Las desigualdades, discriminación, exclusión, y el despojo de sus territorios que sufren a diario las comunidades originarias en la provincia de Salta, se acrecienta ante la inacción del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), órgano representado por integrantes de pueblos aborígenes que no acompañan el reclamo originario ante múltiples necesidades primordiales insatisfechas, como la falta de agua potable y luz eléctrica.
9 de junio| Marco Díaz Muñoz. Director Agencia de Noticias Copenoa |
El caso testigo sobre esta problemática lo narra a la Agencia de Noticias Copenoa el Cacique Clemente Candalicio, dirigente de la Comunidad “La Esperanza”, situada en la periferia de la Localidad de Gral. Cornejo, distante a unos 300 kilómetros al norte de capital salteña.
Clemente Candalicio, explica el abandono de la institución que debería ampararlos y la división en su comunidad, impulsada por políticos inescrupulosos que los originarios deben enfrentar.
Ante la expulsión de sus tierras ancestrales, hoy la comunidad “La Esperanza”, depende de la empresa privada, San José de Pocoy, que les concedió de forma precaria 12 hectáreas, ubicadas al sur de Coronel Cornejo, donde por gestión de Clemente Candalicio, la empresa les instalo agua potable y energía eléctrica.
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