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[06/05 | 20:21] La reconocida líder indígena fue asesinada junto a un observador internacional cuando se movilizaban en una caravana humanitaria en Oaxaca.

Responsabilizan al grupo armado UBISORT, una “fuerza de choque” del gobierno estatal. P&M dialogó con uno de los activistas que ayer marchó hacia la embajada de México en Buenos Aires con el apoyo de Pérez Esquivel y Madres de Plaza de Mayo.

El pasado 27 de abril, a las 10 de la mañana, una caravana humanitaria -integrada por observadores internacionales de derechos humanos, organizaciones comunitarias y reporteros locales-, marchó desde el norte del estado mexicano de Oaxaca hacia al municipio autónomo de San Juan Copala, que se encuentra cercado por militares y paramilitares en medio de un conflicto que ya lleva tres años.

San Juan Copala fue creado el 1 de enero de 2007 por comunidades del pueblo indígena triqui, que formalmente son parte de los municipios mixtecos de Juxtlahuaca, Putla y Constancia del Rosario, en el occidente del estado, cuyas cabeceras son controladas por mestizos.

La caravana tenía el objetivo de ayudar a la autoorganización del municipio y romper el bloqueo informativo que se impuso en una zona que lucha por defender sus derechos y construir su propio futuro.

Pero antes de llegar, según testigos, la organización paramilitar UBISORT (Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui), que se encontraba atrincherada en una barricada en medio del camino, abrió fuego con armas de alto calibre contra la caravana asesinando a la directora de la organización VOCAL, Alberta “Bety” Cariño Trujillo, y al observador finlandés Jyry Yakkola.

El crimen de “Bety” Cariño, que fue una reconocida activista indígena del pueblo mixteco Ñu Saavi, y del observador no fue un simple crimen, ya que dejó al descubierto un conflicto mayor que involucra a redes de narcotráfico y sectores políticos neoliberales.

Entrevistado por Política&Medios, Oscar González, integrante del colectivo CACTUS de Oaxaca, denunció cooperación y protección política por parte del gobernador de ese estado, Ulises Ruiz, hacia el grupo paramilitar UBISORT, su “fuerza ilegal” de choque.