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Aratirí, que pertenece a inversores ingleses, suizos e indios, efectúa estudios en los suelos uruguayos para determinar los volúmenes disponibles de hierro y su calidad, para luego decidir si se dedica a la extracción del mineral. El proyecto involucra una inversión de 2.000 millones de dólares que, de concretarse, será la más grande realizada por una sola empresa en Uruguay.
El emprendimiento es, sin embargo, resistido por grupos ambientalistas y por pobladores de las zonas donde se radicaría la explotación minera, por lo que el caso ha generado polémica. Por esa razón, el presidente José Mujica tenía la idea de que fueran los propios uruguayos quienes se pronunciaran acerca del proyecto. "No lo voy a decidir yo, lo tiene que decidir la gente", sostuvo entonces, y hasta sugirió la posibilidad de regular la implementación de referéndums.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó en cambio que una comisión multipartidaria instalada en agosto pasado por el mandatario es la que decidirá si se habilita ese emprendimiento y el eventual destino que tendrá el dinero que perciba el Estado por concepto de canon a la explotación minera.
Dicha comisión "es un estadio intermedio entre lo que es una discusión en el marco cerrado de la fuerza política de gobierno, que me parece sería altamente inconveniente, y una discusión abierta en el marco de toda la sociedad", dijo al diario local El País. "Quizás inclusive hasta minimice los defectos de una consulta a toda la sociedad", dada la "complejidad" del análisis, añadió.
Breccia defendió la medida indicando que antes de efectuar una consulta a la ciudadanía se hubiera requerido "una tarea de educación y concientización sobre los perjuicios y beneficios de cada una de las opciones" que "llevaría mucho tiempo".
