BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Por OPSur [Descargar en pdf].- El 23 de agosto el Congreso peruano aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa, marcando un avance a nivel mundial en la defensa y promoción de los derechos indígenas. Este primer paso se asienta sobre la lucha sostenida que ha venido llevando el movimiento indígena, en la cual los hechos de Bagua son un doloroso, y cercano, antecedente. La Amazonía peruana tiene un largo historial de afectación por empresas petroleras, donde existen numerosos hechos de contaminación y conflictos con comunidades indígenas de la región. El OPSur entrevistó a dos dirigentes, Alfonso López, de la Asociación Conservación y Desarrollo San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) del pueblo Cocama Kukamiria, y Aurelio Chino Dagua, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), que dieron detalles sobre su vivencia cotidiana con la problemática hidrocarburífera y las estrategias que están desarrollando para enfrentarla.

ACODECOSPAT y FEDIQUEP, junto a otras federaciones indígenas [1], se han articulado en el espacio Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio -tomaron como base el “corredor de contaminación histórico”, producto de vertidos en los cauces hídricos. Dentro de ese ámbito han conformado el Observatorio Petrolero de Amazonía Norte, que busca hacer frente a la problemática y lanzar su demanda principal: la moratoria de explotación en territorios indígenas. Según los dirigentes, la asunción del nuevo presidente, Ollanta Humala, marca posibles espacios de diálogo para las reivindicaciones indígenas. Sin embargo, dejan en claro que seguirán luchando por sus derechos como lo han venido haciendo hasta el momento. Humala promulgó el 6 de septiembre la ley de Consulta en Bagua. Si bien en un primer momento se extendieron invitaciones a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva peruana (AIDESEP), organización nacional que nuclea a diversas regionales amazónicas, a último momento el gobierno dio marcha atrás.

BAGUA, UN PASADO RECIENTE

Hace poco más de dos años, el 5 junio de 2009, la provincia de Bagua era el escenario de una masacre por parte de las fuerzas de seguridad del Estado peruano, que incluyó a varios policías muertos, como respuesta del movimiento indígena. El objetivo gubernamental: desalojar la toma pacífica de la carretera en la zona Curva del Diablo, en Bagua Grande. La Amazonía peruana rugía con uno de los alzamientos más grandes de los últimos tiempos en el país. La “insurgencia indígena”, como la llamaron las organizaciones, tiene sus primeros antecedentes en 2008.

Faltaba más. En diciembre de 2007 se otorgaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, presidido por Alan García, para realizar las reformas necesarias para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con las armas institucionales bajo el brazo, el gobierno elaboró numerosos decretos, que las organizaciones indígenas denunciaron por violentar sus derechos. Éstos también fueron objetados por el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo de la Nación, al legislar sobre derechos fundamentales, facultades que excedían las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo. Entre los treinta decretos que cuestionaban, dictados sin haberse realizado la consulta libre, previa e informada, resaltaban dos que interferían con derechos territoriales y la organización comunitaria: el 1015 y su modificatoria, el 1073.

En agosto de 2008, fruto de las movilizaciones indígenas, ambos fueron derogados. Otros decretos que iban en el mismo sentido, el cercenamiento de derechos territoriales y manejo comunitario, eran el 1064 –se desprotegían los territorios comunitarios al jerarquizar otras formas jurídicas de propiedad- y el 1089 –ordenamiento territorial con afectación a títulos comunales-, entre otros (Pinto, 2009). En suma, lo que se buscaba era la lotización, o mejor dicho, la titulación de propiedad privada individual. En abril de 2009, frente al ninguneo gubernamental, la AIDESEP convocó a un paro indefinido en la región amazónica. A partir de ese momento las comunidades tomaron carreteras, yacimientos petroleros, organismos públicos y otros espacios en pos de sus demandas (Observatorio Social de América Latina del CLACSO, 2009). En casi dos meses de “paro amazónico” el diálogo con el gobierno encontró pocos resultados, desembocando en los hechos trágicos del 5 de junio. El conflicto perduró por largo tiempo. Incluyó la persecución del dirigente Alberto Pizango, de AIDESEP, numerosos cambios de gabinete, movilizaciones, etc. Sin embargo, López señala que en todo este proceso “el gobierno no aprendió nada, siempre fue anti-indígena”.

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