Hace 25 años desembarcó en los Esteros del Iberá. En 2010, construyó una represa para regar 1000 hectáreas de arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental. La complicidad del gobierno y el antecedente de Ayuí.
A Gilberte Yvonne Andrée Lovisi de Beaux todos la conocen como Madame Beaux. Tiene 81 años y es una de las empresarias más reconocidas del establishment francés, aunque desde hace un tiempo optó por llevar una vida de bajo perfil. Hoy, pasa los días entre su casa en París, su departamento en el barrio porteño de Recoleta y su finca cerca de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, donde desembarcó hace 25 años y hace siete meses hizo construir una represa que le permite adueñarse de un curso de agua para regar sus 1000 hectáreas de arroz, en una maniobra que las entidades ambientalistas de la zona denuncian como ilegal. ¿Y cuál fue el costo que tuvo que pagar Madame Beaux para concretar su emprendimiento?: apenas $ 5649. Según se lee en la Resolución Nº 724 del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), a la que Tiempo Argentino accedió en forma exclusiva, la empresaria abonó esta cifra en concepto de "uso de las aguas públicas captadas mediante extracción por bombeo, en la Cuenca del Estero Batel para riego de una superficie de 1000 hectáreas concesionadas para el cultivo de arroz". Es decir, que pagó menos de seis pesos por cada hectárea sembrada con arroz. A esto se suma que nunca presentó el estudio de impacto ambiental, el plan para el control y la verificación de obras, ni tampoco convocó a una audiencia pública, como lo establece la ley. Así y todo, la represa debutó con una exitosa siembra y posterior cosecha en los arrozales.
El documento, fechado el 3 de noviembre de 2009 y firmado por el titular del ICAA, Mario Rujana, demuestra que el gobierno que entonces encabezaba Arturo Colombi ya preveía que el proyecto podía ocasionar daños a terceros. Por eso, en el artículo 5º de la Resolución 724/09, tomó sus recaudos: "El Estado correntino no será responsable por la falta o disminución del caudal de agua", se lee en el texto.
El documento, fechado el 3 de noviembre de 2009 y firmado por el titular del ICAA, Mario Rujana, demuestra que el gobierno que entonces encabezaba Arturo Colombi ya preveía que el proyecto podía ocasionar daños a terceros. Por eso, en el artículo 5º de la Resolución 724/09, tomó sus recaudos: "El Estado correntino no será responsable por la falta o disminución del caudal de agua", se lee en el texto.
