BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

La minería puede ser un gran negocio, incluso sin mover una piedra ni extraer un gramo de oro o cobre. Aunque digan que en Mendoza esa actividad "está prohibida" por la aplicación de leyes especiales, igual gran parte de las empresas tienen un ojo puesto en la cordillera mendocina. Pero se ha transformado en un negocio de escritorio similar al inmobiliario. La base está en la registración y comercialización de los cateos en cualquiera de las áreas de interés de la provincia.

Cualquier persona que cumpla con los pasos establecidos en el Código de Minería puede denunciar e inscribir a su nombre un área minera, siempre y cuando esté vacante. El Estado las otorga en concesión y luego esa posesión se puede transar. En ese negocio participan estudios de abogados especializados, contadores y otras actividades de saco y corbata. Esos permisos son un activo para las empresas. 

Las negociaciones son en su mayoría privadas y tienen plazos. Uno de los casos testigo de esas transacciones fue el de la mina Paramillos. El Estado quiso hacerse cargo, pero no pudo porque estaba a nombre de particulares con anterioridad. Finalmente la empresa “Minera del Oeste”, le cedió parte de  los derechos a Tenke (o Deprominsa) por cuatro años a cambio de casi un millón de dólares, con una opción de compra de más de 10 millones de dólares. El proceso quedó trunco porque se cruzó con los intereses de la empresa Danone, propietaria de Villavicencio y, para variar, el conflicto se judicializó.

En las últimas semanas se han oficializado cerca de 10 minas en Las Heras, Malargüe y San Carlos. Desde que alguien declara una mina hasta que se elabora un proyecto de explotación, pueden pasar décadas. Pero si hay algo que esas empresas tienen es paciencia. En el medio, es frecuente que haya ventas, alianzas y fusiones. Es como una especie de cadena alimentaria de comercialización: las empresas junior se encargan de detectar posibles áreas de interés y realizan trabajos de exploración. Si hay avances, una firma mediana puede encarar la factibilidad y dependiendo del potencial, puede aparecer alguno de los gigantes, que tienen acceso a financiamiento y medios, para hacerse cargo de la explotación.

En un intento por ejemplificar rápidamente que registrar una mina es una actividad común y legal, el subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez dijo que había alrededor de 600 minas declaradas. En realidad se quedó corto con el número, pues son miles. Pero muchas están inactivas, abandonadas y tienen un interés dormido. Pero hay otras que son "prioritarias". En la lista de interés están todas las reservas de cobre oro y plata del Valle de Uco, San Rafael y Malargüe. En el mismo orden están los yacimientos de uranio del Sur provincial, donde el Estado nacional impulsa el avance.

El Consejo de Minería aprueba los permisos y la Dirección de Minería los controla. Según aseguran, desde hace años hay un atraso en la actualización de los padrones.  En caso de que un proyecto avance hacia la exploración y explotación, la misma  Dirección de Minería es, junto con Ambiente, quién tiene esa potestad. Pero en los últimos años se repite un reclamo interno: por falta de presupuesto y de recursos humanos, no puede cumplir con los objetivos planteados. Así figura en los informes de rendición de cuentas de la ley de Responsabilidad Fiscal.

Los intereses cruzados en Laguna del Diamente

La semana pasada se convirtió en noticia un hecho que en realidad es habitual y rutinario: una empresa denunció una "manifestación de descubrimiento" de una mina en San Carlos, una de las zonas más codiciadas por las reservas de cobre. Lo que hizo la empresa Teck Cominco fue poner un pie, marcar la cancha y registrar una mina en una de las zonas más calientes respecto a los conflictos por la minería. En su declaración, la empresa y el Consejo de Minería obviaron mencionar si esa zona se encuentra o no en una reserva natural. No se trató de un olvido involuntario. La mina "San Carlos” (tal como la bautizaron) está dentro de la ampliación de la Reserva dictada por la ley 7422.

Y no está sola esa empresa.  En la zona de la reserva hay al menos 62 cateos mineros otorgados, y hay empresas poderosas con intereses en el lugar (algunas figuran a través de terceros).
Todos tienen la atención concentrada en un tercer actor: el Ejército Argentino, que pidió que las dos leyes, la declaración de la reserva y la que determinó su ampliación, sean declaradas inconstitucionales.

La Corte Suprema de la Nación analiza el tema, pero desde el 2007 frenó cualquier acción de la provincia al hacer lugar a una medida precautoria por la que ordenan a la provincia a "abstenerse", a expropiar los terrenos y realizar modificaciones en base a las leyes  6200 y 7422, que puedan afectar las tareas que el Ejército realiza. El reclamo es por otra cosa, pero si las leyes son declaradas inconstitucionales, también podrían ser la ventana para las empresas mineras. Aunque con menos ruido que otras, hay proyectos que siguen. Incluso en el 2009 una empresa intentó saltear la aplicación de la ley 7722 para iniciar la exploración, cuestión que no le fue aceptada.

El futuro de la ley 7722, y San Jorge como caso testigo

Las empresas y las organizaciones defensoras del ambiente están atentas a un tema central: el futuro de la ley 7722, que restringe el uso de sustancias tóxicas en la mineria y le agrega como requisito a los proyectos de extracción el aval legislativo.  Si esa ley se cae, hay más de 10 empresas dispuestas a avanzar.

Esa decisión está en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y es un proceso lento. Se espera alguna resolución para mediados del año que viene. Para tener una idea de la magnitud del tema, entre otras cosas se le ha dado participación a las embajadas de Chile y Canadá, entre otros países, para que emitan opinión.

La última novedad es que las empresas pidieron que se incluya el análisis del proyecto San Jorge (que fue vetado por la Legislatura) como caso testigo. Es que ese proyecto fue el único que atravesó todo el proceso con la aplicación de esa norma. El 18 de noviembre los jueces de la Corte aceptaron tomar el caso en el marco del análisis de la constitucionalidad de la 7722.

http://www.mdzol.com/mdz/nota/344238-mineria-en-mendoza-un-negocio-de-escritorio-y-muchas-causas-judiciales/