Por OPSur.- El comienzo de actividades exploratorias en los departamentos salteños General San Martín y Rivadavia, a principios de 2010, trajo aparejada una serie de denuncias de comunidades indígenas que sufrieron el acoso de permiseros, representantes de las empresas. Estas personas los instaban a firmar acuerdos por los que autorizaban el ingreso de las empresas a los territorios comunitarios y se comprometían a no entorpecer los trabajos; a cambio, las compañías realizarían aportes -en dinero y especies- por la ocupación y uso del espacio y en resarcimiento de los daños que ocasionaran. Según los abogados de los wichí, son “acuerdos usurarios” que no guardan relación alguna con lo que establece la ley.
Estas situaciones, y la inacción de diferentes agencias del Estado ante los requerimientos de las comunidades afectadas, derivaron en el inicio de acciones judiciales. En ese aspecto, los abogados intervinientes hacen hincapié en la constante violación de las legislaciones indígena, ambiental e hidrocarburífera; además de la estrecha relación de funcionarios públicos con el sector privado y el uso intimidatorio de las fuerzas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los proyectos extractivos. Los letrados sostienen que existen los elementos suficientes para afirmar que se trata de una “asociación ilícita”.
Voluntad
Organizaciones wichí y ONG’s que trabajan en la provincia coinciden en que este escenario es similar al vivido en la última década con el avance de las actividades agroindustriales, que significó el desmonte de miles de hectáreas y el desalojo directo o indirecto de familias indígenas y criollas.
“Vemos que al Estado le está faltando mucha voluntad. Cada vez que reclamamos los legisladores prácticamente están ausentes, pero ellos sí están presentes cuando presentan un supuesto [proyecto de] desarrollo que va a beneficiar a las comunidades y a todos los que vivimos en la zona [como la agroindustria o la actividad petrolera]”, afirma Miguel Montes, del Consejo de Organizaciones Wichí Zona Bermejo- Embarcación. “Nosotros hemos hecho demandas por todos lados [para frenar los desmontes], por todas las entidades de Salta, donde nunca hemos conseguido respuesta alguna.
