El movimiento popular e indígena panameño acaba de asestar la primera derrota al gobierno empresarial de Ricardo Martinelli obligándole a anunciar la derogación del Código Minero recientemente aprobado, tras un mes de movilizaciones y varios días de tranques en la carretera Interamericana, con un costo alto de lesionados y muertos. Lucha que se combinó con la defensa de las libertades democráticas pisoteadas, no sólo del derecho a la libre manifestación, sino contra las detenciones arbitrarias y la expulsión del país de dos destacados periodistas, Paco Gómez Nadal y Pilar Chato.
Derrota del Código Minero una victoria de la movilización popular
Este éxito no hubiera sido posible sin la movilización masiva del pueblo Ngabe-Buglé, víctima reiterada de las políticas públicas de todos los gobiernos en su intento por desconocer los derechos y sus autoridades legítimas, reforzada con el apoyo unánime de otros pueblos indígenas, sectores sindicales, ambientalistas, estudiantes y organizaciones populares.
La unidad se forjó en torno al repudio de un código que hipoteca la soberanía a favor de empresas extractivas aliadas a gobiernos foráneos (como Corea y Canadá) que, además, convierte una gran proporción del territorio nacional en presa fácil de un negocio que desprecia la vida y los derechos de las comunidades, y que implica la depredación de la naturaleza en función del lucro capitalista.
La embriaguez de la victoria no puede hacernos olvidar que aún no todo está dicho, que seguramente el gobierno de Martinelli intentará quitar con una mano lo que ha concedido con la otra, como hizo con la Ley Chorizo; que las concesiones mineras continúan fuera de los territorios comarcales, y que las minas de Petaquilla y Minera Panamá (Donoso, Colón) siguen funcionado con contratos leoninos y casi sin controles ambiéntales y sociales.
