BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

El gobierno lanzó con bombos y platillos el PEA diciendo que marcará una ruptura con el modelo agropecuario vigente. ¿Es efectivamente así?

En primer lugar el PEA se basa en el supuesto de que todos los factores productivos o sociales serán inmutables en los próximos diez años y no, por consiguiente, sobre la necesidad de cambiar dicho modelo.

Los cálculos, con su proyección al futuro de los datos actuales tras algunas modificaciones, prescinden de las caídas y subidas del petróleo y de los carburantes, que tanto inciden en el campo agrícola como en la agroindustria. Y, sobre todo, en los fletes que supone serán los carísimos fletes actuales sobre goma, por camiones, lo cual excluye una mejora del sistema ferroviario y del transporte marítimo y fluvial – que están en la lona-. El PEA deja para las calendas griegas la protección ambiental contra los gases de los camiones, mantiene la dependencia del cada vez más escaso petróleo sin tener en cuenta la búsqueda de fuentes de energía renovables y pretende eternizar la industria del automotor, ya que la agricultura producirá una porción creciente del combustible, fomentando así la continuidad de una industria automotriz obsoleta y condenada a desaparecer y cerrando el camino a la búsqueda de la renovación de las fuentes de energía y de los transportes.

En segundo lugar, el PEA ni siquiera encara la reorganización del uso del suelo y de la distribución territorial de la población para “sembrar pueblos y gente” en las zonas deshabitadas reduciendo el costo de los transportes de los alimentos que podrían producirse e industrializarse in loco y revirtiendo la desertificación y la eliminación de pueblos enteros, con la consiguiente emigración de sus habitantes, que resultan hoy de la expansión sojera.

En tercer lugar, los objetivos dejan intocado el papel de los pools de siembra sojeros y de los grandes monopolios graneros así como el poder de los terratenientes. Plantea, simplemente, lograr más de lo mismo y de la misma manera.

La producción de biocombustibles a partir de cereales secundarios y trigo aumentaría del 10 al 14 por ciento y del 9 al 16 por ciento [1] la de biocombustibles provenientes de oleaginosas, con el cual el campo, cada vez más, produciría para calmar la sed de combustibles de los automóviles y no el hambre de la gente en un proceso donde la producción para las máquinas reducirá la oferta de los alimentos populares y los encarecerá.

El PEA plantea, además, elevar la actual producción de 100 millones de toneladas de granos a 157 millones y extender la superficie sembrada hasta 42 millones de hectáreas. Esto se haría, evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales (inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta extensión de la frontera agrícola. No calcula los posibles efectos del cambio climático (temperaturas más extremas, sequías, disminución de las fuentes hídricas) ni la competencia por el agua con la industria minera que el gobierno quiere fomentar a toda costa, atraído por el alto precio de la onza de oro. Las verduras, frutas y hortalizas y legumbres, vitales para una alimentación sana, quedan en la sombra ante la promoción del modelo sojero de producción y de exportación que deja concentrada en pocas manos –de los pools de siembra como Grobocopatel y otros- o de los oligopolios transnacionales la producción de las divisas necesarias para el desarrollo del país pues el PEA calcula que las exportaciones totales del sector agroalimentario y agroindustrial aumentarían en un 145 por ciento pasando a casi 100 mil millones de dólares.

Las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales deberían dar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y en cambio, con el PEA, no aseguran una provisión abundante de alimentos buenos y baratos a la población ni la producción en el país de lo que ésta necesita.

El PEA mantiene el actual modelo de extracción “minera” de la tierra para beneficio de unos pocos que exportan sus ganancias o exportan ilegalmente capitales. El gobierno “progresista” ni piensa en tocar la renta parasitaria ni planifica el desarrollo demográfico, energético, productivo, industrial, tecnológico para encarar el futuro próximo. Parte de mantener la industria del automotor sobre la base del petróleo y de los biocombustibles, de hacer el trazado de los transportes en función de esa industria saturada, obsoleta y en poder del capital extranjero, no preserva los suelos sino que fomenta la soja y la deforestación, no busca cómo hacer que la producción agrícola fomente el desarrollo de las energías no contaminantes (solar, las mareas de la Patagonia, los vientos australes), mantiene las contaminantes usinas a carbón o las peligrosas usinas atómicas, o las atrasadas usinas termoeléctricas como únicas posibles, no legisla sobre cómo preservar las fuentes de agua.

El PEA confunde crecimiento con desarrollo y mayor exportación a cualquier costo social o ambiental (en el caso, siempre, de que la logre) con desarrollo humano. Incluso si los resultados del PEA fuesen alcanzados se habrían perdido diez años cruciales en los que la crisis mundial permite buscar alternativas y los suelos y el ambiente, que presentan signos de deterioro, estarían mucho más comprometidos por un tipo de extracción salvaje.

NOTA: [1] Cifras de Página 12: ”Un plan de diez años APRA agrandar el campo”, 5/09/11, págs 2-3

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.