En la primera de dos votaciones, los legisladores panameños aprobaron el 1 de febrero una controvertida reforma al Código Minero dirigida a expandir exponencialmente el sector en el país y que fue duramente criticada por grupos ambientalistas y de defensa de los derechos indígenas.
El Ministerio de Comercio e Industrias tiene actualmente más de 180 solicitudes de licencias mineras que, de otorgarse, abarcarán el 40% del territorio panameño.
La reforma, promovida por el Ejecutivo, permitiría a empresas o personas extranjeras realizar actividades mineras en el país, así como incrementar al doble la tasa por regalías a US$0.40 por cada dólar de ingreso generado por la minería.
Diversos grupos ambientalistas y organizaciones indígenas sostienen que no han sido suficientes el debate y el análisis técnico sobre el impacto ecológico y social que podría tener la industria.
MALDITOS
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