BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

En el editorial anterior señalamos que se viene en el país un nuevo boom minero, con énfasis en la sierra sur peruana (Ayacucho y Apurímac, además de Arequipa), lo cual implicará una serie de impactos socioambientales, que difícilmente serán todos positivos, a contracorriente del discurso oficial y empresarial.

Uno de los protagonistas de ese boom es la empresa Southern Copper Corporation-SCC (antes Southern Perú Copper Corporation), perteneciente al Grupo México. Dicha minera tiene, en realidad, una larga historia en el Perú, habiendo sido creada en 1952 como subsidiaria del consorcio estadounidense ASARCO, que tenía el 52% de las acciones, siendo los otros socios Phelps Dodge Overseas Capital Corporation (16%), Marmon Group Inc (20.7%) y Newmont Mining Corporation (10.7%).

Si bien el nombre de la SCC sonó en los últimos meses en los medios nacionales y otras esferas públicas y privadas a causa del conflicto social, consulta vecina incluida, que despertó su proyecto Tía María en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región de Arequipa, su historia está indesligablemente unida a sus operaciones mineras en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna), así como metalúrgicas en Ilo (Moquegua). Sin embargo, en los últimos 15 años la SCC ha ido dejando un legado no menos polémico también en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac, a raíz de su proyecto Los Chancas.

Proyecto de exploración que desde 1996 viene generando una serie de impactos en el anexo de Quichque y las comunidades vecinas de Tapairihua y Tiaparo. En principio, la empresa construyó carreteras de acceso, destruyendo tierras de cultivo y debilitando los suelos, lo cual provocó, durante las lluvias, derrumbes y deslizamientos que sepultaron al colegio primario, la capilla y viviendas de pobladores de Quichque. Ante los daños sufridos a su infraestructura, los pobladores del anexo le pidieron a la empresa una compensación, obteniendo sólo ofrecimientos de parte de aquella. Otro elemento de conflicto es que la empresa sólo empleaba a unos pocos lugareños, a los que hacía trabajar 12 horas, sin pagarles el salario completo, según denuncias locales.