BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Publicado el 12 de Noviembre de 2011
Por Leandro Renou
Se trata del Escondido, un espejo de agua que fue vallado por el millonario Joe Lewis desde los ’90, cuando adquirió 14 mil hectáreas por apenas U$S 3,5 millones. Ahora para llegar a él habrá que escalar una montaña.


En Río Negro, la provincia con mayor cantidad de tierras extranjerizadas del país, cambió el signo político del gobierno de turno pero la justicia sigue resolviendo casos a favor de la tenencia foránea de la propiedad, incluso en pleno debate por la ley para modificar esta situación. Hace tres días, en un fallo polémico que atenta contra la soberanía territorial, el Superior Tribunal de Justicia consideró que el acceso público al lago Escondido, en la zona de El Bolsón, sólo puede hacerse por un sinuoso camino de montaña y no por el sendero de Tacuifí, una ruta transitable sin riesgos, pero que cuenta con un gran escollo: sobre ese camino están ubicadas las mansiones del multimillonario inglés Joe Lewis, que compró durante el menemismo 14 mil hectáreas por U$S 3,5 millones y privatizó el área con anuencia de los sucesivos gobiernos, construyendo un megaemprendimiento, con el recurso natural incluido.
De todas formas, Magdalena Odarda, legisladora del ARI de Río Negro que denunció en 2005 la privatización de los senderos, no se quedó quieta y presentará una denuncia a nivel nacional y un pedido de nulidad para el fallo. “Es tendencioso, además, hay que recordar que hubo una reunión de uno de los jueces con el socio de Lewis, lo cual es más grave”, dijo Odarda a Tiempo Argentino. La referencia es al encuentro entre Alberto Balladini, uno de los jueces de la Corte, con Nicolás van Ditmar, el socio argentino de Lewis que amenazó con defender lago Escondido “a punta de Winchester”. Desde ayer, los abogados de la legisladora, Daría Rodríguez Dutch y Rubén Marigo (de la Asociación por los Derechos Humanos), preparan un escrito para presentar en los próximos cinco días hábiles, solicitando la nulidad del fallo.
La resolución del tribunal tiene varios puntos oscuros: en 2009, esa misma Corte había ordenado a la provincia señalizar y poner en condiciones el camino de Tacuifí, el mismo que ahora veda al público. Además, considera que el camino de montaña está en condiciones de ser transitado, pero lo hace en base a dos informes de organismos oficiales sospechados en la entrega de tierras, el Codema y el Viarse.
Según Lewis, existe un camino alternativo (de montaña) de acceso al lago que no pasa por sus propiedades. Pero cuando la legisladora Odarda lo recorrió a caballo, el animal no logró subir la pendiente y la mujer terminó cayendo, con lo que sufrió lesiones graves de las que todavía se recupera. 

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