incremento en la deuda acumulada por los reintegros a las exportaciones que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mantiene con las empresas afectaría las ecuaciones y los planes de estas grandes corporaciones extractivas. Sólo a compañías radicadas en Salta, el Estado le debería más de 4,8 millones de dólares, por ello algunas firmas ya evalúan frenar la actividad poniendo en peligro los puestos de trabajo.
Además, son varios los emprendimientos que, de no cambiar la situación, pronostican una ruptura en la cadena de pagos en el corto plazo. Sumando otras compañías en territorios aledaños a la Cordillera de los Andes la deuda superaría cómodamente los u$s 6,5 millones.
Por el lado del uranio, el principal interés pasa por reactivar la mina Don Otto, en Salta, cuya explotación corrió por cuenta de la CNEA entre los años 1955 y 1981.
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