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Con el pretexto de detener al vecino de Andalgalá, Alejandro De Las Cuevas, la policía arremetió contra los habitantes de esa población catamarqueña, allanando viviendas de manera indiscriminada y destruyendo el campamento de El Algarrobo donde se reúnen los auto-convocados que se movilizan contra las explotaciones mineras de La Alumbrera y Agua Rica. De Las Cuevas, docente de unos 50 años de edad y con más de dos décadas en Andalgalá, trabajando en la enseñanza, es buscado por la policía debido a la declaración del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro, que afirma que éste lo amenazó de muerte en las puertas de un céntrico bar, el pasado 25 de mayo.

Sobre De Las Cuevas, el gobierno ha creado la aureola de extranjería (sindicándolo como uruguayo), pero también son tratados como extranacionales los propios argentinos de otras provincias que apoyan y se movilizan con el pueblo andalgalense que se opone a la megaminería hidroquímica metalífera. A todo esto, De las Cuevas no se halla en calidad de prófugo de la justicia, debido a que la fiscal Marta Nieva le cambió la carátula y de imputado pasó a ser testigo declarante. Para el gobernante acólito de las mineras, igual sirve como subterfugio represivo.

Andalgalá es patrullada como si fuera una ciudad sitiada. Fuerzas especiales y para-policiales, grupos represivos provenientes de otros departamentos catamarqueños detienen a la gente y abordan a supuestos sospechosos de simpatizar con los vecinos que se reúnen en la asamblea de El Algarrobo. Hay numerosos sitios en la inmensidad territorial de nuestro país donde los derechos democráticos fueron borrados en la práctica diaria y solo aparecen en dudosos textos escolares. Andalgalá es uno de ellos.