BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Quienes firmamos esta declaración, estamos preocupadas y preocupados por diversos hechos que dan cuenta del crecimiento de la criminalización de los movimientos populares, por la vía de su judicialización. Casi cotidianamente asistimos a procesos en los tribunales contra militantes de organizaciones políticas y sociales que enfrentan diferentes aspectos de las políticas en curso; y que pasan a ser perseguidos/as a través de la imposición de acusaciones absurdas, que buscan imponer fuertes condenas, e impiden la excarcelación durante el tiempo de proceso judicial, de modo que el proceso mismo vivido en la cárcel se vuelve ya un castigo.
A esto se agrega, en el último tiempo, que jueces como Claudio Bonadío, se han empeñado en realizar megaoperativos para la detención de militantes políticos y sociales o para el allanamiento de sus viviendas; en algunos casos en horarios que están fuera de los procedimientos requeridos, de manera de amedrentar a las familias, a los vecinos, y convertir la causa en un delito, antes aún que se demuestre la culpabilidad o la inocencia de sus víctimas. También este juez ha ordenado tareas de inteligencia en las organizaciones sociales y ha recurrido a figuras de extrema gravedad y dudosa legalidad como la de “prepotencia ideológica”, que luego son revocadas por la cámara de apelaciones atento la carencia de elementos para sostenerlas, no obstante lo cual muchas veces los y las detenidas deben pasar varios meses en prisión mientras se resuelve su situación.
Las imputaciones genéricas implementadas por el poder judicial -antes de manera habitual por el hoy destituido juez Galeano, en razón de su dudosa actuación en la causa AMIA, y que hoy son llevadas adelante por jueces como el señalado Claudio Bonadio-, tienden a ampliar y forzar figuras penales con el objeto de alcanzar con la acusación a cualquiera que participe en una movilización, lo cual atenta contra uno de los derechos esenciales de la democracia como es el de manifestar y/o reclamar ante las autoridades frente a políticas que se consideran injustas.
Cada vez más se utilizan grupos especiales de las fuerzas de seguridad para perseguir y reprimir las protestas sociales como si se estuviera frente a organizaciones vinculadas al denominado “terrorismo internacional”, en lugar de ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta frente a medidas o situaciones que consideran injustas, configurándose de esta manera estados de verdadera persecución.
En este contexto, expresamos puntualmente nuestra preocupación por el proceso que se sigue contra Roberto Martino, encarcelado en mayo de 2010 por ser dirigente de la organización que un año atrás participó de la movilización de denuncia de la política del Estado de Israel contra el pueblo palestino.
Exigimos la libertad de Roberto Martino, y la descriminalización de los y las militantes populares que hacen de la protesta legítima, una de las maneras de expresar sus demandas, en el contexto de la democracia y la libertad que deberían garantizar los estamentos
judiciales y el poder político en Argentina.

Primeras firmas:
Maristella Svampa, Claudia Korol, Roberto Gargarella, Claudio Pandolfi, Adolfo Pérez Esquivel, Alcira Argumedo, Osvaldo Bayer, Ezequiel Adamovsky, Guillermo Cieza, Jorge Cardelli, Jorge Ceballos, Mirta Antonelli, Clara Algranati, José Seoane, Emilio Tadei, Verónica Heredia, Alberto Binder, Gustavo Brufman, Norma Michi, Ariel Petruccelli, Silvina Ramírez, Diana Maffía, Miguel Mazzeo.

Envío de adhesiones: correo@maristellasvampa.net, claudia.korol@gmail.com