MALDITOS

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Si sos kirchnerista pero estás de acuerdo en la protesta contra la megaminería contaminante, podés ayudar a tu gobierno pegándote vos mismo.



Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS

Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
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Derechos humanos hoy: Control social, criminalización y juicios contra luchadores populares

0 comentarios Publicado por Norberto Costa en 23:30


El control social ejercido sobre reclamos de inclusión, realizados por desocupados agrupados en organizaciones con fines sociales, es controlado desde estado y garantizado en su ejecución por el poder judicial, que los lleva a juicios, intimidándolos y oprimiendo derechos, imputando, procesando y condenando a los actores sociales que piden por trabajo, salud y educación. Con este control, se efectiviza impunemente el quebrantamiento de derechos garantizados, que son degradados y negados por quines deberían avalarlos, respetarlos y cumplirlos, dándole la categoría de delincuentes, aplicándoles el Código Procesal Penal, modificado por el poder Legislativo, para acelerar el proceso de condena, para quines se organizan en la lucha de estos derechos humanos.

Desde el gobierno provincial, se desenmarañó esté análisis, con la implementación del Plan de contingencia establecido como Tolerancia Cero, cuyo fin, como he analizado en otros artículos, tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a empresa multinacionales petroleras que operan en el Departamento San Martín, que posee los mayores índices de desocupación, desnutrición y desigualdad social de la provincia de Salta.
Este plan, efectiviza la contención en terreno ejercida por la policía, que opera con un protocolo, guía, que la faculta a reprimir las protestas sociales, de forma preventiva, sin intervención judicial, para evitar lo que estos conciben como un delito, sofocando el derecho a la protesta garantizado por la Constitución Nacional. De esta forma, el ejecutivo evade su responsabilidad de garantizar calidad de vida, desde ya deteriorada en las zonas donde se presentan los pedidos de inclusión, estableciendo que estos compatriotas son quebrantadores del orden público, y no el estado que excluye, aplicando políticas neoliberales, que enriquecen a grupos corporativos, multinacionales y empobrecen a la población. Esta idea, de contención de delitos, se convalida con la intervención de los medios de comunicación a fines al gobierno, y a las corporaciones petroleras, reafirmando el discurso, que recae en los desocupados, en su categoría de piqueteros delincuentes, en desmedro de las luchas populares, afirmando esta idea en el imaginario colectivo.
La distribución de las riquezas el eje de la discusión
Es así, como se traslada el eje de la discusión social, las riquezas naturales, como el petróleo, el gas, se extraen, y se saquean en la argentina, las ganancias de estos recursos no renovables se reparten en grupos concentrados ya históricos en la argentina, beneficiados en dictadura como en democracia. El estado solo percibe el 15 % de las ganancias, quedando el 85 % para multinacionales petroleras. Mientras el pueblo, cada vez tiene más necesidades insatisfechas, enfermedades de la pobreza ya erradicadas como la desnutrición, se presentan nuevamente, el hacinamiento está en aumento ante el difícil habitacional.

 

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Causa La Primavera: imputan a Félix Diaz por “instigación a cometer delito”

0 comentarios Publicado por Norberto Costa en 22:27


PRIMICIA. El dirigente qom Félix Diaz será notificado en las próximas horas sobre la imputación que recae sobre su persona. Es por “instigación a cometer delito” en la causa que se tramita en el juzgado a cargo del juez Santos Garzón en la ciudad de Clorinda que investiga los hechos que derivaron en la muerte del policía Eber Falcón y el qom Roberto López, en el enfrentamiento ocurrido en la Colonia La Primavera.

El pedido fue realizado por la querella a la fiscal Gloria Rejala, quién le dio curso al reclamo.
El delito está tipificado en el artículo 209 del Código Penal.
La imputación fue rubricada 8 de agosto.
LA ESPOSA
Hoy también declaró la esposa del líder Qom en una de las 12 causas, "que paralelamente" investiga la justicia referida a los hechos de La Primavera, donde el nativo denunció amenazas de un policía.

 

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Declaración sobre la privación de la libertad a miembros de la FCEyN-UBA en Tinogasta / Adhesiones

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 Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
 15 de agosto de 2011


Declaración sobre la privación de la libertad a miembros de la FCEyN-UBA en Tinogasta / Adhesiones

Reenviamos declaración de los integrantes del Proyecto “Relevamiento socio-ambiental-sanitario y educación ambiental para la preservación de los bienes comunes y la salud en Tinogasta" de la Universidad de Buenos Aires

Se solicita dar la más amplia difusión

Para adhesiones, enviar correo a:
con nombre, apellido y documento o con nombre de la organización/agrupación.

El día jueves 11 de agosto en la ciudad de Tinogasta, provincia de Catamarca, fueron privados de su libertad cuatro integrantes del proyecto “Relevamiento socio-ambiental-sanitario y educación ambiental para la preservación de los bienes comunes y la salud en Tinogasta” que cuenta con miembros de diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El mismo es financiado por dicha universidad en el marco de los subsidios UBANEX 2010, y trabaja en articulación con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Tinogasta, en relación a la potencial instalación de emprendimientos megamineros en la región. Una de las compañeras demoradas es estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA, mientras que los otros tres compañeros son graduados (docentes, becarios e investigadores) de dicha facultad y además militantes del Colectivo desde el Pie.

Este hecho ocurrió cuando seis miembros del proyecto se encontraban sentados, tomando mate en la plaza principal a varios metros de donde tenía lugar el acto por los 298 años de la fundación de Tinogasta. La policía rodeó a los integrantes del proyecto pidiéndoles documentos y revisando sus pertenencias. Al ver que varios de los oficiales no llevaban identificación y ante el reclamo de este hecho el oficial a cargo del operativo contestó irónicamente, "¿Qué te parece? Para Coca Cola no trabajo”. Mientras forcejeaban con uno de los compañeros, otro oficial dijo, "vienen por las buenas o por las malas". A continuación, sin mediar argumento o fundamentación alguna, se trasladó a cuatro de los miembros del proyecto a la Comisaría Departamental de Tinogasta (Unidad Regional Nº 5), subiendo incluso una camioneta policial a la plaza central.

Los compañeros fueron demorados por tres horas y media, y según palabras del Comisario Inspector Héctor Perea, debido a órdenes del gobernador de Catamarca para “evitar” disturbios durante el acto por el aniversario de Tinogasta y averiguar los antecedentes penales de los miembros de dicho proyecto. Tan escandalosa resultó la detención que los propios oficiales a los que les tocó la labor de tomar declaración a nuestros compañerxs les pedían disculpas y afirmaban que no estaban de acuerdo con lo que ocurría pero que cumplían órdenes. Según informaron nuestros compañerxs, “la policía sabía de antemano quiénes éramos, cuántos éramos y dónde nos estábamos alojando”.

Los integrantes del proyecto “Relevamiento socio-ambiental-sanitario y educación ambiental para la preservación de los bienes comunes y la salud en Tinogasta” y los miembros del Colectivo desde el Pie queremos agradecer la rápida respuesta de los vecinos autoconvocados de Tinogasta así como la gran cantidad de gestos de solidaridad de compañerxs y de organizaciones hermanas que nos han hecho llegar, mediante llamados, declaraciones, mails y mensajes, y la gran cantidad de medios de difusión alternativos que nos han entrevistado dándonos rápida contención y permitiendo la difusión de los hechos.

Denunciamos que este hecho representa una clara maniobra de persecución política y un intento de intimidación del gobierno y de los funcionarios alineados con los intereses de la megaminería quienes evidentemente entienden como potencialmente delictiva nuestra actividad académica y militante asociada a un proyecto de la Universidad de Buenos Aires.

Exhortamos a las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de Buenos Aires, instituciones de las cuales depende nuestro proyecto, a pronunciarse en repudio de los hechos arriba mencionados mediante una resolución en Consejo Directivo y en Consejo Superior. 

Llamamos a todas las organizaciones y medios a difundir y denunciar estos hechos que lamentablemente son más la regla que la excepción.

Para adhesiones, enviar correo a:
con nombre, apellido y documento o con nombre de la organización/agrupación.

¡No a la Megaminería!
¡No al Saqueo y la Contaminación!
¡No a la criminalización de la lucha contra la Megaminería!


Integrantes del Proyecto
“Relevamiento socio-ambiental-sanitario y educación ambiental para la preservación 
de los bienes comunes y la salud en Tinogasta"
de la Universidad de Buenos Aires



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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación

 

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Pronunciamiento del Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de Honduras.

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LIBERTAD PARA ENRIQUE FLORES LANZA, Tegucigalpa Honduras. 
Domingo 03 de Julio de 2011 21:31 Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de Honduras.
Pronunciamiento del Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de Honduras.
Desde el poder judicial (“patio trasero de los políticos”) se promueve la persecución política, contra miembros del FNRP Esta persecución se expresa en su forma más barbárica y retrograda en el juicio contra Enrique Flores Lanza, integrante de la Comisión Política de la Resistencia, cuando se le ha impuesto una fianza impagable y sin precedentes en la historia del Poder Judicial, con la única intención política de meterlo a prisión.
Mientras los verdugos gozan de impunidad, se persigue a las víctimas, esto se puede constatar en el Informe “Registro y Seguimiento de Procesos Penales, a nivel nacional, relacionados con los hechos acaecidos antes, durante y después del 28 de Junio de 2009” del Programa de Derechos Humanos Poder Judicial, en el que informan que hasta diciembre de 2010 únicamente han sido judicializados 45 casos (lo que no representa ni el 10% de todos los casos presentados en la Fiscalía de los Derechos Humanos), 31 casos son en su mayoría contra Mel Zelaya y sus colaboradores y los otros 14 son contra policías de bajo rango de los cuales 10 fueron sobreseídos definitivamente y los otros 4 tienen medidas sustitutivas sin suspensión del cargo.

 

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La pelea por los territorios

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Denuncian un aumento de los desalojos de campesinos e indígenas

Organizaciones e investigadores sociales advierten sobre el aumento de la violencia en el campo argentino. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes están procesados por defender el terruño.

Por Darío Aranda
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En las últimas semanas hubo episodios de violencia en al menos siete provincias.
Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Misiones y Neuquén fueron escenario en las últimas semanas de intentos de desalojos, criminalización y represión de familias campesinas y pueblos originarios. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes campesinos e indígenas están procesados por defender el territorio. Investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que la violencia rural está en aumento. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), apuntó al origen del mal: “Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial transnacional”.
Alcides Santillán y Rafael Martín Galván, ambos campesinos santiagueños, fueron detenidos el lunes 6 de junio. El mismo día, el juez Ramón Tarchini Saavedra, del Tribunal Criminal Cuarto, ordenó la captura de otros doce integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). “Se ha de-satado un raid judicial y policial, una nueva persecución política de miembros de nuestro movimiento, con procedimientos fuera de la ley”, denunció el MNCI, donde el Mocase-Vía Campesina es uno de sus miembros, y explicaron que el “crimen” fue defender la tierra donde siempre vivieron.
Una semana antes, en la chaqueña Colonia El Guanaco, el Juzgado de Sáenz Peña ordenó el desalojo de la familia conformada por Elsa Avalos y Carlos Peralta, que desde hace setenta años habitan y trabajan 250 hectáreas. “Mi madre tiene 69 años. Nació, trabajó y acá nacimos sus nueve hijos. Siempre cuidamos y trabajamos la tierra, acá nacieron sus nietos, nuestros hijos. ¿Y ahora nos quieren echar?”, denunció José Peralta y advirtió que defenderán la tierra.
La Unión de Pequeños Productores Chaqueños (Unpeproch), donde participa la familia, se movilizó para evitar el desalojo y apuntó a la contradicción política: “Mientras a nivel nacional y provincial se pregona que no habrá más desalojos, el sistema judicial hace otra cosa”.
Situaciones muy similares se repiten en Jocolí (Mendoza), Villa la Angostura (Neuquén), Colalao del Valle (Tucumán), Ñorquinco y paraje El Foyel (Río Negro), Cachi (Salta) y Puerto Piray (Misiones), sólo algunos de una larga lista.
Además de desalojos, se acentúa la criminalización. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reveló que en Neuquén hay al menos 250 mapuches procesados por defender el territorio ancestral.
En Santiago, “al menos 500 compañeros y compañeras están procesados”, alertó Deolinda Carrizo, del Mocase-Vía Campesina. La organización exigió el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social. Y recibió la solidaridad y el llamado de alerta de la fuerte Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc).
Diego Montón integra la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, y también es referente del MNCI. Destaca que históricamente la idea de progreso de las clases dominantes estuvo asociada a la destrucción y sometimiento de los campesinos e indígenas. “Actualmente con la ofensiva del capital financiero sobre los bienes naturales se ha intensificado el nivel de disputa por la tierra, el agua y los bienes naturales”, explica Montón y asegura que la conflictividad se va a profundizar. “La disputa es por las hectáreas que aún están en manos campesinas indígenas. El agronegocio, el capital y las transnacionales quieren toda la tierra a su servicio. Todos los territorios que se resisten a la lógica del agronegocio serán escenarios de conflictos.”
El dirigente del MNCI apuntó a los gobiernos provinciales “en su mayoría con intereses ligados al modelo agrominero exportador”, pero principalmente a la “alianza Poder Judicial y poder económico” como principales responsables de la criminalización y represión.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física. “Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales”, explica la decena de científicos sociales que integra el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural –señalan– más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal.” “Lo que probablemente esté expresando la violencia rural, además de la existencia de débiles dispositivos democráticos, es sobre todo la intensidad con la cual el capital puja por el aprovechamiento de áreas que aún guardan una dotación importante de recursos naturales”, agregan.


“Hay más violencia”

Por Darío Aranda
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. “En estos meses hemos relevado más conflictos que ya están en proceso de análisis y seguramente aumentarán las hectáreas en disputa”, adelantó Roberto Larrea, presidente de la Redaf, y remarcó que, aunque el informe sólo aborda la realidad del Chaco argentino, “es un proceso que se da en todo el país”. Afirmó que la cifra aumentará geométricamente si se suman los conflictos con las mineras, las petroleras y los del pueblo mapuche en la Patagonia.
Larrea afirma que la conflictividad rural aumentó, pero también resalta que en la actualidad los conflictos son más visibles que antaño por la existencia de organizaciones de base “que resisten y defienden del territorio”. “Aumentó el nivel de violencia hacia campesinos e indígenas, y también aumentó el nivel de impunidad de quienes provocan esos hechos de violencia”, afirmó Larrea.
La Redaf no es optimista. “Hoy todos los candidatos hablan de ‘la Argentina potencia agroexportadora’, ‘que hay que alimentar al mundo’ con el modelo tecnológico actual. Y si traducimos eso, implica el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes y más de este modelo que está generando conflictos y muerte.”
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PALABRAS FRENTE A JUZGADO

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Documento leído frente al Juzgado Federal de Concepción del uruguay. 

27 de Mayo de 2011

Hoy nos encontramos aquí, para pedirle a la Justicia que nos ampare y que haga valer nuestro de derecho de expresarnos libremente y en paz.
Lejos quedan las palabras proclamadas por el ex presidente Néstor Kirchner aquel 5 de mayo de 2006 en el Corsódromo de nuestra ciudad: LA CAUSA NACIONAL PROMETIDA A GUALEGUAYCHU SE CONVIRTIÓ EN CAUSA JUDICIAL. Y en vez de ser los directivos de BOTNIA-UPM los que se encuentren prestando declaración indagatoria por la causa denominada TENTATIVA DE CONTAMINACION, presentada en este Juzgado, fuimos nosotros, ciudadanos de bien, quienes concurrimos aquí desde los primeros días de noviembre del año pasado. Mientras éstos nefastos personajes, entran y salen de nuestro país procurando sus negocios, gozando de la misma impunidad de la que goza la empresa que continúa emplazada en nuestra región, pese a que el fallo de LA HAYA advirtiera su ilegalidad.
¿Cómo no sentirnos decepcionados? ¿Cómo no tener la necesidad de manifestarnos pacíficamente hoy?
Estamos siendo acusados y perseguidos por un estado partícipe de cientos de delitos medioambientales que cuestan la vida de miles de argentinos. Un estado, que en manos del gobierno de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner cuenta con más de 6000 procesados por defender causas  dignas en todo el país. CIUDADANOS PERSEGUIDOS POR LUCHAR, POR DENUNCIAR QUE EL “PROYECTO NACIONAL” QUE PROCLAMAN DESDE EL PODER ENTREGA VILMENTE NUESTRA SOBERANÍA, GENERA DEPENDENCIA Y MAYOR POBREZA ESTRUCTURAL MIENTRAS CONVALIDA EL SAQUEO DE EMPRESAS MULTINACIONES Y LA DEPREDACIÓN DE RECURSOS NATURALES INSUSTITUIBLES. En ese contexto hoy estamos aquí, repudiando la criminalización de la protesta, solidarizándonos con todos los perseguidos por luchar y pidiéndole a la JUSTICIA que haga JUSTICIA.
Comprendemos la condición necesaria e involuntaria de las piezas que conforman el sistema judicial, pero también sabemos que las causas penales iniciadas en nuestra contra tienen el claro objetivo de garantizar el funcionamiento impune de BOTNIA-UPM en la región; por eso le pedimos SR. JUEZ, que no sea funcional a los intereses políticos y económicos que dieron origen a éste reclamo, no abandone a nuestro pueblo frente a estas mezquindades y acompáñenos en la defensa del Río Uruguay con un fallo que no criminalice a las víctimas de la permanente contaminación de BOTNIA-UPM..
A la fiscalía, instrumento del Poder Judicial, a través del cual el Gobierno Nacional impulsa estas causas criminales contra el pueblo, le pedimos que no persiga a quienes defendemos, con responsabilidad ciudadana, el derecho incorruptible, urgente y primordial a una vida digna, en un ambiente sano.


CON ALEGRÍA, ORGULLO Y CONVICCIÓN, SEGUIMOS LUCHANDO.

SI A LA VIDA!!!

NO A LAS PAPELERAS!!!

FUERA BOTNIA DE LA CUENCA DEL RIO URUGUAY!!!

 

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Invitación a todos aquellos que quieran sumarse a defender nuestro derecho constitucional de manifestarnos libre y pacíficamente!!!

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Estamos organizando, con un grupo importante de vecinos, una manifestación pacífica en repudio a la judicialización de la protesta frente al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, el próximo viernes 27 de mayo a las 9 horas; ya que en esta fecha se cumplen los 10 días hábiles del  plazo inicial,  desde la última ciudadana indagada, para que el Juez Gustavo Pimentel emita su fallo sobre las causas iniciadas debido a las acciones realizadas en septiembre del año pasado en ruta 136. Recordamos que en esta oportunidad somos 27 los vecinos que desde el mes de noviembre fuimos citados a comparecer declaración indagatoria por las movilizaciones pacíficas que hizo la Asamblea Ambiental repudiando la constante agresión de la ilegal BOTNIA-UPM. 


Esperamos que se sumen con sus vehículos, como así también aquellos que no tienen movilidad, se comuniquen (a los números que dejamos al pie) ya que se encontrará lugar para que puedan acompañarnos.

NOS MANIFESTAREMOS CON BANDERAS Y MUSICA, PACIFICAMENTE COMO SIEMPRE LO HA HECHO LA COMUNIDAD DE GUALEGUAYCHU, PIDIENDOLE A LA JUSTICIA QUE FALLE A FAVOR DE NUESTRO PUEBLO, PERSEGUIDO NADA MÁS QUE POR EJERCER SU DERECHO A MANIFESTARSE LIBREMENTE. 


SI A LA VIDA!!!! NO A LAS PAPELERAS!!! FUERA BOTNIA DE LA CUENCA DEL RÍO URUGUAY!!! NO A LA JUDICIALIZACION DE LA PROTESTA!!!


PD: Esta acción fue llevada como moción a la ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL el pasado miércoles para que sea ésta sea convocante de la mencionada manifestación; fue resuelto por votación del grupo allí reunido que se decidirá si la ACAG se suma a esta convocatoria, el próximo martes a las 20.30 hs. en el club Frigorífico.

PARA SUMAR VEHÍCULOS Y PRESENCIA COMUNICARSE AL : 15505316/15547514/15509421

Muchas gracias!!!

 

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Niño Mapuche acusado por LEY ANTI TERRORISTA concurira ante la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados

0 comentarios Publicado por Norberto Costa en 23:48

Según lo señalado por el Lonko de la comunidad Víctor Queipul, La Comunidad Autónoma TEMUCUICUI ha decidido enviar una comisión compuesta por él y los Werken de la comunidad, para concurrir al congreso y acompañar al niño a denunciar las atrocidades que se comenten por parte de las instituciones represivas del Estado Chileno en contra de las comunidades Mapuche.

Niño Mapuche acusado por LEY ANTI TERRORISTA concurira ante la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, acordó invitar al niño mapuche J.P.Q.M., a la sesión ordinaria que celebrará el próximo miércoles 11 del presente, a las 16.20 horas, en Sala de Conferencias Juan Bustos Ramírez, segundo nivel del Edificio de la Corporación, a fin de que exponga las graves atrocidades de la cual ha sido víctima sistemáticamente por parte de la Fiscalía del Ministerio Publico, quien atreves del Fiscal Miguel Ángel Velásquez le ha imputado varios delito bajo la LEY ANTITERRORISTA.
El menor mapuche J.P.Q.M. de 17 años, miembro de la comunidad Autónoma Temucuicui, en un violento procedimiento fue detenido el pasado viernes 29 por Carabineros de la Unidad de Inteligencia de la Prefectura de Malleco, llevado al posteriormente al Tribunal de Garantía de la Ciudad de Victoria, donde según declaración de un TESTIGO PROTEGIDO fue formalizado por los delitos de asociación ilícita terrorista, robo con intimidación, incendio y homicidio frustrado y abigeato.

 

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Procesan a indígenas de Las Costas por "atacar" al Jockey Club

0 comentarios Publicado por Norberto Costa en 14:06

El juez de 3ª Nominación, Pablo Farah, procesó a 15 personas como "penalmente responsables de los delitos de turbación de posesión en concurso ideal con resistencia a la autoridad, agravado por la participación de un menor".



La comunidad Lules y el conflicto con el Jockey Club.
    
La acusación por la cual se dispuso el procesamiento tiene su antecedente en los hechos del 20 de enero de 2010 cuando miembros de la comunidad indígena Los Lules "atacaron a operarios del Jockey Club de Salta que pretendían realizar trabajos en un predio ubicado en el kilómetro 1 de Finca Las Costas, arrojándoles piedras, amenazándolos y dañando una manguera de combustible y una rueda del tractor".

Aunque en su resolución el juez sostuvo que el procesamiento responde a los hechos de violencia, también hace referencia que la acción de los Lules tuvo lugar "pese a una orden judicial que prohibía al cacique de la comunidad, realizar actos que impidieran el ingreso y/o egreso o mantenimiento en el inmueble matrícula 149.889, a directivos y personal dependiente y/o contratado del Jockey Club de Salta". Lo que al menos se omitió decir en la comunicación de prensa que da cuenta de este procesamiento es que esta medida fue anulada por los integrantes de la Sala III de la Cámara de Acusación por entender que se pasó por alto el derecho a defensa de los miembros de la comunidad.

La resolución de Farah explicita que "el procesamiento en modo alguno va a determinar la propiedad o posesión de las tierras de Finca Las Costas en favor de alguna de las partes en litigio", sino que se trata de "un juicio de reproche penal en grado de probabilidad respecto de los hechos de violencia verificados en el lugar en fecha 20/01/10".

Reiteró que "no se discute en esta sede penal, toda vez que resulta una cuestión extraña a la competencia material de esta instrucción, la cual tiene por objeto la investigación preliminar de los hechos de violencia suscitados en la fecha aludida.

El derecho de propiedad que reclaman los miembros de la comunidad indígena `Los Lules`, por su calidad de pueblo originario, deberá hacerse valer a través de las vías judiciales pertinentes y por ante el fuero civil respectivo, ya que resulta el ámbito jurisdiccional idóneo para reclamar la titularidad sobre las tierras que entienden les pertenecen".
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/diario/imprimir.asp?id=42351

 

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El Gobierno Nacional y Macri se ponen de acuerdo contra los Qom - Por Darío Aranda

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(30 de abril) Nunca se pudieron de acuerdo. Pero se unieron contra la Comunidad La Primavera. La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió esta mañana una orden para liberar la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Comisaría 4 de la Policía Federal se haga presente en el lugar y despeje el lugar.

La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores que "no hay orden (de Presidencia) para negociar" con los Qom. "Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones", afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra.

La Comunidad Qom ingresa hoy en ingresa hoy en el sexto día de huelga de hambre. Luego de cuatro meses de acampe en la plazoleta de 9 de Julio y Avenida de Mayo. El reclamo, recuperar las tierras ancestrales (reconocidas por ley) y justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde veinte personas fueron heridas y fue asesinado Roberto López, qom de 62 años.

El corte de la 9 de Julio fue decidido por la comunidad luego cuatro meses de ser ignorado por el Gobierno Nacional o, en el mejor de los casos, ser recibido por funcionarios de segunda línea que incumplieron los acuerdos pactados.

Eduardo Galeano visitó ayer el acampe Qom. “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.
http://egosincracia.blogspot.com/2011/04/dcxii-los-qom-levantan-el-corte-por-una.html

 

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Urtubey al igual que Romero, acentuó la represión a la protesta social en Salta

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La aplicación del plan represivo se enmarca dentro del un protocolo denominado tolerancia cero, que faculta a la fuerza de seguridad de esta provincial, a reprimir de forma preventiva el derecho a peticionar garantizado en la constitución.

Al igual que su antecesor el también peronista Juan Carlos Romero, el gobernador Urtubey responde con violencia sobre las organizaciones populares que peticionan ser incluidas en el sistema, ataques hoy sistemáticos acentuados sobre zonas petroleras.
El objetivo de este plan macabro e inconstitucional, es garantizar a las empresas multinacionales el continuismo del saqueo, reafirmando la matriz económica, privatista y de entrega fortalecida en la época de la dictadura, que deja como regalías de los recursos naturales, como el gas y el petróleo para el estado solo el 12 %, mientras las multinacionales se llevan el 88%.
Los índices de desocupación en el norte de Salta, siguen siendo de dos dígitos, la migración de la población laboral inactiva en busca de trabajo se incrementó, como la protesta por la falta de trabajo.
En el municipio de Gral. Mosconi organizaciones de desocupados como la U.T.D, Unión de trabajadores desocupados de esta ciudad, impulsaron una ordenanza que garantice un cupo del 50 % de puestos de trabajo para desocupados del lugar, en empresas que se radiquen en la zona, para contrarrestar la falta de trabajo. El incumplimiento de esta norma, es una constante, originando desde las empresas en su mayoría petroleras conflictos que culminan con la aplicación del plan de tolerancia cero, es decir reprimiendo a la petición, al cumplimiento de una norma, ordenanza municipal, lo que convierte al estado provincial en garante al quebrantamiento de las garantías constitucionales.

 

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A un año del asesinato de Bety Cariño. ¡Justicia!

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27 de abril de 2011
Hoy, 27 de abril, a un año del ataque paramilitar contra la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, dónde resultaron asesinados nuestra compañera y hermana Bety Cariño y el activista Jyri Jaakkola, no olvidamos.
Al día de hoy no existen avances significativos en la investigación de sus asesinatos. Ninguno de los tres niveles de gobierno se ha comprometido en resolver el caso, sólo hemos escuchado falsas promesas y compromisos. Ulises Ruiz dejó el gobierno de Oaxaca, con una estela de sangre, persecución, impunidad, delegando su responsabilidad en la violencia paramilitar que San Juan Copala padece y en los asesinatos que se han registrado en la zona. Gabino Cué se ha lavado las manos, no ha movido una sola de las piezas necesarias para hacer un mínimo de justicia y con eso reproduce el mismo gobierno de su antecesor del que tanto busca deslindarse. Los grupos paramilitares plenamente identificados como autores materiales de los crímenes de Bety y Jyri siguen libres, azotando a las comunidades, burlándose de la justicia y actuando al cobijo de la impunidad.
Todos son responsables de que las vidas de Bety Cariño y Jyri Jaakkola nos hayan sido arrebatadas. Todos son cómplices por encubrimiento, por permisión, por omisión. Todos merecen un castigo ejemplar, porque estamos hartas de que la vida de las activistas y luchadoras sociales, sea moneda de cambio en sus demagogias para ejercer el poder. Denunciamos la falta de voluntad, la impunidad y el desdén gubernamental para resolver los crímenes. Responsabilizamos plenamente al estado de los asesinatos de Bety y Jyri y exigimos la detención inmediata de los autores materiales de los asesinatos y de los responsables intelectuales.

 

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Vigilan a Félix Díaz, referente de la comunidad Qom

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(AW) Una brigada de la policía estaría vigilando a la familia de Félix Diaz, uno de los referentes de la lucha de la comunidad Qom. Esto se da tras el inicio de la huelga de hambre por los integrantes de la comunidad Qom "La Primavera", ante el nuevo desplante y la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional y Provincial; luego de los asesinatos, represión y expulsión de sus tierras en la provincia de Formosa, ocurrido hace mas de 5 meses, y por el que se acaba de pronunciar también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el blog de la comunidad informan al respecto con el siguiente comunicado del pasado miércoles.


felix-daz

Una brigada de la policía vigila a la familia de Félix Diaz en el monte
19:10 hs.

Una Brigada de policía de Formosa se encuentra en la entrada a la vivienda de Félix Díaz en La Primavera Formosa, donde se encuentra su familia, la patente del vehículo es AYF-583. Es un coche blanco.

Basta de persecución y hostigamiento, por favor!
No respetan ni el dictamen de la CIDH que ordena que el estado "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad indígena Qom Navogoh, "La Primavera", contra posible amenazas, agresiones u hostigamientos de la Policía, de la Fuerza Pública, u otros agentes Estatales".

Ni nosotros los qompi de La Primavera ni quienes nos vienen acompañando y asesorando en la reivindicación de nuestros DDHH tenemos seguridad de nuestras vidas. No tenemos garantías.

Más información: http://www.comunidadlaprimavera.blogspot.com/
http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=6587&Itemid=84

 

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Foro: Criminalización de la protesta y prisión en América Latina

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Chile: Nobel de la Paz pide anular juicio contra mapuches

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Imagen activa13 de abril de 2011, 11:16Santiago de Chile, 13 abr (PL) El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel pidió a la Corte Suprema de Chile la anulación del proceso judicial por el que resultaron severamente condenados cuatro líderes del pueblo mapuche.

  Estos hermanos mapuche han debido soportar cárcel, malos tratos, abandono y sobre todo un juicio que no garantizaba el debido y justo proceso que respete sus derechos como ciudadanos y como integrantes de un pueblo originario, señaló el argentino Pérez Esquivel en carta al presidente de la Corte chilena, Milton Juica.

Indicó el mensaje al máximo tribunal que la única culpa de los sentenciados es la de luchar por la defensa de su territorio y por ello fueron juzgados por una ley antiterrorista, se utilizaron testigos secretos, doble procesamiento judicial y hubo una ausencia total de garantías constitucionales.

Por ese motivo el Nobel de la Paz (1980) explicó su determinación de adherirse al llamado de los familiares de los condenados de pedido de anulación del denominado juicio de Cañete, comuna de la sureña región del Bío Bío, y a la solicitud de realización de un nuevo proceso con un tribunal imparcial y sin aplicación de la ley antiterrorista.

La lucha de los mapuche es respetada y conocida en todo el mundo, enfatizó en el cierre de su misiva Pérez Esquivel.
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ASAMBLEÍSTAS VAN AL JUZGADO FEDERAL

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El juez Federal de nuestra ciudad, Gustavo Pimentel, citó para hoy a las 10, a Paola Robles Duarte, e hizo lo mismo con Silvia (Poli) Echeverría, que deberá presentarse el 14 de febrero.

En tanto, el 21 de este mes será el turno de Ivana Vilche, el 23 declarará Andrés Nicolás Rivas y un día después lo hará Juan Antonio Ferrari, informó el CIJ. Robles, en declaraciones formuladas ayer al portal de noticias APF, evitó anticipar el contenido de su testimonio, pero comentó que “todos los abogados de la Asamblea vienen trabajando en conjunto y planteando la misma estrategia” ante cada citación.


http://www.treslineas.com.ar/asambleistas-juzgado-federal-n-372958.html

 

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Ecuador: uso indebido de la figura de terrorismo para criminalizar a líderes indígenas y sociales

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Friday, 11 de February de 2011

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) expresan su preocupación por la creciente criminalización de la protesta social de las comunidades indígenas del Ecuador movilizadas en la exigencia de sus derechos frente a la explotación minera a gran escala en sus territorios.

Luego de las manifestaciones del 30 de septiembre de 2009 en la provincia de Morona Santiago, 7 dirigentes Shuar han sido acusados de terrorismo organizado, 3 en calidad de autores y detenidos, 4 en calidad de encubridores sin detención y 4 sobreseídos provisionalmente (absueltos).


El 1° de febrero de 2011, José Acacho González, Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar y uno de los indígenas acusados, fue detenido en un operativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional. Ese mismo día fueron detenidos también Pedro Mashiant Chamik y Fidel Kaniras Taish y conducidos primero a la Comandancia de la Policía de Macas, luego a la cárcel local y finalmente, en horas de la tarde, al penal García Moreno en la ciudad de Quito.
El objeto de las protestas de septiembre 2009 fue el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Las comunidades indígenas consideran que dicho proyecto no protege las fuentes de agua de los daños que causan las actividades industriales, y que la Ley de Minería no define de manera precisa las precauciones que deben tomar las empresas titulares de concesiones para evitar la contaminación de las reservas de agua.

 

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No a la judicialización de los que pelean contra las compañías mineras en Cochinoca!!!

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En el año 2007 se celebró el Día nacional de la minería en Mina Pirquitas, Jujuy, de este modo el gobierno provincial anunciaba que se reanudaba la actividad minera después de la década del 90 donde fueron varias las minas que dejaron de funcionar dejando un tendal de desocupados y contaminación. Allí estuvieron presentes funcionarios, empresarios y sindicalistas festejando el inicio de una nueva etapa esta vez  con la modalidad de minería a cielo abierto (prohibida en Turquía, República Checa, Nueva Gales del Sur, Australia, Alemania, Costa Rica). En aquel momento diferentes comunidades originarias se manifestaron en contra, este reclamo fue contenido mediante una mesa de negociación propiciada por dirigentes indígenas que eran también miembros de  ONGs como Warmi Sayajsunko, Red Puna etc. En esta mesa el reclamo se perdió entre los salones de la Facultad Ingeniería que legitimaba con un manto “científico” la postura de las mineras.

A tres  años de aquello hoy se comienzan a sentir las consecuencias del gran negocio de las compañías mineras. Las comunidades denuncian la escasez del agua para consumo humano y cultivos, la muerte de su ganado, el aumento de casos de cáncer entre niños y mujeres, invasión a su territorio para realizar cateos, prospecciones o exploraciones.
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EL USO DE LA JUSTICIA COMO MECANISMO DE TERROR

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Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador

4 de febrero del 2011 

La acusación de terrorismo y sabotaje en contra de un grupo de líderes shuar, entre los que se encuentra José Acacho, Fidel Kaniras y Pedro Mashiant, tensa aún más el tema de la justicia. Y el masivo despliegue de la fuerza pública para detenerlos nos confronta con prácticas represivas que se creía pertenecían al oprobioso pasado oligárquico.
Destaca la ligereza en el uso de las acusaciones de terrorismo y sabotaje. En estos últimos dos años se ha vuelto a esgrimir esta acusación para enfrentar la protesta popular, en este caso de los líderes shuar expresada en contra de la todavía pendientes ley de agua. Esa era la práctica de los años neoliberales. A los luchadores por la vida se les perseguía como terroristas, para que las transnacionales puedan saquear los recursos naturales atentando, además, en contra de la Naturaleza y de las comunidades.
Para dar la vuelta la página, en la Asamblea Constituyente, en Montecristi, ciudad en donde nació el líder de la mayor y quizás única revolución ecuatoriana, Eloy Alfaro, resolvimos vía amnistía, unos 600 casos de acusaciones de terrorismo. El 14 de marzo del 2008 se reconoció “que las personas enjuiciadas se han visto en la necesidad de ejercer el derecho al reclamo en defensa de los recursos naturales y por alcanzar una vida digna dentro de un ambiente ecológicamente sano y libre de contaminación, (….)  y que las acciones de movilización y reclamo de las comunidades son de naturaleza esencialmente política y de reivindicación social”.
El tiempo ha pasado y ese espíritu autoritario ha vuelto a aparecer. Hoy se reprime y persigue nuevamente a los líderes populares que luchan por la vida.
A nadie le debe caber duda alguna que la nacionalidad Shuar tiene reivindicaciones de carácter social, cultural y económico. Sus territorios han sido y son amenazados por grandes proyectos petroleros y mineros. La mano del neoextractivismo del siglo XXI, igualmente desaforado como el de épocas anteriores, no se detiene ante nada.
Frente a tanto atropello esta nacionalidad interpuso su rechazo por desconfianza o certeza ante los daños que generarían estas actividades. La respuesta fue la represión o el mismo irrespeto a la Constitución de Montecristi, cuando se intentó aprobar una ley de agua que no abre la puerta a la desprivatización de este recurso estratégico y que privilegia actividades como la minería por sobre aquellas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, entre otros puntos débiles de dicha ley.

 

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MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

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