BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

En Chile, quienes cumplen su deber de informar, de difundir, de dar curso a la libertad de expresión y de opinión, principalmente por aquellos que son excluidos, marginados y discriminados por el periodismo comercial – empresarial que manipula, conspira y monopoliza en medios de circulación masiva, son, perseguidos, son intervenidos, son allanados y requisados en sus herramientas de trabajo y de difusión comunicacional.

Un caso, a modo de ejemplo, es lo ocurrido con el Comunicador Mapuche Richard Curinao, integrante de la Red de Comunicadores Mapuches, quien, el 10 de febrero, fue víctima de un allanamiento y requisamiento de sus equipos de información por parte de agentes policiales del estado por orden de un Fiscal en la Región desde la Región de la Araucanía. ¿El delito? Haber difundido información de organizaciones Mapuche. Sus equipos aún no son devueltos, siguen secuestrados en medio de un accionar abusivo, arbitrario y fuera de todo proceder en Derecho.

Un Fiscal de la Araucanía ordena allanar y requisar a un Comunicador Mapuche que habita en Santiago. Intervienen su lugar de trabajo y su casa. ¿El delito? Cumplir con su deber de informar. La acción del Fiscal no es antojadiza, ya que entorpece su labor como comunicador al secuestrarle sus herramientas, como son discos duros e inhabilitación de computadora. ¿Quién controla esto? ¿Quién asegura y garantiza que esa acción no solo busca entorpecer sino además cargarlo e incriminarlo? ¿Quién controla a los Fiscales?

Llama la atención a su vez, de que si se trata de investigar e indagar, porque no se hace transparentemente, respaldando la información incautada, de buena fe y devolviendo a la brevedad los equipos. Se hace necesario y urgente, no solo exigir que en Chile se cumpla y se garantice el Derecho a la Libertad de Expresión, sino además, regular el accionar delictivo, abusivo y arbitrario de Fiscales, cuyas atribuciones se escapan de toda ética, moral y proceder en Derecho.