Miércoles 21 de septiembre de 2011
En los sucesos de septiembre de 2009 en relación al frustrado proyecto del gobierno de instalar una mina de cobre de capitales chinos en Campana Mahuida, se sucedieron una serie de protestas sociales consistentes en dos cortes informativos en las rutas provinciales 21 y 10 en Loncopué y Huarenchenque (Comunidad Mapuche Mella Morales) respectivamente.
La judicialización de la protesta no se hizo esperar y mediante denuncias del minero y ex-diputado provincial Horacio González, del intendente de Loncopué Walter Fonseca, el presidente del Concejo Deliberante Luis Tapia, del concejal Luis Rivera, y del presidente de la sociedad rural Marcelo Nogueira, se identificaron presentes en el lugar de los hechos a 44 personas: 24 no mapuches y 17 mapuches.
El pasado 08 de septiembre el Fiscal Adjunto solicitó la elevación de la causa a juicio a la cual se han opuesto el defensor particular Mariano Álvarez y el defensor particular Cristian Hendrickse.
Para éste último, el carácter discriminatorio de la acusación puede verificarse matemáticamente del simple análisis de la propia causa: De los 24 no mapuches identificados el Fiscal Adjunto Dr. Andrés Guillermo Azar sólo acusó a 7 a quienes sindicó ser "representantes" de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, sin dar explicaciones de porque no acusó a las 17 personas restantes -a quienes por cierto no atribuyó ser "representantes" de dicha asamblea-, evidenciando el arbitrario propósito de perseguir a los "aparentes cabecillas" de una organización social disidente con las políticas ambientales del gobierno provincial y nacional. Desconoce el Fiscal Adjunto que las asambleas de vecinos autoconvocados son horizontales y carecen de "representantes" o referentes de cualquier naturaleza.
